Ť Creel y Bravo Mena dicen que el Ejecutivo no se ha excedido en sus funciones

No pasará el decreto sobre electricidad: Jackson

El líder del Senado, Enrique Jackson, respondió ayer al presidente Fox que no permitirán que pase por encima del Congreso y, precisamente porque no quieren apagones en el país, presentarán la controversia constitucional en su contra para que sea la Suprema Corte la que defina el camino a seguir en torno al decreto del Ejecutivo que da pauta a la privatización eléctrica.

La determinación presidencial fue defendida por el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y por el líder del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, quienes consideraron que el Ejecutivo no se excedió en sus funciones al aprobar las disposiciones en cuestión. Eso sí, el presidente del albiazul precisó que, debido a lo controvertido del asunto, su partido decidió acompañar al Congreso en su demanda y que sea la Suprema Corte la que decida al respecto.

Rechazó que la posición de Acción Nacional implique una ruptura con Vicente Fox. Simplemente, ante la inquietud que ha surgido, "que sea la Corte la que defina, pero desde nuestro punto de vista, no hay ningún abuso en el decreto", insistió.

El presidente de la Suprema Corte, ministro Genaro David Góngora Pimentel, dijo que en la solución de la primera controversia constitucional que el Congreso en su conjunto interpondrá contra el Ejecutivo, no habrá arreglos políticos ni componendas.

"Reforma constitucional necesaria"

Tras conocer la defensa que por la mañana hizo Fox del decreto sobre la energía eléctrica, al decir que lo importante del debate es si habrá suficiente fluido o si se aceptarán los continuos apagones, Enrique Jackson dijo que no pueden dejar pasar la acción presidencial, porque están convencidos de que invadió la competencia del Legislativo y porque es una manera de anular cualquier otro intento de modificación en asuntos estratégicos, como el petróleo.

El coordinador de la fracción del PRI en el Senado -quien junto a Manuel Bartlett encabeza la demanda contra el Ejecutivo- insistió en que no hay afán de interferir en las facultades presidenciales, pero de ninguna manera se pueden convalidar "salidas laterales, oscuras, al margen del Congreso, como pretende el Ejecutivo federal para lograr que el sector eléctrico nacional se abra a la inversión privada sin pasar por la reforma constitucional necesaria".

Esas salidas, insistió, no están permitidas y más vale que de una vez nos pongamos de acuerdo y cada quien sepa cuál es la cancha donde tiene que jugar y la responsabilidad que tiene.

Jackson advirtió que confían en que la Corte, a la luz de sus argumentos jurídicos, falle en favor del Congreso de la Unión, pues un asunto fundamental, como el futuro del sector eléctrico, no se puede resolver a partir de modificar un reglamento, como pretende Fox.

Hay interés de dar solución definitiva a esa problemática, dijo, pero tiene que darse a partir de una reforma constitucional. "Es un asunto que no se puede dejar abandonado, que no se puede descuidar", agregó. Hizo notar que la fracción priísta en el Senado inició desde la pasada legislatura un trabajo exhaustivo para determinar los pros y contras de dejar en manos privadas el servicio eléctrico.

Hay preguntas que deben responderse, entre ellas si las tarifas seguirán subsidiadas, en caso de que se diera la apertura, y otros muchos aspectos, porque el Congreso no puede dejar a los usuarios indefensos ante particulares que sólo buscarán lucrar con la generación y distribución de electricidad.

El texto de esa controversia constitucional está casi listo, pero el lunes se reunirá la Junta de Coordinación Política del Senado para ultimar detalles y se turnará a la directiva de la Cámara de Diputados, para que la demanda se presente en los primeros días de la próxima semana, trascendió.

Entrevistado al término de una reunión con legisladores y dirigentes de la CNC, el presidente de la Suprema Corte sostuvo que el país vive otras épocas y quiere que los problemas se solucionen por los órganos judiciales "y ya no en arreglos políticos".

Aunque la controversia no se ha presentado ante la Corte -el plazo para hacerlo vence el 5 de julio-, Góngora agregó que este juicio constituye otro ejemplo de los tiempos en que vivimos, "porque no hay precedentes en que todo el Congreso, todas las fracciones parlamentarias promuevan una controversia contra el Ejecutivo".

ANDREA BECERRIL, JOSE ANTONIO ROMAN, JESUS ARANDA, GEORGINA SALDIERNA Y RENATO DAVALOS