VIERNES Ť 29 Ť JUNIO Ť 2001

Ť La prescripción del delito deja el problema fuera de lo judicial: Castro y Castro

La Corte no investigará hechos del pasado

Ť Se opone a crear una comisión de la verdad; podría generar más escándalo que beneficios

JESUS ARANDA

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juventino V. Castro y Castro se opuso a que el máximo tribunal de justicia investigue hechos del pasado y estableció que sería "más escandaloso" formar una comisión de la verdad que llegue a conclusiones y señale culpables, y luego resultara que los delitos ya prescribieron. Criticó a quienes plantean la posibilidad de que el Poder Judicial Federal (PJF) integre un organismo de ese tipo y señaló que "se están haciendo demasiadas hipótesis y cálculos" que no corresponden a la realidad.

En conferencia de prensa en la SCJN, Castro y Castro estableció la postura del máximo tribunal acerca del controvertido tema de la comisión de la verdad. Dejó en claro que la única participación del PJF en una investigación de ese tipo sería invocando el artículo 97 constitucional -como ocurrió cuando investigó el caso Aguas Blancas-, y precisó que aun cuando el Presidente, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o el gobierno de un estado solicitara a la Corte su intervención, ésta tiene la facultad discrecional de aceptar o no.

Acerca del caso Aguas Blancas, señaló que las conclusiones de la Suprema Corte -que fueron ignoradas por la administración de Ernesto Zedillo- podrían ser retomadas por el nuevo gobierno en caso de que existiera una denuncia penal sobre el asunto. Pero no está en manos del Poder Judicial y de la SCJN actuar.

Comentó que la mayoría de las veces la Corte se ha negado a realizar ese tipo de investigaciones "porque puede invadir otras esferas, otras jurisdicciones y crear quizá más escándalo que el beneficio que puede traer".

Investigar sólo corresponde a la PGR

Apuntó que existe una institución encargada de la persecución de los delitos (la Procuraduría General de la República) que en dado caso tendría que asumir la investigación correspondiente. Explicó que en caso de que se reunieran todos los requisitos del artículo 97 constitucional para que la Corte investigara hechos referentes a la llamada guerra sucia, se tendría que seguir todo el procedimiento, pero la decisión final sería del pleno de ministros, quienes consideran que al no estar reglamentado ese artículo no se establece qué hacer con la indagación o los resultados prácticos de la misma, toda vez que la decisión de la Corte no es vinculatoria.

De manera indirecta, Castro y Castro -quien junto con el ministro Humberto Román Palacios investigó los hechos de Aguas Blancas- dijo que en aquel entonces la Suprema Corte estableció que hubo graves violaciones a las garantías constitucionales y que la administración de Ernesto Zedillo no actuó en consecuencia.

"Las examinamos y las expusimos (las violaciones), y por supuesto se señaló a las personas, concretamente al gobernador (Rubén Figueroa Alcocer), al secretario de Gobierno, al jefe de la Policía Judicial Estatal, al procurador de Justicia de Guerrero, etcétera, y una serie de funcionarios menores que intervinieron de una manera u otra en los hechos.

"Si no ocurrió nada después de eso, no me corresponde a mí, o al pleno de la Corte, hacer el menor comentario, simplemente quien pidió que interviniéramos -el presidente Zedillo, a través de la Secretaría de Gobernación- quedaba a cargo de ver que se cumpliera o dejara de cumplir con las conclusiones, y eso es lo que ocurrió."

Por otra parte, enfatizó que su postura personal acerca de crear una comisión de la verdad es de rechazo, porque no se trata de un problema judicial ni de averiguar con el propósito de castigar, porque las reglas de la prescripción también colocan el problema totalmente fuera de la problemática judicial

Castro y Castro señaló que las comisiones de la verdad parten de un planteamiento totalmente distinto, ya sea que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alguna ONG o una organización social de cualquier tipo pudieran crear su comisión. También podrían hacer algo semejante "los historiadores, los politólogos, los sociólogos, a quienes les interese, y que diga: no podemos quedarnos sin la verdad; pero será para efectos propios de ellos".

Desde la perspectiva del Poder Judicial Federal, explicó, la única forma de intervenir sería a través del artículo 97, pero éste otorga facultades muy limitadas. Y en alusión directa a la propuesta del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, de que la Suprema Corte integre la comisión de la verdad, Castro y Castro dijo: "que se juegue con que yo quisiera una comisión de la verdad y que lo resuelva la Corte, pues creo que se están haciendo demasiadas hipótesis y demasiados cálculos".