VIERNES Ť 29 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Esperamos la pronta reanudación de las negociaciones, afirma Santiago Creel
Luis H. Alvarez pide al EZLN que no obstruya los programas de desarrollo social en Chiapas
Ť El comisionado para la paz dice que los rebeldes no deben ignorar el cambio político del país
RENATO DAVALOS
El comisionado para la paz en Chiapas, Luis H. Alvarez, responsabilizó al EZLN de la suspensión del diálogo: "mantiene las puertas cerradas", recriminó. La resolución de nuestras "posibles diferencias depende exclusivamente" del movimiento zapatista, afirmó.
Un proceso de paz sólo puede llegar a buen término si las partes asumen compromisos recíprocos y "están dispuestas a cumplirlos responsablemente", dijo ayer una conferencia de prensa donde dio lectura a un documento que define la postura gubernamental en esta etapa del conflicto.
Llamó al EZLN a que "respete las decisiones de las comunidades, simpaticen o no con su movimiento, sin obstaculizar la instrumentación de programas sociales".
Asimismo instó a la Cocopa a abrir la reflexión para analizar el estatus del conflicto y revisar "a profundidad" el marco que lo regula, en tanto que el actual ha demostrado "ser insuficiente" para resolverlo.
La sociedad mexicana demanda una actitud "congruente y responsable de todos" para alcanzar la paz, asentó. No es válido, acusó, descalificar el trabajo de las instituciones públicas "sustentadas en el voto de millones de ciudadanos" cuando sus resoluciones no coinciden con las de algún sector específico de la población.
Los compromisos del gobierno son "reales y verificables". La aplicación del principio de buena fe supone reconocer el valor y las consecuencias favorables que para el proceso de paz, pero el EZLN "ha roto los contactos con el gobierno federal".
Alvarez aseguró que de los más de cien presos cuya liberación solicitó el EZLN, sólo nueve permanecen en prisión. De ellos, cuatro están recluidos por delitos federales, tres del orden común y dos de carácter mixto.
El gobierno, sostuvo, continúa en el análisis de caso por caso y trabaja en el proceso jurídico para determinar "con certeza si quienes continúan encarcelados lo están sólo por su simpatía con el EZLN o por razones distintas a los delitos imputados".
El comisionado para la paz dijo que el EZLN no puede ignorar las transformaciones que ha sufrido el país en lo político y por ello no puede mantener la misma actitud que sostuvo con gobiernos anteriores.
Una vez que los congresos estatales concluyan el trámite constitucional concerniente a la iniciativa que aprobó el Congreso, será necesario abrir un espacio de reflexión en torno al impacto que tendrá en el país, lo mismo para analizar las razones de aquellos que hayan decidido rechazarla que para discutir a fondo la conveniencia de "profundizar en lo alcanzado y definir qué deberá ser revisado".
Alvarez planteó que el gobierno, el Congreso de la Unión, los poderes ejecutivos locales y los distintos Congresos, pese a tener posiciones diferentes, "han decidido asumir la responsabilidad de impulsar el debate a través de los cauces institucionales".
El EZLN, añadió, fue el que renunció voluntariamente a participar en esta discusión. Cuando pudo y debió hacerlo, recriminó, desapareció de la escena política en un momento fundamental.
Y continuó: "Siguiendo el principio de reciprocidad que establece la declaración conjunta de San Miguel, el EZLN no ha hecho compromiso alguno equivalente a los que ha realizado el gobierno federal desde diciembre. Por el contrario, mantiene cerradas las puertas al diálogo, lo que ha dificultado la posibilidad de construir acuerdos".
Además, refrendó que el Ejecutivo no ha planteado la posibilidad de solución con base en el uso de las armas. Cuando se refirió a las acciones gubernamentales en la zona, Alvarez subrayó que los programas sociales se han "diseñado en consulta con las comunidades, en coordinación con las autoridades estatales y depurados de los vicios políticos y clientelares que en el pasado caracterizaron a algunos de ellos".
Algunas comunidades, refirió, han manifestado su voluntad de no recibir los programas. "Respetamos la decisión, aunque no dejamos de advertir la gravedad que supone arrastrar a nuevas formas de marginación a comunidades que por décadas han padecido todo tipo de injusticias y formas de discriminación".
El EZLN y las comunidades simpatizantes no tienen derecho a violentar la decisión de otras que sí quieren participar en el diseño e instauración de programas que "coinciden con la necesidad de impulsar medidas de reconciliación".
Ese tipo de actitudes, abundó, deteriora más la vida de las comunidades y es incongruente con las demandas por las cuales el EZLN se inconformó desde la primera declaración de la selva.
Reiteró que el gobierno tiene "total disposición" para restablecer el diálogo de acuerdo con las nuevas condiciones en que vive el país.
No perdamos más oportunidades por no saber superar las naturales diferencias o por "posiciones intransigentes". La infame marginación debe llegar a su fin, pues es un asunto de elemental justicia. El sufrimiento que han padecido millones de personas obliga a ser capaces de superar cualquier diferencia y "poner, sin dilación, manos a la obra".
La "política del avestruz" ya no existe según el secretario de Gobernación
Por otra parte, en su mensaje a los asistente a un foro organizado por el periódico The Economist, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, se refirió al conflicto chiapaneco y externó su confianza en la pronta reanudación del diálogo con el EZLN.
A diferencia del gobierno anterior, que practicó la "política del avestruz", nosotros hemos modificado radicalmente la estrategia. El gobierno, añadió, espera hoy que concluya el proceso constitucional de la reforma indígena que aprobó el Congreso para reabrir el diálogo.
Mantenemos la posición del repliegue militar, de liberación de presos y los programas de desarrollo social. Se ha demostrado que se pueden hacer las cosas de manera distinta. Ni la paz ni tampoco la estabilidad política estuvieron en riesgo, ni lo están ahora. El diálogo es el mejor instrumento de un gobierno democrático dispuesto al debate. Hay confianza en que esa estrategia permita concretar la solución pacífica.