VIERNES Ť 29 Ť JUNIO Ť 2001
CLASE POLITICA
Miguel Angel Rivera
EL PRESIDENTE de la Suprema Corte de Justicia, Genaro David Góngora Pimentel, propuso a los legisladores federales que se amplíen las facultades del máximo tribunal del país para que pueda presentar iniciativas de ley.
EN APARIENCIA es una recomendación de primera calidad, casi indiscutible, pues nadie mejor que los juzgadores para determinar si una ley funciona o no.
EN EL PLANO TEORICO, el que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puedan iniciar leyes sería tanto como entrometerse en las funciones de Legislativo y Ejecutivo, el cual también tiene facultades para promover nuevas leyes o reformar las existentes. Entonces, ampliar la facultad de presentar iniciativas a los miembros de la SCJ parece una forma de fortalecer el equilibrio de poderes sobre el que se basa un sistema político como el mexicano. A final de cuentas, el Legislativo conserva la capacidad de decidir si se aceptan o rechazan las recomendaciones del Ejecutivo y el Legislativo.
LOS PROBLEMAS surgen cuando la teoría se tiene que aplicar a la realidad. Y en ese terreno, el presidente de la SCJN encontró de inmediato respuestas negativas a la posibilidad de que el máximo tribunal se convierta en fuente de nuevas leyes.
EL MOTIVO son las decisiones de los poderes del Estado --no todas atribuibles en exclusiva a la SCJN-- en materia agraria. Un tema que en apariencia ya fue superado, pero que permanece muy vivo y es causa todavía de graves conflictos. Basta echar un vistazo a Chiapas, a Oaxaca, a Guerrero o a Morelos para constatar el efecto social de las leyes en la materia.
ESTO FUE lo que recordaron ayer Beatriz Paredes Rangel y Heladio Ramírez López ante las propuestas aparentemente de avanzada del presidente de la SCJN. La primera fue dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), y el segundo es el actual secretario general; ambos conocen los efectos sociales de los fallos de la SCJN.
PAREDES RANGEL recordó, por ejemplo, las reformas al artículo 27 constitucional --promovidas por el ex presidente Salinas de Gortari y a las cuales calificó de "contrarreformas" -- que supuestamente debían generar más inversiones al campo, pero no fue así, porque el meollo no está en la tenencia de la tierra, sino en la rentabilidad de la misma.
EN CONCRETO, acerca de la intervención directa de la SCJ, la ex dirigente de la CNC recordó un fallo en contra de campesinos de Baja California, al cual calificó de precedente que causa mucha preocupación.
EN COINCIDENCIA con el actual secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la coordinadora de la diputación federal del PRI recordó, entre las acciones que afectan a los campesinos del país, el veto del presidente Vicente Fox a la Ley de Desarrollo Rural, previamente aprobada por todas las fracciones parlamentarias.
EL ACTUAL dirigente de la CNC criticó por su parte una propuesta de la SCJN de modificar el amparo en materia agraria, por considerar que afecta los intereses de los campesinos mexicanos.
EL TAMBIÉN ex gobernador de Oaxaca criticó además la reforma constitucional salinista que permite la venta de terrenos ejidales y comunales, por someter a los campesinos carentes de recursos a las fuerzas del mercado sobre las cuales no tienen control, y dijo que la justicia debe impartirse con libertad, y al margen de compromisos económicos y políticos.