Los partidos representados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidieron ayer, por unanimidad, presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el presidente Vicente Fox por las modificaciones que el Ejecutivo federal realizó, por decreto, al reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Desde el punto de vista de los legisladores, tales modificaciones, que liberalizan y desregulan los términos en los cuales los particulares pueden vender sus excedentes de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), rebasan los términos de la referida ley y se contraponen al espíritu de los lineamientos constitucionales en la materia, por lo que constituirían una extralimitación del Ejecutivo federal, el cual estaría, de esa forma, invadiendo funciones que corresponden al Legislativo.

La determinación de los legisladores es un hecho sin precedentes en la historia moderna de México, toda vez que el Congreso de la Unión nunca había acudido a la SCJN para deslindar sus funciones de las del poder presidencial. Siete décadas de sometimiento de las mayorías parlamentarias priístas al mandatario en turno generaron una lógica de sometimiento del Legislativo al Ejecutivo en la cual la controversia de constitucionalidad habría sido inconcebible. En contraste con aquella sumisión, ayer los representantes de Acción Nacional, el partido del Presidente, optaron por alinearse con el resto de las bancadas para respaldar el recurso legal.

El suceso no debe verse como una expresión de ingobernabilidad, ni mucho menos, sino como un procedimiento que resulta usual, si no es que rutinario, en los regímenes democráticos consolidados. El que los panistas hayan respaldado la medida podría leerse como consecuencia de la conocida rivalidad y animadversión entre el coordinador de los senadores panistas, Diego Fernández de Cevallos, y el presidente Fox; pero puede ser interpretado también como muestra de un saludable espíritu republicano y de una convicción, arraigada en las filas blanquiazules, acerca de la división de poderes.

Por otra parte, el diferendo no sólo dignifica al Congreso de la Unión y a las fracciones partidarias que lo integran en sus dos cámaras, sino también a la SCJN, la cual tendrá que habituarse, en los tiempos por venir, a desempeñarse con frecuencia como tribunal constitucional. El episodio dignifica también a la propia Presidencia, institución que, en los nuevos contextos y alineamientos políticos, debe convivir en pie de respeto y soberanía con los otros poderes.

Finalmente, por lo que hace al fondo del desacuerdo, resulta alentador que los representantes populares hayan salido al paso de una modificación reglamentaria que parece inscribirse en la tendencia transexenal de privatización de la industria eléctrica, empeño que seguirá enfrentando el rechazo y la negativa de importantes sectores de la sociedad.