JUEVES Ť 28 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Representa un ataque frontal a la productividad

La reforma fiscal no pasará, advierten dirigentes del CT

Ť Borrego y Rivapalacio analizan la iniciativa del Ejecutivo

ELIZABETH VELASCO C.

La iniciativa de reforma hacendaria es "confiscatoria, tiene tintes antisindicales y representa un ataque frontal contra la productividad", por lo que la cúpula obrera y los priístas se opondrán a que se apruebe tal como está, afirmaron Enrique Aguilar Borrego y Raymundo Rivapalacio, miembros de la comisión de Asuntos Económicos del Congreso del Trabajo (CT).

Explicaron que además de gravar las horas extras, prácticamente "desaparece" las prestaciones sociales al imponer tasas a indemnizaciones por riesgos y enfermedades de trabajo, despido, compensaciones por labores peligrosas, pensiones por jubilación, aguinaldo, primas vacacional y dominical, participación de utilidades, cajas y fondos de ahorro, vales de despensa, ayuda para renta, transporte y compra de anteojos, entre otras.

Aguilar y Rivapalacio manifestaron lo anterior después de realizar un estudio sobre las afectaciones que causaría la iniciativa de reforma fiscal en las prestaciones de los contratos colectivos de trabajo.

En entrevistas por separado, sentenciaron: "es irrebatible la conclusión a la que llegó el CT: si sólo gravar con IVA alimentos y medicinas afecta 80 por ciento del consumo de los asalariados, el resto coloca al trabajador en el inframundo". En cambio, se da trato "preferencial" a los empresarios y a la población de más altos ingresos, ya que "la iniciativa del Ejecutivo federal propone reducirles de 40 a 32 por ciento la tasa de impuestos".

El diputado priísta Aguilar Borrego afirmó que el movimiento obrero organizado "mantendrá una rotunda oposición a la reforma hacendaria" del gobierno de Vicente Fox, y agregó que ni la cúpula obrera ni los priístas "vamos a permitir que pase una reforma tan inequitativa, en la que el salario y, por ende, el trabajador subsidian el desarrollo del país".

En tanto, Rivapalacio Pontones dijo que "el crédito al salario que se propone en la reforma fiscal (que plantea el retorno de 140 pesos bimensuales mediante una credencial para un millón 200 mil familias en condiciones de extrema pobreza) es regresivo y totalmente insuficiente".

Si a esto se adiciona que se gravaría con 15 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA) medicinas, alimentos, colegiaturas, libros, transporte y servicios médicos, entre otros servicios y productos, "iría en picada" el consumo de 90 por ciento de los trabajadores empleados en la economía formal (50 por ciento de la PEA), ya que -de acuerdo con Rivapalacio- ese porcentaje percibe en promedio entre 6 y 7 salarios mínimos por día, equivalentes a 7 mil 200 y 8 mil 400 pesos mensuales, respectivamente.

Ambos sostuvieron que la reforma fiscal del Ejecutivo "no debe pasar como está, porque atenta contra las clases más desprotegidas del país; desvirtúa el salario y protege al patrón y a los pudientes".