Ť David Durand Alcántara, investigador de la UAM

Predio de Cuautepec, pago al papel informativo de Tv Azteca

Ť La medida del gobierno pretende acabar con el ejido, dice

MARIA ESTHER IBARRA

La expropiación ejidal en favor de Tv Azteca "es claramente de índole política, en pago al papel que ha jugado la televisora en promover y apoyar el gobierno de Vicente Fox", plantea el investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), David Durand Alcántara.

"No puede invocarse o haber causa de utilidad pública cuando los terrenos ejidales están cumpliendo una función social, establecida a través de la creación de un ejido y de la asignación a los comuneros por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria, frente al beneficio de una empresa privada", remarca el catedrático universitario.

Sin negar que los medios electrónicos pueden ser considerados servicio público, por la concesión que el Estado les otorga, cuestiona su papel y función actuales. "Las televisoras comerciales promueven la desinformación, la enajenación y el desorden político. Y si no, que nos comprueben Tv Azteca y Televisa cuáles son los servicios públicos en beneficio de la sociedad".

Para el investigador universitario, el caso de la televisora del Ajusco es marco propicio para que el Congreso de la Unión revise la conveniencia de mantener la concesión a esa y a otras empresas de televisión comercial, a partir de analizar si cumplen realmente un servicio social y público. "Sin lugar a dudas, dice, sería muy debatible en la opinión pública y en el ámbito académico ese servicio que justifica el gobierno para beneficiarlas con expropiaciones para ampliar sus instalaciones".

Durand Alcántara asegura que mediante ese tipo de expropiaciones se pretende revertir la reforma agraria y los logros del presidente Lázaro Cárdenas, a quien reconoce como el único mandatario que supo justificar el beneficio de las expropiaciones en terrenos petroleros.

Al fundamentar su tesis acerca de la pretensión gubernamental de acabar con el ejido, da un dato: de los aproximadamente 33 mil ejidos creados en el país, incluidos los que últimamente fueron ratificados en los tribunales agrarios, solamente hay 3 mil. "Las cifras del gobierno de la constitución de ejidos suenan muy rimbombantes", dice, y señala que otra es la realidad:

"Si tomamos en cuenta que el territorio nacional tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, únicamente la mitad de los 500 mil kilómetros cuadrados son tierras de cultivo de producción y la otra mitad están en manos de ejidatarios y comuneros, porque los pueblos indios prácticamente carecen de tierra".

Desde su experiencia como investigador en el campo de problemas agrarios, Durand Alcántara señala que la afectación de un ejido siempre ha sido para invalidar derechos sociales y privilegiar a los particulares. Y menciona que la mayoría de los emporios turísticos, en manos de extranjeros o del capital privado ?Huatulco, Cancún y Acapulco, por ejemplo? están asentados en ejidos expropiados.

Otra crítica a los decretos expropiatorios es la "incongruencia" de las indemnizaciones de "miseria" que se pagan a los ejidatarios y las que se dan los extranjeros dueños de tierras en el país. Explica el jurista: "A la Comisión Nacional de Avalúos, dependiente de la Secretaría de Hacienda, compete determinar el precio del inmueble o predio expropiado, pero a los comuneros se les paga el valor catastral, mientras que a los propietarios extranjeros se les indemniza con base en el valor comercial".

Eso, subraya, se puede constatar en el Archivo Agrario, y se pregunta: "¿cómo es posible que la Corte, el legislador y la doctrina mantengan un doble criterio derivado de las incongruencias entre la Ley Agraria y la Ley General de Expropiación?" Y es que, precisa, en la primera se habla de la constitución del valor catastral y en la reglamentaria del valor comercial".

Peor aún, agrega, a raíz de la firma del tratado con la Comunidad Europea, el gobierno de Ernesto Zedillo aceptó que en los actos expropiatorios en contra de extranjeros, por lo menos los de países miembros, los casos pueden ser llevados ante la Corte Internacional de La Haya.

En otras palabras, comenta, "mientras los conciudadanos ejidatarios son vilipendiados en sus derechos y patrimonio, y de alguna manera están desprotegidos ante el acto unilateral expropiatorio, ahora resulta que los extranjeros pueden gozar de la defensa internacional. Aquí hay asunto grave de defensa de la soberanía".

Además, menciona que con la reforma salinista al artículo 27 constitucional, las áreas en común de los ejidos son las que más riesgos corren en función del llamado mercado de tierras, pues comenta que el nuevo modelo rural promovido por el Banco Mundial plantea el "ensanchamiento del capital con base en la devastación ecológica, como es el mercado de transgénicos".