Ť El decreto expropiatorio de Fox en favor de Tv Azteca, un fraude a la Constitución, dice

Debe el Congreso intervenir en el asunto Cuautepec: Carlos Imaz

Ť El PRD basará su querella contra el Ejecutivo federal en la jurisprudencia de la Corte, afirma

ELIA BALTAZAR Y GABRIELA ROMERO

El decreto de expropiación emitido por el presidente Vicente Fox a favor de Tv Azteca significa un fraude a la Constitución, pues ha dejado de lado la capacidad del Estado para tutelar el interés colectivo y, en cambio, lo ha convertido en titular de los intereses privados. Se trata, en suma, de una reforma al artículo 27 constitucional por la vía de los hechos y pasada por debajo del agua. Y dado que se trata de "un debate que se quiere esconder, de un tema gravísimo para el país, el Congreso de la Unión debe intervenir y manifestarse al respecto".

Es Carlos Imaz, presidente del PRD en el DF, quien ofrece su punto de vista en torno de la expropiación que llevó a cabo el gobierno federal a favor de la televisora del Ajusco, sobre un terreno ubicado en el Cerro del Chiquihuite, en la delegación Gustavo A. Madero, y que será motivo de una denuncia ante la Contraloría federal en contra del presidente Fox, pues fue él quien firmó el decreto.

Será en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el PRD capitalino sustentará la denuncia, en la cual se advertirá sobre la violación al artículo 27 constitucional en que incurrió Fox al firmar ese documento a petición de un particular, pues "ha invertido los términos de la Carta Magna para proceder a una mecánica de privatización desde el Estado".

Imaz advierte sobre el peligro de pasar por alto este asunto, pues lo que ha hecho el gobierno foxista es hacer de la expropiación "un arma de las empresas privadas para obtener a bajo precio y aun de manera gratuita los espacios territoriales que requieran. Y eso es precisamente todo lo contrario de lo que establece la Carta Magna, que otorga a la nación imponer ?en todo tiempo? el interés público por encima de la propiedad privada".

A favor de los argumentos que exhibirá el PRD-DF en su momento está la jurisprudencia de la SCJN. Y si la discusión se ubica precisamente en torno de lo que significa interés público, baste acudir a ella para aclarar el concepto. El máximo tribunal del país establece, por ejemplo, que no hay utilidad pública en un acto de expropiación, "cuando se priva a una persona de lo que legítimamente le pertenece para beneficiar a un particular, sea individuo, sociedad o corporación, pero siempre particular".

El gobierno federal, explica Imaz, ha argumentado, en el considerando único del decreto, que la causa de utilidad pública de la expropiación a favor de Tv Azteca consiste en el establecimiento y explotación de un servicio público. Esto significaría, dice, abrir el espacio a las expropiaciones para todas las actividades concesionadas. Y en ese sentido, agrega, "hasta los microbuseros podrían argumentar que prestan un servicio público y tienen derecho a una expropiación. Este símil entre el servicio público y la utilidad pública abre la puerta para que cualquier negocio pueda reclamar un acto de expropiación a su favor".

Una vez más es la SCJN la que aclara: "Para que exista utilidad pública o social que exige el artículo 27 de la Constitución y proceda la expropiación, se necesita que la colectividad, directa o indirectamente, reporte beneficios de que puedan disfrutar no sólo los interesados sino todo el público en general". Esta condición, aclara la jurisprudencia, "no se cumple en el caso de una expropiación dictada a favor de una industria (...), pues en ese caso no habría una sola actividad industrial que no fuera considerada como de utilidad pública, ya que beneficia a la colectividad".

Por eso, explica Imaz, con base en las razones jurídicas, "la utilidad pública no es otra cosa que el interés social o colectivo encaminado a la ocupación de la propiedad privada". Y lo que hizo Fox es "contravenir la esencia del artículo 27 constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aplicar la lógica contraria de los actos de expropiación".

En su propia voz...

Rolando Torres Carbajal: "en 1965 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició la construcción de la brecha de acceso a la cúspide del cerro del Chiquihuite, porque existía el compromiso con la nación de que en 1968 todos tuvieran las imágenes de los Juegos Olímpicos. Luego de que se instaló la primera antena, las demás retransmisoras comenzaron a codiciar ese lugar y ahorita es una rebatinga".

Rafael Carrillo: "no estoy de acuerdo con el decreto del presidente de la República Vicente Fox, que nos expropia mil 800 metros cuadrados. Ya se supo que quieren indemnizarnos con algo así como 260 mil pesos, lo cual significaría que a cada uno de los 489 ejidatarios le corresponderían 500 pesos. Yo creo que no es correcto ni es justo que traten de engañarnos con esa cantidad, este terreno vale a seis mil pesos el metro cuadrado".

Higinio Ayala Alfaro: "los ejidatarios del pueblo de Cuautepec vivíamos de la tierra, sólo sabíamos trabajar en el campo, cuando nos expropiaron el terreno donde se asentó el Reclusorio Norte. Lo que más nos afectó fue el crecimiento de la mancha urbana; la gente que llegó a vivir aquí dañaba las siembras, la convivencia se hizo insoportable. Por la noche nos robaban las cosechas, hace varias décadas hubo un ejidatario muerto por defenderlas, luego muchos terminaron por vender sus parcelas".

Gregorio Urbán: "Humberto Mondragón, quien se ostenta como presidente del comisariado ejidal, se ha apoderado de los bienes del ejido, maneja las empresas ejidales como sí fueran de su propiedad, los dos salones, los dos campos deportivos y las antenas de las televisoras. Cada ocho días renta los salones, la última vez los rentó para que se hiciera un baile con los Tigres del Norte, de todas esas rentas nunca hemos visto un centavo". BERTHA TERESA RAMIREZ