JUEVES Ť 28 Ť JUNIO Ť 2001
Ť En la comunidad 17 de Noviembre se detiene y amenaza a bases de apoyo al EZLN
Tojolabales y tzeltales denuncian acoso policiaco
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de las Casas, Chis. 27 de junio. Comunidades tojolabales y tzeltales del municipio autónomo 17 de Noviembre son hostigadas constantemente por la Seguridad Pública del estado. Con actitud "represiva y racista", según indígenas de la zona, el destacamento policiaco de Altamirano incursiona en los pueblos, y sobre todo, detiene, interroga y amenaza a las bases de apoyo del EZLN desde hace dos semanas.
Las comunidades de Nueva Reforma, Nuevo Centro Poblacional Cuauhtémoc, 10 de Abril y San Miguel Chiptic hicieron pública su protesta desde el pasado 13 de junio, pero no han obtenido respuesta de las autoridades. Por el contrario, la animosidad policiaca crece.
Los representantes ejidales de 10 de Abril denuncian ahora que en días pasados varios campesinos de dicha comunidad fueron vejados en un retén policiaco a la salida de la colonia Nuevo Altamirano, obligándolos a descender del camión en el que se transportaban. Los agentes policiacos "les faltaron el respeto a los compañeros; fueron tratados como si no fueran mexicanos".
Según la denuncia "fueron 'forcejeados' y amenazados de arma, y al identificarse como zapatistas, sufrieron insultos y humillaciones". Además, dicen los indígenas, "el agente al mando no se encontraba en condiciones para el servicio, tenía el proceder violento de que se encontraba borracho o drogado".
Desde comienzos de junio, miembros de Seguridad Pública del estado se internan continuamente en la terracería a San Miguel Chiptic, amedrentado a las comunidades. En el retén ahora permanente instalado sobre la carretera Altamirano-Comitán, a la altura del crucero a San Miguel, los agentes tildan de "guatemaltecos" a los civiles zapatistas, y "molestan" a las mujeres. En los distintos retenes se impide el libre tránsito a los habitantes de esas tierras, "exigiendo cobros ilegales de dinero por supuestas infracciones o requisitos que ellos arbitrariamente inventan o imponen en cada caso".
Los policías se internan en los terrenos de la comunidad Cuauhtémoc y se adueñan de la hamaca que cruza el río Tzaconejá, bajo el argumento de "cuidar ganado y buscar indocumentados" (actividades que por lo visto resultan indistintas para el orden público).
Las autoridades de 10 de Abril aseguran que estos operativos forman parte de "una estrategia de represión", que se suma a la "adulteración por parte del gobierno federal de las condiciones establecidas para la reanudación del diálogo".
Las comunidades afectadas exigen "el retiro inmediato de los puestos de control de la SPE y del Ejército en la zona de Altamirano, y el acuartelamiento de los efectivos militares y policiacos que continúan operando en la zona de conflicto, porque así (el gobierno) no cumple una de las condiciones para el restablecimiento del diálogo".
La denuncia de los indígenas, escrita a mano y dirigida a "las organizaciones de los derechos humanos, la sociedad civil nacional e internacional y al pueblo de México", concluye diciendo: "Las comunidades zapatistas seguimos en resistencia, hasta el cumplimiento de nuestras demandas y el reconocimiento de nuestros derechos".