JUEVES Ť 28 Ť JUNIO Ť 2001

Ť De entrada se obtendrían $50 mil millones: Batres

Iniciativa de PRD para recuperar créditos irregulares del Fobaproa

Ť Propone cambiar ley del IPAB para obligar a los bancos a pagar Ť Es posible sancionarlos por la vía mercantil, dice

ANDREA BECERRIL

EL PRD presentó ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente, una iniciativa de ley para recuperar los créditos irregulares que otorgó el Fobaproa y evitar que los banqueros se sigan enriqueciendo con los intereses que les paga el IPAB. De entrada, se obtendrían unos 50 mil millones de pesos, cifra considerable para un gobierno que ha acudido a los recortes presupuestales y pretende cobrar más impuestos, precisó Martí Batres.

El coordinador de los diputados del PRD argumentó durante la sesión en favor del proyecto de reforma a la ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), de manera concreta a la fracción segunda del artículo quinto transitorio de ese ordenamiento, por el que se dejaría claramente establecida la obligación de los banqueros de regresar el monto de los créditos ilegales que les concedió el Fobaproa.

Batres resaltó en tribuna que pese a que la Ley del IPAB, promulgada el 19 de enero de 1999, determinó que cuando la ilegalidad del crédito fuera atribuible al banco éste debería absorber el costo de dicho préstamo, hasta ahora no se ha hecho.

No se ha devuelto a los bancos aquellos créditos que fueron originalmente contratados en violación de la legislación financiera del país, y aquellos que fueron admitidos por el Fobaproa en violación de sus propias disposiciones normativas.

Todo parece indicar que el IPAB ha hecho su propia interpretación sobre la expresión de créditos ilegales, de tal forma que la parte relativa a la fracción II del artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario no se ha aplicado, o no ha abarcado la totalidad de las operaciones realizadas en el Fobaproa que no cumplieron con las disposiciones legales aplicables en el momento de la realización de tales operaciones.

El perredista agregó que después de promulgarse la ley del IPAB y de constituirse ese instituto concluyó casi en su totalidad la auditoría ordenada por la Cámara de Diputados, la cual fue realizada por Michael Mackey, en la que éste presentó un informe especial de los créditos que fueron aceptados por el Fobaproa, en desapego a las normas dictadas por ese mismo fondo y que, por tanto, se encuentran al margen de la operación legal de la institución.

La auditoría fue entregada al IPAB y a la Cámara de Diputados, por lo que se encuentran plenamente identificados aquellos créditos aceptados por el Fobaproa en operaciones denominadas de compra de cartera.

Sin embargo, la unilateral y estrecha interpretación que, al parecer, aplica la junta de gobierno del IPAB impide que el artículo quinto transitorio pueda ser aplicado. Es por ello que se requiere una aclaración suficiente del texto, de tal manera que no pueda existir duda alguna. Tal aclaración, en lugar de ser producto de algún recurso de interpretación, puede ser llevada a cabo por una adición al texto de la ley.

Aclaró que, precisamente, el propósito de la iniciativa es adicionar un séptimo párrafo a la fracción II del artículo quinto transitorio de la ley del IPAB, en el que se señala, en su parte medular, que los créditos reportables, según el resultado de la auditoría de Mackey, deberán ser absorbidos por el banco en cuestión, y el instituto no podrá admitir otros activos en sustitución de los derechos de cobro devueltos.

El banco en cuestión devolverá al IPAB la parte correspondiente de los títulos, garantías o instrumentos de cobro que éste haya emitido en su favor. En caso de que el instituto se abstenga de aplicar la presente regla, los correspondientes títulos, garantías o instrumentos de pago no podrán ser sujetos de lo establecido en los artículos 45 y 47 de la ley del IPAB, sin menoscabo de las sanciones que se deriven de la aplicación de otras legislaciones. El líder de los diputados del PRD resaltó que de aprobarse esa iniciativa, se recuperaría una parte de los compromisos indebidamente asumidos por el Fobaproa, y el ahorro del Estado sería cuantioso, pues de acuerdo con el auditor, se trata de un monto superior a 70 mil millones de pesos, a valores de contratatación original de los créditos. Sin embargo, como algunos de los bancos deudores son propiedad del IPAB, el monto de lo recuperado sería de alrededor de 50 mil millones de pesos, además de que se hace necesario llevar a cabo los mayores rescates posibles de esos créditos ilegalmente otorgados por el Fobaproa.

Batres precisó que si bien la posibilidad de sanciones penales a los bancos con préstamos ilegales en el IPAB está cancelada, porque ya prescribió el término, la vía mercantil está vigente, aunque es evidente que la junta de gobierno de ese instituto no quiere tampoco acudir a ella, pues hasta ahora no les ha cobrado, ni quiere hacerlo, porque está coludida con ellos.

La iniciativa fue turnada a comisiones -además de los perredistas la signó el diputado del PRI Samuel Aguilar Solís-, y Batres precisó que comenzó ya a cabildearla con las demás fuerzas políticas, para lograr que se apruebe en el próximo periodo de sesiones.