JUEVES Ť 28 Ť JUNIO Ť 2001
Carlos Montemayor
Aguas Blancas
Hace algunas semanas, en su viaje por Oriente, el presidente Vicente Fox afirmó que en Chiapas ya no había guerrilla, contrainsurgencia ni grupos paramilitares, sólo una santa paz. Una semana después, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, aclaró, con sobrada razón, que en Chiapas hay un expediente abierto, no una santa paz.
En verdad, gran parte de México es un expediente abierto. Un expediente abierto no sólo por la pobreza creciente, por la violencia social que entraña esa pobreza misma, sino por el estancamiento de la economía nacional para más de 80 millones de mexicanos. Gran parte de México es un expediente abierto a la lucha popular organizada en múltiples formas, desde las manifestaciones legales y pacíficas hasta las inconformidades armadas.
Algunos de estos expedientes abiertos de lucha armada se presentan reiteradamente en regiones como Guerrero, Oaxaca, Chiapas o Hidalgo. Otros estados no están al margen de esas manifestaciones alejadas de la "santa paz": Puebla, Veracruz, estado de México y el Distrito Federal mismo.
Hay un expediente abierto en varias regiones del país, conviene reconocerlo. No sólo como lucha armada o miseria creciente. También como cicatriz social, como ignominia de masacres perpetradas impunemente en muchos sitios de México. Este día es necesario recordar la masacre, aún impune a plenitud, de 17 campesinos guerrerenses de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Sus nombres siguen sin preocupar a muchos funcionarios viejos y nuevos. Estos fueron los campesinos masacrados hace seis años: Francisco Rogel Gervacio, Francisco Blanco Muñoz, Paz Hernández González, Anacieto Ahueteco Coyote. Clímaco Martínez Reza, Simplicio Martínez Reza, Mario Pineda Infante, Tomás Porfirio Rondín, Eliodoro Refugio López, Daniel López Castañeda, Victorio Flores Balanzar, Florente Rafael Ventura, José Rebollo Gallardo, Gregorio Analco Tavares, Fabián Gallardo García, Armado Sánchez Gil y Efraín Vargas Cevallos.
Los campesinos de la OCSS siguen recordando a estos compañeros. Anteayer lo explicó Hilario Mesino. Siguen conmemorando en Acapulco, en Atoyac, en Coyuca de Benítez, en el vado de Aguas Blancas mismo, esa masacre, insisto, que muchos funcionarios de ayer y de hoy no desean recordar, pero que el EPR sigue manteniendo presente. Aguas Blancas forma parte de los expedientes abiertos que deben ser atendidos, sobre todo ahora.
El conflicto en Chiapas, Fobaproa e IPAB, desaparecidos políticos o Tlatelolco, son otros tantos expedientes abiertos que la actual administración del presidente Fox podría aclarar, pero que cada día se dispone a ocultar como los anteriores presidentes priístas.
La masacre de Aguas Blancas fue resultado de una decisión política que se propuso, aparentemente, frenar el nacimiento de un nuevo grupo guerrillero. En realidad, la masacre aceleró la aparición del EPR. La dinámica social no siempre asegura cambios a fondo en las zonas campesinas de Guerrero, Chiapas, Zongolica o la sierra de Puebla, sobre todo si la población predominante en ellas es indígena. Circunstancias de pobreza extrema, discriminación, aislamiento, explotación, despojos y una muy escasa o nula procuración de justicia suelen volver a confluir y a polarizarse una y otra vez en ciclos de pocos o muchos años. Las medidas militares en estos casos suelen ser recurrentes también, lo que es un poderoso indicador de su ineficacia como solución social verdadera.
El gobierno puede reconocer que se deben modificar o aliviar algunas circunstancias críticas del deterioro social de una región. Pero puede proponérselo para evitar cualquier surgimiento de movimientos armados en ese instante y en el futuro, o aplicar los programas de cambio y desarrollo social para eliminar a un específico movimiento armado, como lo vimos durante 1993 en Chiapas o durante 1995 en Aguas Blancas. No es lo mismo aplicar proyectos de desarrollo pensando en un cambio social a profundidad y a mediano y a largo plazos, que aplicarlos para doblegar de inmediato a un solo y concreto grupo armado. Los dispositivos de contrainsurgencia montados en Chiapas desde el gobierno de Ernesto Zedillo siguen activos y vuelven ahora a dar muestras de su alto riesgo. Nada se ha desactivado aún en Chiapas. Nada se ha desactivado aún, de fondo, en el país. Una cosa sería la paz alcanzada por la negociación y el cambio social. Otra cosa sería la paz alcanzada mediante el aparente exterminio de las bases sociales y los grupos armados.