JUEVES Ť 28 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Entablará controversia constitucional ante la Corte por invasión de funciones

Presentará el Congreso una demanda contra Vicente Fox por legislar en materia eléctrica

Ť Se señala que el decreto presidencial va más allá de lo que marca la ley respectiva

Ť Acción Nacional respalda el acuerdo pero rechaza que la enmienda sea ilegal

ANDREA BECERRIL

En un hecho inédito, calificado como histórico por todas las fuerzas políticas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó ayer acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presentar un juicio de controversia constitucional contra el presidente Vicente Fox.

Consideró que el Ejecutivo invadió facultades del Legislativo al expedir un decreto que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pero que en realidad introduce cambios que van más allá de ese precepto y constituyen el inicio de la privatización de ese energético.

La representación legislativa aprobó el punto de acuerdo, incluso con el voto a favor del Partido Acción Nacional. En tribuna, el senador Diego Fernández de Cevallos aclaró que fue ''particularmente difícil'' avalar la demanda contra el Presidente, pero que lo hacían porque son nuevos tiempos en los que hay realmente división de poderes. Resaltó, sin embargo, que los panistas consideran que la controversia no prosperará y advirtió que debe ser la SCJN la que decida.

Esa fue la condición que el legislador puso para sumarse a la propuesta llevada a la tribuna de la Permanente por el PRI, a fin de que se aprobara ayer la resolución con carácter de urgente. De lo contrario, aunque perredistas y priístas podían sacar la próxima semana el acuerdo, habría sido tarde, porque el plazo para presentar la demanda ante la Suprema Corte vence el 6 de julio.

Fue el senador priísta Manuel Bartlett, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el que detectó anoma-lías en el decreto expedido por Fox el pasado 22 de mayo, publicado en el Diario Oficial el 24 del mismo mes, y comenzó a analizarlo, ya que se habría dado en la práctica el comienzo de la apertura del sector eléctrico al capital privado sin necesidad de modificar la Constitución, como lo adelantó hace algunos meses el coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia, Eduardo Sojo.

Bartlett, quien se ha metido de lleno en el estudio de la privatización eléctrica, analizó la enmienda y conjuntamente con el diputado Salvador Rocha Díaz -experto en materia constitucional-, concretaron la posibilidad de presentar la controversia y comenzaron a cabildear con los perredistas.

Sin embargo, el apremio de sacar ayer el acuerdo hizo que tanto priístas como perredistas aceptaran la condición de no entrar a fondo en la discusión, es decir, no criticar en tribuna al Presidente. Sin embargo, tanto Jesús Ortega, quien planteó la postura del PRD, como Ernesto Gil Elorduy, insistieron en que el Ejecutivo invadió, con la expedición del decreto, la competencia del Congreso de la Unión.

Ortega fue el más incisivo. Advirtió ante el pleno que el nuevo régimen debe sujetarse al estado de derecho y en entrevista posterior, luego de aprobado el punto de acuerdo, dijo que el gobierno federal está incurriendo en las ilegalidades que se dieron en otros sexenios, al usar su facultad de emitir decretos para pasar por encima de la Constitución.

A través de ese reglamento, agregó, el Ejecutivo legisla ''al ejercer una facultad que es exclusiva del Congreso de la Unión, y lo hace además en un asunto trascendental para el país, como es la apertura del sector eléctrico, a la que se opone la mayoría de los mexicanos''.

También en entrevista, Bartlett se mostró renuente a explayarse, aunque precisó que el decreto que reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica incluye modificaciones que van más allá y quitan una serie de límites que tiene la actual legislación ''para abrir lo que no estaba abierto''.

--ƑFox pretende pasar por encima del Congreso?

--Ese reglamento modifica al anterior y establece ciertas condiciones y facilidades que no tenía la ley para los aspectos de autogeneración y cogeneración eléctrica y le otorga facultades a la Secretaría de Energía que antes no tenía. Además de que elimina licitaciones antes establecidas en la ley en la materia -respondió.

Resaltó luego que la controversia, que presentarán en los próximos días, demanda a a la Suprema Corte que declare invalidadas las reformas incluídas en el decreto presidencial, porque rebasa la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Preservar facultades del Congreso, intención central

Al presentarse el punto de acuerdo -que no estaba previsto en el orden del día, pero llevaba ya la firma de los coordinadores de los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD, Enrique Jackson Ramírez, Diego Fernández de Cevallos y Jesús Ortega, respectivamente- se precisó que la intención de interponer la controversia ''tiene como fin último preservar las facultades constitucionales del H. Congreso de la Unión''. No hay propósito alguno de limitar el ejercicio de las facultades presidenciales, se apunta.

En el documento se señala que la demanda se justifica ''por la singular trascendencia del ambito de acción de esa ley y reglamento, que es el tema de la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctric, materia que motivó el debate y reflexión tanto a nivel constitucional como legal''.

Se insiste en que a juicio de muchos legisladores el decreto discutido ''excede los términos de la ley que reglamenta'' y ''el ejecutivo invade, con la expedición del mismo, la competencia del Congreso de la Unión''.

Después cada partido expuso su postura a favor del punto de acuerdo. El PAN, en voz de Fernández de Cevallos, expuso que fue particularmente difícil para los panistas firmarlo, porque el Presidente es de Acción Nacional y porque los legisladores del blanquiazul no consideran que ''el decreto de marras viole, trasgreda o vaya más allá de la ley, y porque además consideramos que esta demanda no procede''.

''Nosotros creemos que sí'', respondió por separado Bartlett y refutó también a reporteros que le preguntaron por qué reaccionaron tan tarde al decreto presidencial que posibilita la apertura total a la inversión privada en la industria eléctrica. ''Hubo que analizar el instrumento que presentaríamos como controversia y discutirlo con las demás fracciones y eso no se hace en un día'', dijo.

En corto, priístas y perredistas reconocieron que estuvieron muy cerca de ser sorprendidos por Fox.

Bartlett no mencionó que mantuvieron en secreto el acuerdo hasta el final, cuando ya estaba totalmente listo, para no dar tiempo a la reacción de los panistas en contra.

Al final, la Comisión Permanente aprobó por 35 votos a favor y ninguno en contra que por primera vez en su historia el Congreso de la Unión presente una controversia constitucional en contra del presidente Fox antes del 6 de julio próximo.

Con el decreto, que se convirtió en el documento más buscado ayer por los legisladores -casi nadie lo conocía-, Fox recurrió a argumentos muy similares a los que empleó Zedillo en su iniciativa para privatizar la industria eléctrica, que quedó congelada en la pasada legislatura.

El decreto modifica los artículos 126 y 135 de la ley del servicio público de energía eléctrica para permitir que los particulares que ahora tienen capacidad de generación, en caso de tener excedentes, los pongan a disposición de la CFE, siempre y cuando tengan una capacidad instalada total hasta de 40 megavatios.

Asimismo, por esa resolución, quienes tengan una capacidad instalada superior a 40 megavatios podrán vender hasta 50 por ciento de su capacidad total. Se precisa que ese porcentaje podrá ser modificado por la Secretaría de Energía, conforme a las necesidades que requiera la prestación del servicio público y el nivel de reserva de sistema eléctrico nacional.

El perredista Ortega dijo que espera que Fox detenga el decreto mientras la Suprema Corte determina si accede a la petición de invalidarlo.