JUEVES Ť 28 Ť JUNIO Ť 2001

Ť El organismo también exige cesen de inmediato las detenciones ilegales en el país

Pide la CNDH poner fin a impunidad y prácticas indignas en los reclusorios

Ť Emite recomendaciones a procuradores, gobernadores y titulares de Seguridad Pública

VICTOR BALLINAS

Ante la permanente violación a los derechos humanos de los visitantes a los reclusorios del país, y la ''práctica común'' de las policías judiciales -estatales y federales- de realizar ''detenciones arbitrarias'', la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó ayer, de manera pública, poner fin a la impunidad, que cesen de inmediato las detenciones ilegales en el país y que se eliminen las prácticas indignas a las visitas en los penales.

Para tal efecto, el ombudsman José Luis Soberanes emitió las primeras dos recomendaciones dirigidas a los procuradores generales de justicia, a los gobernadores y al jefe del Gobierno del Distrito Federal, así como a los secretarios de Seguridad Pública, federal y estatales.

Las recomendaciones (1/2001 y 2/ 2001) se publicaron ayer en el Diario Oficial de la Federación, ''para que todos los funcionarios, abogados defensores y los ciudadanos las conozcan'', resaltó Soberanes. Agregó que ese tipo de documentos se emiten ''cuando en algunas prácticas la violación a los derechos humanos es reiterada''.

Freno a los abusos de judiciales

En promedio, en los últimos 30 meses la CNDH ha registrado una detención arbitraria cada tres días, de acuerdo con el número de denuncias recibidas en ese órgano nacional. ''Esta práctica es común'' en los agentes que integran los diversos cuerpos policiacos, aseveró ayer el primer visitador general de esa comisión, Víctor Manuel Martínez Bullé-Goyri.

La recomendación general 2/2001 precisa que de 1999 a la fecha, la CNDH recibió 323 quejas por detención ilegal, ''de lo que se colige que se trata de una práctica que se mantiene, por lo que resulta indispensable poner fin a esa acciones arbitrarias de los agentes''.

En esa recomendación se apunta que este órgano solicitó a la PGR el inicio de diversos procedimientos administrativos o averiguaciones previas contra 81 servidores públicos, que incluye a agentes del Ministerio Público de la Federación, elementos de la Policía Judicial Federal y otros.

También se exige a los procuradores, a los gobernadores y a los secretarios de Seguridad Pública, ''giren instrucciones a los agentes de la Policía Judicial y elementos de las corporaciones policiacas, a efecto de que en forma inmediata cesen las detenciones arbitrarias; giren instrucciones a los agentes del Ministerio Público para que en los casos en que se les pongan a disposición personas que hayan sido detenidas en forma arbitraria por parte de policías, se inicien las averiguaciones correspondientes''.

Soberanes y Martínez Bullé-Goyri precisaron que las detenciones ilegales se dan en los denominados ''recorridos de revisión y vigilancia rutinarios'', o bien porque dicen los agentes que habían recibido alguna llamada anónima, ''siendo que al atenderlas casualmente los agraviados fueron encontrados en actitud sospechosa y/o marcado nerviosismo''.

En todos los casos, apuntaron, los reportes de la policía dicen que ''solicitaron a los agraviados que les permitieran efectuarles una revisión de rutina, a lo que accedieron de manera voluntaria''.

Una característica de esos informes, explicaron los funcionarios de la CNDH, es que ''en ninguno de los partes rendidos por los agentes, a través de los cuales pusieron a disposición de la representación social a los agraviados, dieron aviso al Ministerio Público de las denuncias anónimas''.

Cateos ilegales

La CNDH resalta en el texto de la recomendación que ''desde el origen, los recorridos de vigilancia de las policías judiciales'' son totalmente irregulares y contrarios a la normatividad existente, ''y generan un riesgo real'' por la violación constante de los derechos humanos. Las detenciones arbitrarias no encuentran asidero legal, porque son contrarias al principio de inocencia, agrega.

Los cateos y visitas domiciliarias ilegales, además de que son acciones represivas y producto del abuso del poder de los servidores públicos, atentan contra el primer párrafo del artículo 16 constitucional y son una práctica constante''.

En la recomendación 1/2001, el ombudsman nacional señala que se deben eliminar de todos los reclusorios del país las revisiones indignas que en agravio de los visitantes se hace en esos centros. Dichas revisiones consisten en ''desnudar a los visitantes, toqueteos en sus partes íntimas, exploraciones en cavidades corporales y ponerlas (a las personas) desnudas en posiciones indecorosas e indignantes''.

El tercer visitador general, José Antonio Bernal Guerrero, dijo por su parte que la revisión indigna ''es una de las violaciones a los derechos humanos más generalizada en todos los reclusorios tanto federales como municipales y estatales''. En 95 por ciento de los centros penitenciarios del país existe esa práctica, dijo.

Vejaciones ocultas

''El número de quejas recibidas por este delito en la CNDH, de ninguna manera corresponde con las cifras reales, pues muchas personas prefieren someterse a las vejaciones antes de permitir que otras personas, inclusive sus familiares, se enteren de ello. Otros no denuncian por ignorancia''.

Actualmente, esta violación es reiterada y se argumenta que dichas revisiones se hacen para evitar la introducción a los penales de objetos o sustancias que pongan en riesgo la seguridad y la salud de los internos, ''pero ese control debe hacerse con el más absoluto respeto a la dignidad de las personas y a sus pertenencias'', señala.

La CNDH subraya que por más estrictas que sean las revisiones, ''el flujo de sustancias prohibidas no se detendrá mientras existan grupos de poder (autogobiernos), concesiones a internos y en general si el desorden y la inseguridad personal en la institución es una constante''.

Agrega que ha obtenido información en el sentido de que quienes introducen o permiten el tráfico de drogas es el personal de vigilancia o custodios.

Pide, además, se coloquen en sitios visibles de los reclusorios anuncios que contengan los derechos y obligaciones que contraen los visitantes, y que se adquiera el equipo y tecnología para las revisiones.