ENTREVISTA

Eduardo Contreras Mella

Presiona el gobierno de Ricardo Lagos al juez Guzmán para salvar de la cárcel a Pinochet

HUGO GUZMAN ESPECIAL PARA LA JORNADA

Santiago, 26 de junio. El proceso judicial contra el ex dictador Augusto Pinochet Ugarte podría prolongarse unos tres años más, y de concluir de acuerdo a derecho, la condena sería de presidio perpetuo para el antiguo jefe militar. Frente a ese escenario hay "una campaña de las fuerzas armadas, del go-bierno chileno y del pinochetismo por tratar de echar tierra cuanto antes al juicio a Pinochet", denuncia en entrevista el abogado Eduardo Contreras Mella, quien presentó en enero de 1998 la primera querella criminal contra el ex capitán general que luego derivó en su detención en Inglaterra, el proceso en España a manos del juez Baltasar Garzón y el enjuiciamiento en Chile.

La afirmación la hizo Contreras --quien fue diputado, dirigente del Partido Comunista, columnista del diario Unomásuno y vivió exiliado en México-- precisamente en estos días en que los abogados defensores del también senador vitalicio desaforado están pidiendo al Poder Judicial el so-breseimiento del juicio, línea en la que estarían altas autoridades del gobierno y el alto mando de los uniformados, además de jueces que pretenden cubrirlo con el manto de la ley de amnistía.

Actualmente Pinochet tiene la categoría de delincuente encargado reo en libertad bajo fianza. Existen más de 260 querellas criminales en su contra que comprenden varios casos, como el de la llamada caravana de la muerte, la Operación Cóndor, Vi-lla Grimaldi y el exterminio físico y sistemático de las direcciones políticas de los partidos Comunista, Socialista y Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Un equipo de 20 abogados están llevando adelante el proceso contra este militar que ahora ostenta, por decisión del ejército, el grado de comandante en jefe benemérito, afán obcecado de sus pares por prolongarlo en el tiempo.

--¿Dónde sitúa usted la campaña en contra del juicio a Pinochet?

--El propio juez Juan Guzmán denunció hace unos meses que fue presionado personalmente por funcionarios del Ministerio de Justicia. A través de José Antonio Gómez, ministro de Justicia, se ha ejercido presiónsobre el juez Guzmán y eso es abiertamente conocido. Es una presión que el presidente de la Corte Suprema de Justicia declare pú-blicamente, mientras está en curso un proceso judicial, que se debe aplicar la ley de amnistía a Pinochet; eso es escandaloso. El comandante en jefe del ejército, general Ri-cardo Izurieta, en una entrevista dijo "¡dejen tranquilo a Pinochet!", y el presidente Ri-cardo Lagos miente cuando asegura que no se presiona a los tribunales.

"Es imposible pensar que el ministro de Justicia por cuenta propia mandó presionar al juez Guzmán Tapia. Estamos frente a una campaña de las fuerzas armadas, del go-bierno chileno, del pinochetismo para tratar de echar tierra cuanto antes al juicio a Pinochet. Es una vergüenza para el Estado chileno, que empeñó su palabra ante la comunidad internacional en el sentido de que aquí había condiciones para juzgar a Pinochet. Nos están dando la razón a los que pensamos que aquí se podía dar determinados pasos pero que era imposible tener una condena a Pinochet en Chile. Este país tiene una democracia muy débil y el gobierno de la Concertación por la Democracia (socialistas, democristianos y radicales) no ha entendido que en la medida que se avance en el tema de los derechos humanos, se afianza la democracia en Chile. Sus dirigentes siguen temblando ante el poder de los militares".

--Parece que tiende a prolongarse el proceso contra Pinochet.

--Lo normal sería que el proceso se prolongue porque la legislación chilena es muy lenta, muy engorrosa. No es por voluntad nuestra. Hay que pensar, además, que re-cién estamos en el capítulo de la caravana de la muerte, por el cual Pinochet fue desaforado. Pero hay más de 260 querellas contra él que están en fase de investigación. Hay materia para dos o tres años más, por lo menos. Pero el gobierno de la Concertación está desesperado por la presión de los militares y quiere ponerle fin al juicio a Pinochet lo antes posible.

--¿Cuál es la situación concreta del juicio de Pinochet en estos momentos?

--Tiene la categoría de delincuente en-cargado reo en libertad bajo fianza. Para él no es una situación buena. Hace tres años que está en juicio y ahora es reo.

--La defensa ha argumentado el estado de salud de Pinochet como factor para detener o inhabilitar el juicio.

--El fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Raúl Rocha, se sumó al argumento de la defensa, dirigida por Pablo Rodríguez Grez, antiguo golpista y ex jefe del grupo de extrema derecha Patria y Libertad, al decir que Pinochet debe ser sobreseído porque el Estado debe garantizar a todo chileno la vida y la integridad física y síquica en un juicio. Es curioso que a quien no respetó la vida ni la integridad de nadie en este país durante la dictadura, se le proteja suponiendo que el proceso o que la condena pueda atentar contra su vida. Es un disparate grosero. La integridad física o síquica de Pinochet no se va a alterar por una condena o por un procesamiento.

"Ese fiscal, la defensa, el gobierno y los militares usan el elemento del estado de salud de Pinochet para sugerir que sea so-breseído. Hay que decirle a la opinión pú-blica internacional que las cárceles chilenas están repletas de ancianos, de gente en gra-ve estado de salud, tanto así que en diversas cárceles de Chile existen pabellones especiales para quienes han contraído el sida, y esa gente que está condenada a morir, ¿por qué no se les aplica a ellos las normas que ahora le quieren aplicar a Pinochet?, ¿por qué el ex dictador tiene que tener un privilegio especial?"

Caravana con sombrero ajeno

--El gobierno chileno hace un autoelogio por el procesamiento a militares violadores de derechos humanos.

--Mire, la apreciación nuestra y de la opinión pública chilena en general es que el gobierno de Ricardo Lagos se viste con ro-pa ajena. Efectivamente hay avance en ma-teria de derechos humanos pero ha sido a costa del sacrificio y de la lucha de muchos años que se inició el mismo 11 de septiembre de 1973 (día del golpe militar contra el presidente socialista Salvador Allende Gossens), que ha sido impulsada durante largos años por las fuerzas democráticas chilenas, por los familiares de las víctimas de la dictadura, y por los abogados querellantes en el último tiempo.

"A todo eso es absolutamente ajeno el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Ni Lagos ni el ministro del Interior, José Mi-guel Insulza (también estuvo exiliado en México), que llamó a no presentar más querellas contra Pinochet, tienen el más mínimo derecho moral o ético para pararse ante la opinión pública y registrar los avances en materia de derechos humanos como logros del gobierno. Ha sido luchando contra el gobierno que hemos logrado encarcelar a algunos responsables de violar los derechos humanos".

--Usted fue el primero en presentar una querella contra Augusto Pinochet.

--Efectivamente, fue el 12 de enero de 1998, hace más de tres años. En ese mo-mento, debo confesarle, soñábamos con lo-grar su desafuero como senador vitalicio. Sin embargo la realidad nos superó, y no sólo lo desaforamos sino que lo procesamos y logramos que hoy Pinochet esté encargado reo. Si no fuera por las presiones que se ejercen, hoy podríamos pensar en una condena, sin dudas.

--Si el proceso siguiera su curso normal, ¿cuál sería la condena?

--Debería tener la pena máxima porque tiene muchos agravantes y ningún atenuante. Eso lo hemos estudiado muy bien. Por suerte para él se abolió en Chile la pena de muerte, de modo que no podría ser fusilado. Pero no tengo ninguna duda de que es me-recedor, objetivamente, técnicamente, jurídicamente, de presidio perpetuo.