MIERCOLES Ť 27 Ť JUNIO Ť 2001
MEXICO S.A.
Carlos Fernández-Vega
LASTIMA, PORQUE TODOS habían manifestado "voluntad política" para aplicar la ley "hasta sus últimas consecuencias", "tope donde tope" y "caiga quien caiga". Pero, šqué creen!: la posibilidad de ejercer acción penal en contra de los presuntos responsables del delito, se esfumó.
RESULTA QUE EL IPAB informó al órgano superior de fiscalización de la Cámara de Diputados que en 421 de 422 créditos reportables (autopréstamos y créditos cruzados) detectados por Michael Mackey y ubicados en el apartado B de la auditoría que el canadiense practicó al Fobaproa, "la acción penal en contra de los presuntos responsables ya prescribió". Casualidades de la vida, pero, como dicen los enterados, safin safado, este delito se ha cancelado.
LOS CRÉDITOS REPORTABLES (alrededor de 2 mil) fueron ubicados por el canadiense en tres peldaños de una misma escalera: a) créditos que no cumplieron los criterios originalmente establecidos para la adquisición de cartera por parte del Fobaproa; b) operaciones en las que los bancos concedieron financiamiento a entidades con las que tenían alguna relación o afiliación (accionistas y empresas afines a las instituciones financieras, por ejemplo), y c) empréstitos otorgados de manera ilegal o clasificados como violatorios de las leyes y reglamentos aplicables a la banca. Con este criterio se identificaron préstamos por alrededor de 74 mil millones de pesos (a precios de 1995), de los cuales 42 mil 200 millones se encuentran en el apartado B.
LOS 421 EMPRÉSTITOS que se mencionan corresponden al Programa de Saneamiento Financiero de tres bancos: Atlántico, Promex y Bancrecer, instituciones que tienen registrados 12 mil 800 millones de pesos (cerca de 30 por ciento) de los 42 mil 200 millones que contiene el apartado B de las transacciones reportables identificadas en la auditoria de Mackey al Fobaproa.
BANCO DEL ATLANTICO fue adquirido (30 de marzo de 1992) por el Grupo Bursátil Mexicano, encabezado por Alonso de Garay Gutiérrez, Jorge Rojas Mota Velasco, Francisco López Riestra, Fernando Ramos González y Raymundo Leal Márquez, y pagaron cerca de 400 millones de dólares. Los créditos reportables de esta institución ubicados por el auditor Mackey suman alrededor de 235 millones de dólares, al tipo de cambio actual, es decir, 58.75 por ciento del monto cubierto al gobierno salinista por la compra de la institución financiera.
ENTRE LOS BENEFICIARIOS de este tipo de financiamientos otorgados por Banatlántico, de acuerdo con la información del auditor canadiense, aparecen Grupo Inmobiliario California (150 millones de pesos), Arrendadora Atlas (129 millones, con las familias Vega, Sáenz y Hirschfeld a la cabeza; en 1993 Rolando Vega Iñiguez, director de Banca Confia antes de 1982, fue miembro del consejo de administración de Banco del Atlántico), Viaductos de Peaje (340 millones), Tribasa (de David Peñalosa), Walworth de México (64 millones), Enlatadora Magdalena (54 millones), Santa Teresita de la Costa (33.3 millones), Campo Agrícola San Isidro (25.8 millones), Agropecuaria Aval (22 millones), Aceros Monterrey (11.7 millones), Gerardo Arturo Haces Abascal -miembro del consejo de administración- (44 millones), Fernando Hernández Lohr (40.2 millones), Carlos Alberto Zaragoza de Cima (25.2 millones), Arturo Lomelí Villalobos (22.8 millones), Luis de Garay Gutiérrez (21.5 millones), Arcadio Valenzuela -antes de la expropiación de 1982, Banpacífico, que encabezaba, se fusionó a Banatlántico- (2 millones) y Jesús María Montemayor Seguy (1.8 millones).
LA SUBASTA POR Bancrecer fue adjudicada al Grupo Alcántara el 20 de agosto de 1991, mediante el pago de 125 millones de dólares. El grupo de control lo encabezaron Roberto Alcántara Rojas, Librado Padilla, Carlos Mendoza Guadarrama y Rubén Goldberg. La generosidad del banco con sus accionistas permitió a Mackey ubicar créditos reportables por mil 65 millones de dólares, o lo que es lo mismo, 8.5 veces más que el precio cubierto por dichos inversionistas.
EN ESTA INSTITUCION bancaria aparecen como beneficiarios Aero Ejecutivo (366 millones, con Alejandro Morales Mega a la cabeza, quien perteneció al consejo de administración de Bancrecer), Compañía Importadora y Exportadora (247 millones), Inmobiliaria Pedrujerrín (165 millones), Constructora e Inmobiliaria Praderas del Río (128 millones), Industria de Madera Las Américas (116.7 millones), Aluminio Manufactura y Ensamble (108 millones), Joel Alvaro Valenzuela Parra (172.8 millones), Héctor y Arturo Lomelí Villalobos (151.7 millones), Eduardo Zaragoza Fuentes (111.5 millones) y José Manuel Fernández Hernández (107 millones, también integrante del consejo de administración), entre otros.
POR LO QUE toca a Promex, el gobierno salinista oficialmente le dio salida el 6 de abril de 1992. Se lo adjudicó al grupo de empresarios encabezado por Eduardo A. Carrillo Díaz, José Méndez Fabre, José Guarneros Tovar y Mauricio López Velasco, quienes se comprometieron a pagar 315 millones de dólares. En este banco, la auditoría al Fobaproa registró créditos reportables por un total de 127 millones de dólares, 40 por ciento del precio de adquisición.
LA RELACION DE créditos reportables de Bancrecer es enorme, aunque los empréstitos son pequeños en relación con los registrados por otras instituciones financieras. Así, entre otros, aparecen relacionados Grupo Paneles (47 millones de pesos), Industrias Sandoval de Occidente (12 millones), La Arandina (12 millones), Desarrollos Turísticos del Pacífico (11.2 millones), Garver Internacional (5 millones) y Estrategias Turísticas (4 millones).
POR TODO ELLO, felicidades: a los banqueros que de manera ilegal otorgaron ese tipo de créditos, a los beneficiarios por haber utilizado el dinero libre de consecuencias legales y a los funcionarios públicos que, con la información en su poder, no hicieron absolutamente nada por enmendar esta práctica ilícita. La nación, orgullosa, les agradece el regalito.
PERO NO HAY que perder el entusiasmo. Aún quedan "encapsulados" -es decir, en el anonimato del disco compacto resultante de la auditoría Mackey, que no termina de abrirse, porque "todo mundo ya aportó su llave", pero nadie las encuentra- entre 18 y 19 mil créditos reportables asumidos por el Fobaproa. La única recomendación que puede resultar útil para los señores diputados, es que consulten con mayor frecuencia el calendario, averigüen los plazos legales de prescripción de estos financiamientos y, de una vez por todas, llamen a un cerrajero para que le quiten el grueso candado al disco más solicitado de los últimos años.
Las rebanadas del pastel:
LAS NOVEDADES SIGUEN a la orden del día: 77 por ciento de las secretarías de Estado, las paraestatales de primerísimo nivel y organismos bajo control gubernamental operan con el servicio de larga distancia que proporciona la telefónica Avantel (aún propiedad de Roberto Hernández y subsidiaria del Grupo Financiero Banamex), empresa de la que fue director general Francisco Gil Díaz (secretario de Hacienda que se "excusó" ante el presidente Fox de participar en el proceso de compra-venta de Banamex al Citigroup), revela un sondeo realizado y publicado por el periódico El Universal... El próximo lunes Pedro Manuel Zorrilla Velasco, egresado del ITAM, asumirá la dirección general adjunta de la Bolsa Mexicana de Valores, quedando bajo su responsabilidad la coordinación estratégica y operativa del organismo.
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