miercoles Ť 27 Ť junio Ť 2001

Carlos Martínez García

Ixmiquilpan: las razones del funcionario

Ningún alto funcionario gubernamental va a reconocer que sus acciones de gobierno son débiles, insuficientes, contradictorias o superficiales. Trátese de compra de toallas y sábanas para la casa presidencial a precios muy por encima del mercado, o bien, como en el caso que hoy nos ocupa, de hacer malabares hermenéuticos para tratar de explicar por qué no se actúa con decisión y firmeza para salvaguardar los derechos de un grupo de mexicano(a)s de no compartir las creencias religiosas, y algunas prácticas culturales que de ellas se derivan, de una mayoría intolerante a la que las autoridades estatales y federales han dejado tomar en sus propias manos lo que entienden por justicia.

Pretendiendo hacer precisiones al excelente trabajo del reportero Carlos Camacho, de La Jornada, sobre sus notas del acoso que padecen desde febrero los protestantes por parte de los católicos tradicionalistas en el barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, el director general de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, Alvaro Castro Estrada, hizo afirmaciones en El Correo Ilustrado del jueves pasado que vamos a desglosar. En primer lugar dice que por instrucciones del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Javier Moctezuma Barragán, ha desarrollado labores de mediación entre "los denominados grupos católico y evangélico, a fin de contribuir a conciliar y superar sus diferencias relacionadas con pagos de servicios públicos y aportaciones para las festividades de la comunidad, entre otros". El doctor Castro Estrada, de inicio, olvida decir que el conflicto es de naturaleza religiosa, por eso ha estado presente en las negociaciones. Si fuera una cuestión de contribuciones y pagos de servicios públicos entonces el diferendo lo estaría tratando la tesorería del municipio y/o la del estado de Hidalgo. Después presenta como totalidad a una parte, que aunque es ampliamente mayoritaria, no contiene a toda la población de San Nicolás. Las "aportaciones para las festividades de la comunidad" de que habla en su carta el director de Asociaciones Religiosas, son festividades católicas, como la preparación que los católicos tradicionalistas realizan meses antes para festejar a su santo patrono cada 10 de septiembre: San Nicolás Tolentino.

La epístola del funcionario sostiene que las partes se comprometieron "... a sostener un diálogo respetuoso que no quede sujeto a condición o tiempo alguno". Las notas de Carlos Camacho que cuestiona Alvaro Castro, tal vez porque no son positivas para los intereses de la subsecretaría que lleva el caso, han dado puntual seguimiento a la flagrante violación de un compromiso que es inexistente para los hostigadores de la minoría evangélica. ƑDónde está el diálogo respetuoso cuando desde febrero los celosos católicos le cortaron el suministro de agua a los protestantes, con el pretexto de que tienen adeudos por ese servicio? ƑSe puede hablar de igualdad en las negociaciones cuando la intolerante mayoría lleva maquinaria pesada a las puertas de las casas o lugares de reunión de lo(a)s protestantes, arguyendo realización de faenas comunitarias? ƑY la prohibición para que los disidentes puedan sepultar a sus muertos en el panteón del poblado, y la destrucción de sus cultivos? ƑQué no se decretó la secularización de los cementerios desde la época de Benito Juárez? Pero eso sí, para Castro Estrada "el diálogo se encuentra en marcha" y "no cabe hablar de una inminente expulsión de familias de la comunidad evangélica en San Nicolás, como erróneamente se pretende difundir". Entonces hay que agradecerle al director que por su expedita y eficaz labor nada más los protestantes viven cotidianamente bajo presión y amenazas, que seguramente fortalecen su fe, pero todavía no son expulsados de Ixmiquilpan.

Según la misiva de Alvaro Castro Estrada los participantes en el inequitativo diálogo han ocupado parte de su tiempo en hacer "un reconocimiento sobre la conveniencia de preservar los usos y costumbres de la comunidad, siempre y cuando éstos no sean incompatibles con los derechos humanos fundamentales reconocidos en el sistema jurídico mexicano". No sabíamos del acendrado interés del doctor Castro por discutir temas como los que se abordaron en los acuerdos de San Andrés y en la llamada ley Cocopa. Es interesante la discusión entre los límites y alcances de los usos y costumbres. Pero de lo que se trata en el caso de los evangélicos de Ixmiquilpan es de cómo la normatividad del poblado, en buena medida acuñada por la simbiosis religión católica/poder político, vulnera los derechos de una minoría que no se apega a ciertas reglas que aparecen como cívicas pero su centro es religioso. Porque eso de pensar y decir que el problema es cultural y no religioso ("no se les hostiga por sus creencias, sino porque no cooperan con las festividades que son naturales para la mayoría católica"), implica quitarle a los acosados su derecho a una identidad alternativa que no comparte el núcleo de convicciones ancestrales y tradicionales. La discusión debió centrarse en la parte de los usos y costumbres realmente existentes que violan los derechos de lo(a)s evangélico(a)s.

El mismo funcionario que tan satisfecho está por los diálogos de Ixmiquilpan, es quien pidió por adelantado y reiteradamente al apoderado legal de la Convención Bautista de México el discurso que el presidente de esta asociación religiosa dirigió, hace dos semanas, en la ceremonia donde el secretario de Gobernación, Santiago Creel, encabezó la firma del convenio para promover la tolerancia religiosa junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Indigenista. Le preocupaba a Castro Estrada que el dirigente bautista se refiriera a casos delicados Ƒcómo el de Ixmiquilpan? No sabemos si lo hizo por instrucciones de Javier Moctezuma Barragán, o por propia cuenta, pero esas prácticas de presionar a interlocutores incómodos nos recuerda viejas maniobras de un régimen que supuestamente ya no está en el poder.