MIERCOLES Ť 27 Ť JUNIO Ť 2001
Ť "Avance histórico", según el Colegio de la Frontera Norte; "limitado", para ONG
Divide opiniones de especialistas y legisladores el plan binacional de protección a indocumentados
Ť Silvia Hernández externa su preocupación de que el programa propicie aún más abusos
ELIZABETH VELASCO C. Y ANDREA BECERRIL
Mientras para el Colegio de la Frontera Norte es un "avance histórico" el plan de México y Estados Unidos para salvaguardar la seguridad de los migrantes que tratan de cruzar la frontera norte, para agrupaciones de defensa de los derechos de ilegales, como American Friends Service Committe of California (AFSCC) y Lawyers Committe for Civil Rights (LCCR) "el acuerdo es limitado e indignante" porque "no resuelve la violencia ni el riesgo de muerte".
"Cambiar el uso de armas letales por petardos no frena la virulencia con que son tratados los migrantes, muchos de ellos mexicanos. Cada semana nos reportan casos de golpizas o balaceras ejecutadas por elementos de la Patrulla Fronteriza", afirma Roberto Martínez, director del Programa Fronterizo México-EU de la AFSCC de San Diego, California.
A su vez, Philip Hwang, asesor de LCCR de San Francisco, sostiene que cualquier negociación entre ambas naciones debe comprender mecanismos que garanticen el respeto íntegro a los derechos humanos de los inmigrantes.
En cambio, el presidente del Colegio de la Frontera Norte, Jorge Santibáñez, consideró que el Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza tiene aspectos "positivos". "Por primera vez en los últimos 40 años se habla de una modificación de la política migratoria estadunidense y esto es un avance si se considera que históricamente no se había reconocido en un círculo gubernamental que su política de control de la frontera no era la más correcta", declaró.
Aceptó que la "situación es muy compleja en la frontera norte como para pensar que de la noche a la mañana van a disminuir los riesgos. Todavía este verano habrá situaciones de riesgo para los migrantes y vamos a tener que enfrentarlos".
El plan, "novedoso" para Santibáñez, impulsa la sustitución de armas de fuego por artefactos que lanzarán polvo picante para inmovilizar a los migrantes, y operativos de "disuasión" de la migración con la participación de la Patrulla Fronteriza e integrantes del Grupo Beta.
En entrevista vía telefónica desde San Diego, Martínez objetó el acuerdo: "sólo se trata de crear una cortina de humo porque no será posible detener el flujo de personas que de una u otra forma van a intentar cruzar la frontera".
Para la AFSCC -agrupación que nace en 1980 como coalición de defensa de los derechos de los migrantes, en particular mexicanos- es "indignante" que ese plan piloto opere en una sola región cuando "toda la línea fronteriza es de riesgo, sobre todo en el sur de Texas y Arizona, donde los migrantes han sido asesinados por policías", indicó Martínez.
Pero Santibáñez insistió en que el plan conjunto permitirá disminuir los abusos de la Patrulla Fronteriza y de los policías mexicanos del Grupo Beta, aun cuando reconoce que la solución a mediano y largo plazos sería la regularización de más de 3 millones de compatriotas que radican como ilegales en el vecino país del norte.
En cambio, Martínez sostuvo que una solución real sería "la apertura de las fronteras, proteger los derechos humanos de los migrantes y dejar de empujarlos a regiones cada vez más peligrosas -desiertos y montañas- como sucede con los operativos puestos en marcha desde 1994 (Guardián, Salvaguarda, Río Grande, Bloqueo).
De las visas temporales para mexicanos, dijo que es una solución "parcial, porque podrán trabajar un año o más para luego echarlos sin recibir beneficios como vivienda, seguro y servicios de salud". Planteó que el Programa Huésped es similar al bracero acordado después de la Segunda Guerra Mun- dial. "Les deducirán un porcentaje de su sueldo para asegurar que van a regresar a México. Esto ocurrió con el programa bracero y aún les deben millones de dólares a las familias de aquellos mexicanos".
Postura en el Senado
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para América del Norte, Silvia Hernández, advirtió que el recién anunciado Plan de Cooperación contra la Inseguridad conlleva varios riesgos, entre otros que los integrantes de la Patrulla Fronteriza, alentados por la posibilidad de usar balas de goma para evitar la entrada ilegal de mexicanos a Estados Unidos, practiquen con ellos el "tiro al blanco".
Por ello, agregó, los legisladores que integran ese organismo propusieron al gobierno federal que ese proyecto, "que ni es programa, ni nuevo", sea analizado dentro de tres meses para ver si realmente funciona, además de darle un seguimiento permanente.
La senadora del PRI dijo que, sin descalificarlo de antemano, ese plan piloto tiene más de publicidad que de acciones efectivas. Por ejemplo, mencionó que hablar de que el Grupo Beta crecerá 40 por ciento suena bien, pero advirtió que ese incremento significa que el organismo pasará de 60 a 80 elementos.
Agregó que hay preocupación por el peligro de que ese plan opere en sentido inverso al que le dio origen. "Hay que ver si estas armas no letales, que ahora podrán emplear contra los indocumentados, no generan entre aquellos que de por sí tienen una actitud xenofóbica y antimigrante, mayor violencia hacia los mexicanos que tratan de pasar a territorio estadunidense".
La senadora Hernández resaltó que hay una "enorme inconsistencia" en la política migratoria del gobierno de Fox, toda vez que de sus planteamientos iniciales sobre apertura total de fronteras hacia Estados Unidos, que el Ejecutivo planteó incluso a la administración Bush, lo único que se ha hecho es la aplicación de "pequeñas medidas piloto", como el recién dado a conocer Programa de Cooperación contra la Inseguridad.
Hizo notar que también es motivo de dudas el aumento de las visas HDA y HDB, de lo que también se ha hecho gran difusión, pero sin precisar el número total de permisos para trabajar temporalmente en Estados Unidos. "Queremos saber hasta dónde se expandió, ya que se trata de una decisión unilateral del gobierno estadunidense".
Resaltó, asimismo, que esa Comisión de Relaciones Exteriores está en contra de la intención de militarizar la frontera sur mexicana. "El gobierno debe tener una política de migración unificada, con los mismos derechos para los que entran y los que salen de territorio nacional", concluyó.