En lo que constituye un hecho por demás preocupante, dos altos directivos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), León Halkin Bider y Manuel Reguera Rodríguez, pidieron al presidente Vicente Fox que imponga,"por decreto" juicios sumarios y penas de cadena perpetua a los culpables de secuestros, violaciones y homicidios calificados. Para argumentar semejante propuesta, enviada al mandatario por medio del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, Reguera Rodríguez afirmó sin empacho que "no queremos tener problemas de tiempo con el Legislativo ni largas discusiones con Derechos Humanos".

Ciertamente, sería necio ignorar la grave inseguridad en que vive la sociedad mexicana, el embate de las organizaciones delictivas y la ineptitud de las instituciones responsables de la seguridad pública y de la procuración e impartición de justicia.

Pero es indignante e inaceptable que ante estas circunstancias indeseables y lacerantes, generadas por la precariedad del estado de derecho, los representantes empresariales referidos propongan como solución acabar de una vez por todas con ese mismo estado de derecho: trastocar el orden constitucional de la separación de poderes, acabar con las garantías individuales ("no queremos largas discusiones con Derechos Humanos"), atropellar el federalismo y conjurar una Presidencia mucho más autoritaria que en los peores tiempos del priísmo, cuando al menos se cuidaban las formas de la dignidad del Legislativo. Desde la perspectiva de Halkin Bider y Reguera Rodríguez, el desempeño de sus funciones por parte del Congreso de la Unión es, simplemente, una "pérdida de tiempo"; para evitarla, quedaría plenamente justificada la instauración de un Ejecutivo totalitario que absorba las tareas del Legislativo e imponga, sobre una población ya acosada por la criminalidad rampante, el equivalente a una suspensión de garantías.

Es deplorable, pero ante actitudes como la reseñada lo mejor que podría esperarse es que fuera fruto de una ignorancia, así sea abismal, de la realidad nacional y de los principios elementales de la política y el derecho contemporáneo, y no expresión de una mentalidad autoritaria y de un desprecio consciente a los derechos humanos.

Aun así, en la menos peor de las hipótesis, resultaría alarmante que entre la directiva de los industriales del país se manifestara un desconocimiento y una carencia de sentido común tan avasalladores que no permitiera reconocer lo obvio: que, en un contexto en el que la impunidad es norma y la justicia, excepción, antes que endurecer las sanciones penales vigentes es necesario preocuparse por sanear las instituciones policiales y judiciales del país para garantizar que tales sanciones se apliquen de manera efectiva; que el derecho penal establece delitos del fuero común y otros del ámbito federal y que en un entorno democrático como el que la sociedad mexicana aspira a construir y consolidar, las leyes y los códigos los hacen los Congresos --el de la Unión y los estatales--, no el Presidente.

Independientemente de si es producto de la ignorancia o de un empeño antidemocrático y contrario a la vigencia de las leyes, la propuesta de la Concamin es una provocación y un agravio a los principios básicos del orden social y de la convivencia cívica.