MARTES Ť 26 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Aportan pruebas contra Ricardo Miguel Cavallo y la Operación Cóndor

Testifican ante el juez Garzón cuatro víctimas de las dictaduras militares del Cono Sur

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 25 de junio. Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional de España que instruye los procesos judiciales contra las dictaduras militares del Cono Sur, tomó hoy declaración a cuatro víctimas de la represión, entre ellas Laura Villaflor, una argentina de 22 años que fue separada de sus padres, todavía desaparecidos, a los 11 meses de edad, durante una operación perpetrada presuntamente por el militar argentino detenido en México, Ricardo Miguel Cavallo.

Los testimonios y las pruebas presentadas ante el magistrado español también aportan nuevas evidencias sobre la participación activa de militares uruguayos en la Operación Cóndor, sobre la extorsión económica que sufrieron algunos empresarios a manos del régimen dictatorial, así como los secuestros, las torturas, los asesinatos y las desapariciones que sufrieron miles personas en aquellos años.

Las denuncias presentadas hoy ante Garzón involucran a Ricardo Miguel Cavallo como activo represor de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA); también se inculpa al ex presidente y general argentino Leopoldo Fortunato Galtieri como presunto responsable de una extorsión de más de 2 millones de dólares y a 32 militares uruguayos que participaron en la estrategia represiva continental, llamada Operación Cóndor.

Laura Villaflor, hija del dirigente político Raimundo Villaflor y de la española Elsa Martínez Macejo, desaparecidos por un comando dirigido por Cavallo, testificó por primera vez ante Garzón.

Villaflor quedo huérfana, junto con su hermana y prima, cuando tenía 11 meses de edad, después de que sus padres fueron secuestrados y recluidos en la ESMA, de donde desaparecieron en 1980. La última vez que esta joven vio a sus padres fue gracias a las llamadas "visitas familiares" y fue el propio Cavallo el encargado de acompañar a su madre.

"Las visitas familiares consistían en que adentro de la ESMA había un proceso que se llamaba de readaptación o de reinserción social, que consistía en que a los detenidos los sacaban de la ESMA y los llevaban a hacer visitas a sus familiares... Y este tipo (Cavallo) fue el que llevó a mi prima y a mi madre a mi casa, era el que los llevaba y los traía de la ESMA", narró Villaflor a La Jornada.

Villaflor, quien tras prestar declaración se fue al pueblo gallego de origen de su madre, Gondomar, donde se le rindió un homenaje, se pronunció porque Cavallo sea condenado a "cárcel perpetua", tras destacar que "en Argentina las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son las leyes por las cuales nunca se ha podido crear justicia contra los represores".

La uruguaya Sara Méndez anda tras las huellas de su hijo, Simón Riquelo, quien le fue arrebatado a los 20 días de nacido cuando fue secuestrada en Buenos Aires en 1976. Méndez presto su declaración ante Garzón para responsabilizar de su secuestro y la desaparición de su hijo a los militares uruguayos que participaron en la Operación Cóndor, entre los que señala directamente al general Nino Cavazo.

Sara Méndez es de los 60 uruguayos que fueron ingresados al centro de exterminio llamado Automotores Orletti, de los cuales 23 permanecen todavía desaparecidos.

Méndez, quien ya declaró ante Garzón en 1997, dijo a La Jornada: "los militares uruguayos que participaron en el secuestro de mi hijo y mío mantuvieron durante un tiempo un control sobre ese lugar. Este fue un dato nuevo aportado a la investigación de Garzón. En cuanto a las pruebas del Plan Cóndor, ya dieron testimonio cinco uruguayos ante el juez Garzón y el argentino Juan Gelman. Todas estas declaraciones arrojan un número de 32 militares uruguayos que estuvieron participando en las operación de coordinación represiva entre Uruguay, Paraguay y Brasil".

Garzón también tomo declaración a Manuel de la Rúa, quien acusó a Galtieri de intento de asesinato y extorsión económica por más de dos millones de dólares; y a Paola Marta Sánchez, quien acusa a los jefes de las Juntas Militares del secuestro, las torturas y el ocultamiento de los restos de sus padres, Jorge César Sánchez y Celia Isabel Ibarra.