MARTES Ť 26 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Resolución sin precedente; autoridades deben justificar su negativa a excarcelarlo
Ordenan a un juez dar entrada a solicitud de amparo interpuesta por el general Gallardo
JESUS ARANDA
En una resolución sin precedente, el segundo tribunal colegiado en materia penal del estado de México ordenó a un juez de distrito dar entrada a la demanda de amparo que interpuso el general José Francisco Gallardo en contra del Presidente de la República, para que éste cumpla con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de liberar de inmediato al militar, en razón de que es un preso de conciencia.
En entrevista, Félix Francisco Garza Martínez, abogado defensor de Gallardo, informó lo anterior y añadió que por primera vez, el Presidente de la República, el secretario de la Defensa Nacional, el procurador militar y otros funcionarios federales y del estado de México tendrán que rendir informes justificados sobre su negativa de dejar libre a Gallardo, preso desde 1993 purgando una condena de 28 años de prisión.
Explicó que el 19 de febrero pasado, Gallardo interpuso ante el juzgado sexto de distrito en el estado de México un amparo en contra del Presidente de la República por el incumplimiento de la resolución de la CIDH de 1996 que recomendó su inmediata liberación.
Sin embargo, el juez consideró el 27 de febrero pasado que el recurso era improcedente, por lo que los abogados defensores de Gallardo, Félix Francisco Garza Martínez y Felipe Corona Flores, interpusieron un recurso ante el segundo tribunal colegiado con sede en el estado de México -que integran José Nieves Luna Castro, Arturo García Torres y Jorge Luis Silva Banda-, quienes le ordenaron al juez que dé entrada al amparo para que solicite los informes justificados a las autoridades demandadas.
Una vez que se rindan dichos informes, el juez sexto de distrito tendrá que convocar a una audiencia constitucional para después determinar la procedencia del amparo, con el cual se pretende obligar al presidente Fox a que cumpla con la recomendación emitida en 1996 por la CIDH, en la que solicita liberación inmediata.
Garza señaló que un punto fundamental que se hizo valer en este proceso fue el hecho de que por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se considera que los tratados internacionales -en este caso el reconocimiento de México de la CIDH- están solamente debajo de la Constitución, pero arriba de todas las leyes federales. Por lo que, al haber una recomendación de un organismo internacional reconocido oficialmente por el gobierno mexicano, éste tiene la obligación de cumplirlo.
Por su parte, José Francisco Gallardo Enríquez, hijo del militar, afirmó que la resolución es "alentadora", pues se da en el marco de la visita de la CIDH a México la próxima semana, "abriéndose la posibilidad de que el Ejecutivo federal cumpla con la recomendación del organismo hemisférico y libere al general de su injusto encarcelamiento que está por cumplir ocho años".
Agregó que sería una muestra de "clara voluntad del presidente Fox" el que éste ordenara la liberación, sobre todo porque desde que asumió la primera magistratura se comprometió a respetar los derechos humanos en el país.