MARTES Ť 26 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Concamin propone que el Presidente expida un decreto para aplicar juicio sumario

Exigen empresarios cadena perpetua contra los culpables de homicidio, violación y secuestro

Ť Canacintra: desempleo y pobreza pueden dar lugar a una delincuencia "incontrolable"

Ť Aguilar Zinser reconoce que sólo se denuncia entre 5 y 10 por ciento de actos ilícitos

DAVID ZUÑIGA

Mientras los industriales exigieron al presidente Vicente Fox emitir un decreto para aplicar juicio sumario y cadena perpetua a los acusados de homicidio calificado, secuestro o violación, "porque no queremos tener problemas de tiempo con el Legislativo ni largas discusiones con Derechos Humanos", el consejero de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinser, aclaró que esta decisión le corresponde al Congreso, no al Ejecutivo, y señaló que en la práctica la prisión perpetua ya se aplica, pero el verdadero problema es la impunidad, pues sólo se denuncia entre 5 y 10 por ciento de los delitos.

Al inaugurar ayer la Semana Nacional de la Seguridad en el auditorio de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Aguilar Zinser anunció que antes de que acabe este año las distintas corporaciones y niveles de gobierno deberán estar trabajando en forma coordinada para combatir el crimen organizado. Asimismo anunció que en septiembre se enviará al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de aplicar a los corruptos penas "ejemplares, mucho más severas que al ciudadano común y corriente por el mismo delito".

El gasto de la residencia oficial

-ƑCree que sea el caso de lo ocurrido en Los Pinos? -preguntó una reportera en referencia a las presuntas anomalías detectadas en el gasto de la residencia oficial.

-Con todos los delitos, en todas las circunstancias y en todas las entidades del gobierno. Si hubo irregularidades se tomarán las medidas que la ley indique -respondió.

El funcionario reconoció que la raíz de la inseguridad está en la pobreza, la marginación, la falta de información confiable, organización y coordinación entre autoridades y, sobre todo, en la corrupción que facilita la impunidad. Asimismo consideró "absurdo" separar los delitos federales de aquellos del fuero común, ya que ello obstaculiza la coordinación entre corporaciones

Acompañado por el procurador militar, Jaime López Portillo, y por el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, José Elías Romero Apis, Aguilar convocó a los empresarios a crear sus propios sistemas de información sobre los delitos que se cometen contra sus agremiados y compartir estos datos con las autoridades estatales y federales.

Interrogado sobre las declaraciones del subprocurador general de la República, Jorge Campos Murillo, quien lo acusó de hacer comentarios "antiestratégicos" sobre la reaprehensión de Joaquín El Chapo Guzmán, el consejero argumentó que fueron los reporteros quienes alteraron la información: "Se me acercaron unos periodistas y me dijeron: 'ƑQue ya van a capturar a El Chapo Guzmán?' Yo les dije: 'Sí, queremos capturarlo', y con ello construyeron otra versión".

Por su parte, el presidente de la Canacintra, Raúl Picard del Prado, advirtió que si el gobierno federal no libera de una vez los recursos para obras públicas y aplica otras medidas para reactivar el mercado interno -como la compra de 35 por ciento de sus insumos a micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas-, el desempleo y la creciente pobreza pueden dar lugar a una delincuencia "incontrolable".

Regreso a las Islas Marías

Por la mañana, el presidente de la Comisión Jurídica de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Reguera Rodríguez, pidió al presidente Vicente Fox pasar por encima del Legislativo y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y emitir un decreto por medio del cual se apliquen juicio sumario y cadena perpetua a los acusados de secuestro, violación u homicidio calificado, y que se les envíe a las Islas Marías o a las Revillagigedo.

En conferencia de prensa, Reguera comentó que ante "el estado de emergencia" que vive el país por la inseguridad, un grupo de industriales visitó al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, para pedirle que promoviera la mencionada propuesta ante el Presidente. Según el empresario, de aplicarse estas medidas el índice de criminalidad disminuiría "alrededor de 70 por ciento en tres meses". Sin embargo, Reguera no supo explicar en qué basa sus cifras y reconoció que desde hace dos semanas la PGR no les ha dado respuesta.

Plagios y robos cuestan casi 1% del PIB: industriales

León Halkin Bider, vicepresidente de la Concamin, dijo que el año pasado autoridades federales y estatales reportaron 486 secuestros de empresarios, pero hay una "cifra negra" de más de 5 mil delitos de este tipo, que junto con los robos a empresas y en carreteras le cuestan al país "casi 1 por ciento del producto interno bruto". Como ejemplos mencionó que, debido a la inseguridad, el año pasado se cancelaron proyectos de inversión por 500 millones de dólares con empresas de alimentos de la Unión Europea; asimismo, el robo de componentes le causa a la industria electrónica retrasos de hasta 90 días en sus líneas de producción.

Por otra parte, Halkin señaló que los programas de combate a la piratería y el contrabando han tenido magros resultados a pesar de la purga de agentes en las aduanas. En industrias como la del calzado y ropa, agregó, el volumen del comercio ilegal (mercancía robada, pirata y de contrabando) está cerca de superar el legal.

Efrén Huerta Rodríguez, encargado de la comisión de piratería, señaló que México ocupa el "tercer o cuarto lugar" en esta actividad ilegal y está en riesgo de ser descertificado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos por no defender los derechos de propiedad intelectual, lo que además de alejar inversiones implicaría sanciones comerciales.

Ante esta situación, el industrial propuso reinstalar la Comisión Intersecretarial para la Salvaguarda, Protección y Defensa de la Propiedad Intelectual, formada por las secretarías de Educación, Economía, Hacienda y Gobernación y por las procuradurías General de la República y del Distrito Federal. Según Huerta, dicha comisión prácticamente no ha cumplido sus funciones desde su creación, en 1994.