Detener las fumigaciones contra los campesinos, colonos e indígenas constituye hoy una prioridad en defensa de los derechos humanos, la integridad de las comunidades y las familias, la seguridad alimentaria, la salud y la biodiversidad, vulnerados por las políticas represivas impulsadas por el Estado colombiano contra los cultivos ilícitos.

Un caso reciente es la fumigación intensiva en el Putumayo. Según la Defensoría del Pueblo se fumigaron incluso proyectos de desarrollo alternativo y de cooperación internacional y hasta cultivos lícitos de comunidades indígenas y campesinas que ya habían firmado "cartas de intención o de compromiso" para la erradicación manual. La fumigación, señala el informe, aumentó la deforestación del piedemonte amazónico, destruyó cultivos de alimentos y de plantas medicinales, afectó estanques piscícolas, incrementó migraciones de animales silvestres, produjo daños sobre los cuerpos de agua, redujo la seguridad alimentaria de los habitantes de las zonas afectadas, incrementó el costo de la vida, produjo desplazamiento de población hacia otros departamentos y hacia el Ecuador.

Además de suspender la fumigación química, se debe descartar cualquier proyecto de investigación o uso de armas biológicas para erradicar cultivos de coca, amapola o marihuana y solicitar a la Comisión de Estupefacientes de la ONU y a la Conferencia de las Partes del Convenio de Armas Biológicas y Tóxicas la prohibición global del uso de agentes biológicos contra cultivos.

La política antidrogas auspiciada por Estados Unidos significa la criminalización de los campesinos cultivadores, la militarización de la región y la internacionalización del conflicto colombiano. En la actualidad es evidente que, mientras esta política afecta a los campesinos, los narcotraficantes desplazan los cultivos, incluso entre países, y protegen sus capitales en el sistema financiero internacional y los "paraísos fiscales".

Las leyes antidroga y el prohibicionismo crearon el problema que padecen países, como Colombia, donde hoy existen cultivos declarados ilícitos. "La coca, que solía masticar una minoría indígena en nuestras montañas aisladas, se convirtió en un artículo de lujo gracias a la política del gobierno norteamericano. Poco tuvimos que ver con ella, ni en sus orígenes, ni en sus fatales resultados. Pero ahora somos the Colombian connection", dijo el ex presidente Alberto Lleras Camargo en 1979. Por ello, conocidos intelectuales promueven el debate internacional sobre la legalización de la droga; argumentan sobre la despenalización e insisten en que las organizaciones criminales que actúan alrededor del fenómeno de las drogas sólo serán derrotadas cuando se desvertebre su estructura financiera, edificada sobre los inmensos rendimientos que produce el prohibicionismo.

Las soluciones

Es urgente un nuevo concepto de responsabilidad internacional compartida. El mal no son las drogas en sí mismas, sino las políticas. La política represiva hasta ahora aplicada genera dividendos para los narcotraficantes, golpea a campesinos y consumidores y se convierte en arma de dominación imperial.

La corresponsabilidad no puede consistir en la ayuda militar o en recursos para un desarrollo alternativo entendido como complemento de acciones de fuerza contra los países productores ?en especial contra los campesinos?, sino en la promoción de soluciones pacíficas, reformas estructurales con aportes de los países consumidores, los países proveedores de insumos químicos y los países que encubren los capitales producto del narcotráfico.

Dado que la iniquidad de la estructura de la propiedad de la tierra y la expulsión de campesinos de las áreas de frontera agrícola facilitan la expansión de los cultivos con fines ilícitos, se requieren políticas estructurales que contribuyan a resolver el problema social, revertir flujos migratorios, estabilizar procesos de colonización, disminuir la presión sobre la selva, los bosques de niebla y otros ecosistemas frágiles.

Pero es necesario distinguir entre a) los colonos y jornaleros recolectores de hoja de coca, raspachines, muchos de ellos de origen urbano, y b) los colonos campesinos expulsados del interior del país hacia la periferia selvática y que, a diferencia de los primeros, tienen algún potencial de arraigo.

Esto exige estrategias diferenciadas para cada caso, estímulo al retorno a sus lugares de origen o la reubicación, con ordenamiento territorial que delimite áreas ocupadas y áreas protegidas, que sustraiga los territorios de colonización situados sobre ecosistemas frágiles o sin perspectivas para una reconversión productiva sostenible. Los programas de reubicación de población que de allí se deriven deben ser voluntarios y graduales, con garantías para una vida digna y segura en los sitios de llegada.

La defensa de la diversidad biológica y cultural también exige un régimen especial de protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y afroamericanas, de conformidad con su derecho consuetudinario y con instrumentos del derecho internacional, como el Convenio 169 de la OIT y el Convenio sobre Diversidad Biológica. Es indispensable una moratoria sobre la bioprospección mientras la herencia cultural de los pueblos y comunidades no esté protegida a cabalidad por leyes nacionales e internacionales.

¿Políticas de sustitución o de competencia?

Sustituir cultivos declarados ilícitos, ubicados sobre ecosistemas frágiles, por cultivos lícitos en estos mismos sitios no es una reconversión productiva sostenible. Allí donde la vocación de los suelos lo permita, en lugar de recomendar cultivos sustitutivos, se sugiere derivar hacia complejos de actividades en competencia con la economía de los narcóticos, basadas en la sustitución voluntaria y gradual por las comunidades campesinas. Por lo tanto, se trata de una acción sostenida a largo plazo, teniendo en cuenta que mientras haya demanda de narcóticos habrá su correspondiente oferta.

La sustitución, no de la planta, sino del uso, para destinarla a la alimentación, la medicina y otros fines, es otra propuesta viable en lo social, económico y ambiental.

Condiciones esenciales para el desarrollo de esas propuestas competitivas son: la construcción social de espacios de acuerdo con las características de los ecosistemas, con base en el desarrollo del poder local y la autogestión de las comunidades; el mejoramiento de las explotaciones agrícolas y pecuarias, mediante prácticas sostenibles, como el potrero arborizado, la ganadería estabulada, la silvicultura, la acuicultura, la zoocría controlada, la agroforestería y otros modelos agrícolas alternativos y biodiversos.

Este enfoque debe contribuir al fortalecimiento de la solidaridad local y entre vecinos, a una relación más armónica con el entorno natural, con seguridad alimentaria de las familias y autosuficiencia alimentaria regional, recogiendo experiencias de los pueblos indígenas, comunidades locales campesinas o afroamericanas.

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