La permanente fumigación de cultivos de drogas perjudicó la salud y el medio ambiente colombianos sin que cayera la demanda en los Estados Unidos. Una nueva erradicación no resolverá el problema del narcotráfico.

El tema de la fumigación de cultivos ilícitos ha estado por lustros en el centro de la estrategia internacional antidrogas de Estados Unidos y es un componente esencial del denominado Plan Colombia, que comenzó a ejecutarse en enero. Para comprender este hecho es importante esclarecer dos aspectos básicos: la base conceptual en la que se fundamenta la estrategia de Washington a favor de la erradicación química de plantaciones ilegales en Colombia y los resultados que hasta hoy tiene esa política.

Para responder el primer punto es preciso detenernos en la racionalidad y no en la retórica de los Estados Unidos. En este tema Washington se orienta por cuatro supuestos:

A) Asume que la demanda depende de la oferta; por lo tanto, busca reprimir los centros de cultivo, producción, procesamiento y tráfico de narcóticos.

B) Supone que un tratamiento punitivo en los polos de provisión de drogas es más efectivo en términos de efectos (metas y logros) y de recursos (asistencia y presupuesto). Para el balance costo/beneficio de Washington resulta más ventajoso concentrar los esfuerzos antinarcóticos en los núcleos de oferta.

C) Cree que los efectos de una mayor erradicación de cultivos ilícitos serán múltiples para los países productores. Entre otros, subraya la reducción del precio del cultivo ilícito en las zonas de producción, la disminución del poder de los traficantes, y la contención de la violencia generada por el narcotráfico.

D) Presume que los efectos de una mayor erradicación de cultivos ilícitos serán de tres tipos para los países consumidores: menor disponibilidad, mayor precio y menor potencial de pureza de las drogas.

Con base en estos supuestos es pertinente evaluar entonces los resultados de la política basada en esta racionalidad. En ese sentido cabe señalar que Colombia experimentó la fumigación de cultivos ilícitos con paraquat a finales de la administración del presidente Julio César Turbay (1978-1982); aceleró la fumigación masiva durante el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986), aplicando el glifosato para la mariguana y usando el garlon-4 para la coca. Colombia continuó la erradicación química y forzada de mariguana y coca durante la administración del presidente Virgilio Barco (1986-1990). Reforzó la fumigación de mariguana y coca e inició la destrucción con glifosato de la amapola durante la administración del presidente César Gaviria (1990-1994). Batió todos las marcas históricas nacionales e internacionales en materia de erradicación química y manual de cultivos ilícitos durante el gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-1998) y ensayó herbicidas más tóxicos como el imazapyr y el tebuthiurón. Sólo en 1998, el gobierno Samper (hasta agosto) y la administración del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) fumigaron 66 mil 083 hectáreas de coca y 2 mil 931 de amapola, y destruyeron de modo manual 3 mil 126 hectáreas de coca, 181 de amapola y 18 de mariguana. El actual gobierno destruyó aproximadamente 90 mil hectáreas de coca en 1999-2000. Finalmente, desde el año pasado Washington presiona a Bogotá para aplicar un peligroso hongo, el Fusarium oxysporum, en el proceso de erradicación forzosa.

A pesar de estos esfuerzos, los efectos de la represión química de los cultivos ilícitos han sido insignificantes en Colombia y Estados Unidos. En efecto, en 1981 Colombia tenía 25 mil hectáreas plantadas de mariguana y coca. En 2001, según la CIA, hay 120 mil hectáreas cultivadas de coca. En 1990, la producción de heroína era insignificante; en 1996 el país ya producía 63 toneladas métricas, y hoy supera a México como principal abastecedor hemisférico de heroína. Mientras en 1998 la producción colombiana de cocaína fue de 435 toneladas, un año después alcanzaba las 520 toneladas métricas. En los ochenta, Colombia tenía una clase criminal emergente; hoy vive las consecuencias de una narcocriminalidad acaudalada, violenta y desafiante.

A esta situación se agregan las cifras del mercado estadunidense. En 1981, el precio por gramo de la cocaína era de 191 dólares y la pureza de 40 por ciento, mientras en 1999 el precio era de 44 dólares y la pureza de 70 por ciento. En 1981, el precio por gramo de heroína era de mil 200 dólares y la pureza de 5 por ciento, mientras en 1999 el precio era de 318 dólares y la pureza de 25 por ciento. En el año 2000 se consiguieron en Estados Unidos más drogas, de mejor calidad y a menor precio.

En términos de demanda, la situación allí no ha mostrado avances definitivos ya que aún hay casi 14 millones de consumidores. La tasa de crecimiento de los consumidores jóvenes de cocaína muestra un alza alarmante desde 1997. Y el consumo de mariguana entre los jóvenes, que había bajado a finales de los ochenta, se incrementó notablemente entre 1992-95 y continúa alto.

En forma concomitante, en 1990 el total de arrestos vinculados al fenómeno de las drogas (consumo, venta, distribución, manufactura) fue de un millón 89 mil 500, mientras que en 1996 creció a un millón 128 mil 647. En 1990, el total de prisioneros federales encarcelados por delitos ligados al fenómeno de los narcóticos fue de 53.5 por ciento, mientras en 1995 se elevó a 60 por ciento. Hoy, Estados Unidos tiene, en comparación con los países más industrializados del mundo, la mayor población de personas encarceladas por delitos relacionados con el fenómeno de las drogas.

En síntesis, Colombia ya fumigó suficientemente su territorio con sustancias nocivas para la salud de su población y la preservación de su ambiente, mientras la demanda de drogas de los ciudadanos en Estados Unidos sigue en auge. Una nueva erradicación química promete ser más de lo mismo: una victoria pírrica que no resuelve la esencia del negocio de las drogas. Las consecuencias serán también las mismas: los costos más altos de la prohibición los seguirán pagando los colombianos, mientras los dividendos de la lucrativa empresa seguirán lavándose en los bancos de Estados Unidos, el Caribe, Suiza, Mónaco y Argentina, entre otros.

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