Colombia, con una población de 42.3 millones de personas, atraviesa hoy por una profunda crisis social y política: registra una de las peores distribuciones del ingreso nacional en América Latina ?17 por ciento es para el 50 por ciento de la población, mientras que el 20 por ciento se queda con el 55 por ciento de la riqueza.
En los últimos ocho años, la deuda externa se duplicó y la corrupción permea al Estado en todos sus niveles. El 62 por ciento de su población vive en la pobreza, el desempleo supera el 20 por ciento desde hace ya varios años. El 63 por ciento de los campesinos posee el 5 por ciento de la tierra cultivable, la brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre se incrementó de 52 a 78 veces entre 1991 y 1999.
La guerra que vive Colombia produce las peores violaciones a los derechos humanos en América Latina y es una de las más sangrientas del mundo (con cifras de muertes violentas superiores a 3 mil personas anualmente) ha generado en los últimos años un desplazamiento interno de dos millones de personas y un continuo éxodo de colombianos. Convergen en esa nación la violencia inherente al narcotráfico, la resultante de la creciente descomposición social y la confrontación armada entre la guerrilla y el ejército aliado a los paramilitares. En medio, la población civil es víctima de masacres, secuestros, y del asesinato de pensadores y políticos de oposición, sindicalistas, indígenas, periodistas, defensores de los derechos humanos, etcétera.
La situación colombiana es en extremo compleja y es factor de desestabilización regional. Imponer una respuesta esencialmente militarista a un conflicto social sólo incrementará la tragedia: ya son múltiples las violaciones a derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, se agudizan el desgarramiento del tejido social, el desplazamiento forzado, el empobrecimiento regional y, con ello, las condiciones para mayores estallidos de rebelión y confrontación.
El conflicto armado afecta el hábitat natural de la misma forma que lo hace la expansión de la frontera agrícola, legal e ilegal, la cual ha destruido cerca de un millón de hectáreas de bosque desde 1974. Estas zonas incluyen una alta proporción de áreas de conservación y parques naturales, y existe amplia evidencia para demostrar que este proceso de expansión amenaza seriamente el resto de la cuenca amazónica.
Para combatir el problema se han tomado ciertas acciones. Entre ellas, la restauración de algunas áreas como parques naturales, al igual que la recuperación de los bosques, con lo cual se busca hacer un aporte a los objetivos mundiales de preservación de la cuenca amazónica (como se observa en la Convención sobre Cambios Climáticos).
En vista de los graves efectos internos y externos del Plan Colombia, un grupo de colombianos, mexicanos y latinoamericanos de varios países propone crear una red de información y opinión sobre la situación de Colombia y Latinoamérica con la realización de conferencias y conversaciones amplias entre especialistas, académicos, periodistas y protagonistas directos e indirectos. Para contribuir a dicho propósito, La Jornada Ecológica dedica este número a tratar algunos de los problemas relacionados con la aplicación de sustancias químicas en el combate de cultivos ilícitos; destacadamente nos referimos a sus efectos en la salud pública y el medio ambiente.
Para mayor información sobre estas actividades, solicitarlo a [email protected]
Hojas de coca