LUNES Ť 25 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Propuso a la PGJDF una conciliación; se le respetaron sus garantías: la dependencia

Intercede ombudsman por Espinosa

Ť El MP no hizo efectivo el derecho de defensa del ex regente capitalino, aduce De la Barreda

ELIA BALTAZAR

El ombudsman Luis de la Barreda Solórzano salió en defensa del ex regente Oscar Espinosa Villarreal, acusado de peculado por 420 millones de pesos, al extender a la Procuraduría de Justicia capitalina una propuesta de conciliación en torno de este caso, al argumentar que el Ministerio Público no hizo efectivo el derecho de defensa del ex funcionario.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal califica de "ilegal" la solicitud de juicio de procedencia que en su momento hicieron las autoridades judiciales ante la Cámara de Diputados para retirar a Espinosa el fuero constitucional de que gozaba como secretario de Turismo, pues argumenta que "se violentó" su derecho a respetar su "honra, dignidad y reputación, y afectó su imagen como servidor público".

Por todo lo anterior, en el oficio 04/2001/CDHDF, enviado con fecha del 12 de enero de 2001, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se queja de que la averiguación contra Espinosa se integró en "tan sólo 25 días" y pide al procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, "iniciar un proceso administrativo" en contra del agente del Ministerio Público que llevó el caso, pues considera que es "evidente su parcialidad al haber dejado sin defensa" al ex regente. Además, solicita que "conmine" a los servidores públicos de la dependencia a su cargo a que atiendan "oportuna y de manera expedita" sus requerimientos, pues argumenta que le negaron "injustificadamente" los expedientes de la investigación, y que tuvo que pedirlos al juez cuarto penal.

El 19 de enero, la PGJDF hizo llegar a la CDHDF su respuesta. En el oficio 100.012/01 rechaza el argumento a favor de Espinosa y anuncia que no procederá contra el MP que integró la averiguación, pues "cumplió y respetó los derechos del indiciado. Acepta, en cambio, acceder a la petición de "conminar" a sus funcionarios para atender los requerimientos del organismo de derechos humanos y de inmediato giró instrucciones en ese sentido a los subprocuradores de las áreas correspondientes. De modo que la propuesta de conciliación fue parcialmente aceptada por el procurador.

Ante los argumentos de la CDHDF, que asegura que a Espinosa sólo se le envió un citatorio con menos de 24 horas de anticipación y que no se atendió su solicitud de que el MP se trasladara a su oficina para tomarle declaración, la PGJDF responde que no sólo se le citó a declarar el 24 de marzo de 2000, sino que también el 8 de agosto de ese mismo año. Pero Espinosa no se presentó en las dos ocasiones.

Por lo tanto, argumenta la fiscalía capitalina, si el citado no comparece resulta obvio que la autoridad ministerial se encuentra imposibilitada para hacer efectivas las garantías y derechos del citado, pues de él depende acudir a presentar pruebas y testimonios a su favor.

En el documento, el procurador Bátiz también le aclara a De la Barreda que, debido a que Espinosa se desempeña como secretario de Turismo, gozaba de inmunidad procesal que impedía el ejercicio de la acción penal mientras ejerciera el cargo o la Cámara de Diputados no determinara su retiro. El MP remitió, pues, el expediente de la averiguación para que los legisladores federales para que se iniciara el procedimiento. Y durante el tiempo que éstos analizaron el caso y Espinosa se mantuvo en su cargo, hubo tiempo suficiente para que se "apersonara ante el MP para enterarse de la acusación formulada en su contra y pudiera, en consecuencia, consultar la averiguación previa, así como ejercer plenamente los derechos de defensa constitucionalmente tutelados", explica la PGJDF.

Así, Bátiz le informa al ombudsman que el MP "actuó con apego a derecho y con respeto a las garantías del inculpado". Por lo que, agrega, "cumplió cabalmente con su obligación y con el servicio que tiene encomendado".

A De la Barreda no le satisfizo la respuesta de la PGJDF y en el oficio CDHDF 009/2001 insiste en que el Ministerio Público del caso "no permitió que Espinosa Villarreal se presentara a declarar". Y dado que la PGJDF no procedió en contra del agente encargado del caso, anuncia su decisión de presentar una queja contra el MP.

Así lo hizo mediante el oficio 01950, con fecha 29 de enero, dirigido al contralor interno de la PGJDF, Francisco Gallardo de la Peña, quien respondió a la CDHDF el 16 de febrero. En documento dirigido a la segunda visitadora Alejandra Vélez Aguilar, le informa que luego de investigar la actuación del MP del caso Espinosa, "carece de elementos probatorios para instruir procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor público, toda vez que su actuación se encontró apegada a derecho".

Acompaña a esta respuesta una serie de razones que acreditan que Oscar Espinosa tuvo más de una oportunidad de presentarse ante las autoridades para ofrecer pruebas a su favor y no lo hizo. Y ofrece a la CDHDF jurisprudencia que sustenta su resolución, la cual advierte que para acreditar "responsabilidad de los servidores públicos para motivar las sanciones no basta la simple denuncia de hechos, sino que es necesario comprobarlos".

A la fecha, nada ha respondido la CDHDF.