lunes Ť 25 Ť junio Ť 2001
Carlos Fazio
A propósito del Plan Puebla-Panamá
Si bien exhibió la catadura moral del actual inquilino de Los Pinos, con su trato sensacionalista y banal, la llamada guerra de las toallas sirvió para diluir el verdadero carácter de clase del régimen de los empresarios que administra Vicente Fox. Es la suya una democracia de baja intensidad, carente de ética política y que bajo la máscara de una legalidad autoritaria está dirigido a la extracción de la plusvalía absoluta de los trabajadores.
Sin demeritar el hallazgo periodístico sobre los gastos en blancos y lencería para la residencia presidencial, el toallagate funcionó como una cortina de humo sobre los problemas de fondo de México. Lo que está en juego son dos proyectos de país. Uno, el de los amos de México --en curso con el lanzamiento del Plan Puebla-Panamá (PPP)--, promueve la entrada masiva de capitales extranjeros sin regulación y con subsidio estatal de infraestructura, con la zanahoria de la generación de "empleos" masivos y un "desarrollo sustentable".
En rigor, y atendiendo a la experiencia histórica y a la actual acumulación "global" de capital --basada en un capital monopolista corporativo y en la división internacional del trabajo--, con ese tipo de "desarrollo" exógeno, la oligarquía vernácula y sus socios del exterior pretenden transformar la región sur-sureste de México en un enclave maquilador y monoproductor de cultivos de plantación y en un invernadero para la exportación, con base en la mano de obra barata y en la rapiña de los recursos nacionales (petróleo, uranio, agua, maderas preciosas, biodiversidad). Lo que a la corta o a la larga podría derivar en una economía tipo república bananera.
El otro proyecto de país, por construir, debe poner el acento en el hombre y ubicar la economía en función de la sociedad y no al revés, como ocurre hoy. En estas páginas, Julio Boltvinik ha expuesto de manera amplia y acuciosa la necesidad de desarrollar una nueva economía moral, como resistencia y alternativa a la economía de "libre mercado", impuesta mediante el chantaje de la deuda externa, el arma alimenticia y la presión diplomática por las potencias proteccionistas del norte y sus corporaciones trasnacionales.
No se trata de oponerse per se a la modernidad y al desarrollo. Como dice Armando Bartra: "ni el gasto público, social y en infraestructura, ni los proyectos con dinero de la banca multilateral, ni las inversiones privadas son, en principio, indeseables" (La Jornada, 17/06/01). Pero el acento debe estar en la construcción de lo social productivo y en una educación liberadora, que genere ciudadanía y hombres y mujeres libres y solidarios, no como ocurre ahora --y que subyace en los lineamientos explícitos y encubiertos del PPP-- que bajo la eufórica retórica y determinista de la "globalización" transfronteriza se disimulan las relaciones de dominación, de explotación y de apropiación de excedentes por parte de los países capitalistas centrales, con la coparticipación subordinada de sus socios locales.
América Latina conoció decenas de planes de desarrollo, alianzas para el progreso y megaproyectos gubernamentales. En sí, un plan nacional de desarrollo no es de derecha ni de izquierda. Getulio Vargas, protofascista, encabezó el desarrollo nacional de Brasil en los años 30 del siglo pasado. La cuestión es que el desarrollo esté en función de la población y de una industria nacional, y no que sirva para hacer negocios a un puñado de corporaciones trasnacionales. Como dice John Saxe-Fernández: hay que recuperar palabras centrales como imperialismo y proceder al análisis de clase.
En el caso concreto del PPP, hay que ver a quién beneficia y a qué clases sacrifica el principal plan económico del foxismo y sus patrocinadores internos y externos.
Para el sureste mexicano, la "oportunidad" del PPP como proyecto de desarrollo, sólo podrá darse a partir de potenciar las "experiencias autonómicas y autogestionarias" desarrolladas de manera colectiva y solidaria en esa región para devolver a la población la "autosuficiencia alimentaria" y la "soberanía laboral" que existían antes de que los tres últimos gobiernos priístas del ajuste estructural sucumbieran ante las "reformas" del Banco Mundial, con sus programas de "modernizarión" rural, sus préstamos condicionados y sus políticas de "austeridad" fiscal que terminaron devastando el sector agrícola.
Conviene siempre revisar lo que ocurre en el mundo real, y no en la retórica. A comienzos de junio, la correduría neoyorquina Merrill Lynch avizoró que Estados Unidos iniciará en México la "americanización" regional. Y según la banca de inversión Morgan Stanley Dean Witter, la trasnacionalización de América Latina es un proceso en el que las corporaciones multinacionales (con casa matriz en Estados Unidos) han alterado la estructura de posesión, la base industrial y los flujos comerciales hemisféricos. Con su componente contrainsurgente y su renovado sello paternalista y clientelar pronasolero (incluido el reciclamiento al populismo foxista de su ejecutor Florencio Salazar), el PPP responde al llamado Consenso de Washington y apunta a la colonización salvaje del sureste mexicano y de toda Centroamérica. Se trata de un nuevo acto de rapiña que acentuará el carácter tributario y dependiente de la economía mexicana.
La alternativa a ese proyecto de clase es promover un desarrollo que parta de los acuerdos de San Andrés y la ley Cocopa; que garantice la integridad territorial de los pueblos indios, de las tierras ejidales y comunales; que incorpore las normas del convenio 169 de la OIT en la legislación agraria, y reforme el 27 constitucional para volver al espíritu de las consignas de Emiliano Zapata: la tierra es de quien la trabaja, y tierra y libertad.