LUNES Ť 25 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Misión encabezada por Claudio Grossman, presidente de la organización hemisférica
Rápida visita de la CIDH para saber si México cumple recomendaciones
Ť El caso del general Gallardo, la militarización y abusos en regiones indígenas, temas pendientes
VICTOR BALLINAS
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Claudio Grossman; el secretario ejecutivo, embajador Jorge Taiana, y el abogado para el caso México, Mario López, integran la misión de trabajo de esa instancia internacional que estará en México el 3 y 4 de julio próximo, en una "rápida visita", invitados por el gobierno para conocer "si se han cumplido las recomendaciones de la CIDH, y la situación de los derechos humanos".
De 1988 al 2001, la CIDH cuenta con 30 sucesos de informes y resoluciones sobre casos en México, "de violaciones a los derechos humanos", algunos de ellos ya cuentan con resolución final, entre ellas la 11.430, del general Francisco José Gallardo, a través de la cual esta instancia demandó al Presidente de la República su inmediata liberación.
116 mil presos
Otros casos son: la 11.411, relativa al "Ejido Morelia, en Chiapas, donde militares saquearon el pueblo, a los habitantes los sacaron de sus domicilios y en la iglesia y la cancha de basquetbol del lugar, los obligaron a tirarse boca abajo. Tres indígenas fueron torturados y subidos a vehículos militares, a los 34 días aparecieron muertos". Y el caso 11.103 acerca de la muerte del soldado Pedro Peredo Valderrama, asesinado hace 13 años y a la fecha no hay consignación de responsables .
Además, la CIDH publicó el Informe Especial 1998, caso México, en el cual hace una serie de recomendaciones al gobierno mexicano para eliminar las violaciones constantes a derechos humanos. El documento hace especial énfasis en que la situación de los derechos humanos es "preocupante y compleja", y subraya que la impunidad, la tortura, las detenciones arbitrarias, la militarización en las regiones indígenas -sobre todo en Chiapas, Oaxaca (y) Guerrero-, alientan las violaciones a los derechos humanos.
La CIDH constató, según el informe de 1998, que en ese año la sobrepoblación era de 16 por ciento, y se contaba con 116 mil presos en el país, que la promiscuidad, el hacinamiento, los "autogobiernos", son fenómenos que preocupan. Subrayó que "más de la mitad de los internos carcelarios no tienen sentencia y el gobierno viola la Constitución al no respetar la separación entre procesados y sentenciados".
Autogobiernos en prisiones
En los penales mexicanos "es generalizada la corrupción, el abuso de poder, la venta de enervantes y drogas. "Los autogobiernos rompen el principio de autoridad, y los reclusos imponen su ley", se lee en el informe de 1998.
La CIDH hizo una visita a México en 1996, y en esa ocasión se entrevistó con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, con funcionarios del gobierno federal -Gobernación, PGR, Sedena-, CNDH, gobernadores, directores de reclusorios, empresarios, ONG y con el clero, y visitó los estados de Chiapas, Guerrero y Baja California.
El Informe Especial de la CIDH incluye un capítulo sobre la situación de los pueblos indígenas. En él se resalta que "en los últimos años se ha producido un fenómeno de la acrecentada presencia de fuerzas armadas en zonas predominantemente indígenas. El Estado reconoce -subraya la CIDH- que "en los puntos de conflicto ha habido un incremento de presencia militar, pero disiente en cuanto el término militarización.
"Un factor central de ese incremento ha sido la aparición de grupos armados disidentes en distintas zonas del país, que llevaron al Estado a ampliar la presencia militar en esa zonas. Pero la CIDH ha recibido informes, según los cuales la militarización implica restricciones a la libertad de tránsito, comercio y a la tranquilidad en general de la población, así como violaciones de los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad contra la vida, la integridad la libertad y la propiedad de la población civil rural e indígena".
La CIDH dice en el informe especial, que recibió reportes de que en 46 municipios -41.4 por ciento del total en Chiapas- se tenía la presencia de campamentos del Ejército, con una ocupación de 111 comunidades (...). En varios casos se ha alegado que la presencia militar implica restricciones a la libertad de tránsito, de comercio y a la tranquilidad general de la población, así como casos aislados de violaciones contra el derecho a la vida, a la integridad personal y a la propiedad.
Actuación lógica
Respecto del derecho a la libertad personal, la CIDH comprobó que en México "la práctica de las detenciones ilegales constituye una seria situación de violación a los derechos humanos por su carácter sistemático. Las denuncias sobre este tipo de abusos son comunes e involucran directamente a agentes de distintas policías del país: Judicial Federal o estatal, preventiva y otras".
Lo más preocupante del problema, señala la CIDH, es que "en muchos casos, las detenciones ilegales marcan el inicio de una cadena de violaciones a otros derechos, que generalmente incluye los derechos a la integridad personal y a las garantías judiciales. La relación entre la detención ilegal y la violación a la integridad personal y a las garantías judiciales no es circunstancial, ya que obedece a una actuación lógica de dependencia que surge en no pocos casos entre las autoridades administrativas y las jurisdiccionales".
Derecho a la vida
Entre las recomendaciones que la CIDH demandó que el gobierno mexicano llevara a cabo para mejorar la situación de los derechos humanos se encuentran:
"Que adopte las medidas necesarias para reformar la legislación penal a fin de que se consagre dentro de ella el delito de desaparición forzada -ya que recibimos quejas y se siguen presentando denuncias por desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en México, ocurridas bajo los rubros de la lucha contra la guerrilla, el narcotráfico o la delincuencia común.
"Actuación inmediata, de manera rápida y eficiente para asegurar que todas las denuncias contra violaciones al derecho a la vida cometidas por miembros de la policía o de las fuerzas armadas, sean investigadas y se sancione a los responsables; que emprenda investigaciones rápidas en torno a los casos de desapariciones por resolver, y sancione a los responsables; que combate efectivamente a las guardias blancas, que desarticule dichas bandas, que desarme a sus miembros, que investigue los hechos violatorios y sancione a los responsables."
La CIDH solicitó también que el gobierno mexicano investigara las denuncias de corrupción y tráfico de influencias en prisiones, y sancione a los responsables; que haga efectiva la separación entre sentenciados y procesados; que elimine la tortura y adopte las medidas para asegurar que los hechos de tortura sean calificados y sancionados de acuerdo a la definición internacional; que ejecute las órdenes de aprehensión pendientes; que proteja y atienda a los indígenas desplazados y que los hechos criminales cometidos contra indígenas sean investigados y sancionados, y que las víctimas de tales crímenes o sus familias reciban la debida reparación, que incluya una compensación pecunaria".