DOMINGO Ť 24 Ť JUNIO Ť 2001

Ť El apoyo a la educación superior pública, "obligación indeclinable del Estado"

Presupuesto estable para las universidades oficiales, pide Enrique Doger, rector de la UAP

Ť El financiamiento no debe estar sujeto "a los vaivenes anuales de la política nacional"

Ť La relación actual con el gobierno, "más sana" que en las décadas de los 70 y los 80

JOSE GALAN

La educación superior no puede verse sólo en términos de rentabilidad. El apoyo a la educación superior pública es una obligación indeclinable del Estado, y se requiere un compromiso claro, decidido y creciente para que las instituciones de educación superior cumplan su tarea, sostiene Enrique Doger Guerrero, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien acusa al gobierno federal de intervenir "crecientemente" en las universidades públicas con programas como mejoramiento del profesorado, y la asignación de recursos "etiquetados".

Para el funcionario académico, es indispensable que los recursos públicos para la educación superior "deriven de un presupuesto estable, no sujeto a los vaivenes anuales de la política nacional". De igual forma, sostiene que debe quedar claro cuál va a ser la aportación de los gobiernos estatales. "Como cualquier presupuesto tiene sus límites, debe quedar claro qué está dispuesto el Estado a financiar, y qué no. Esto implica definir hasta dónde podrá crecer el sistema público, en términos de atención a la demanda, el número de profesores o la cantidad de programas e instituciones".

En un documento de análisis sobre La educación superior; el sistema hacia adentro, Doger Guerrero considera que el comportamiento del financiamiento pú-blico a lo largo de las últimas tres décadas demuestra fluctuaciones sin aparente razón, "pero también sorprendentes inercias. La combinación de los dos fenómenos apunta hacia la total ausencia de criterios educativos y una fuerte presencia de consideraciones políticas".

Para el rector de la UAP, la falta de garantías de que el esfuerzo de mejoramiento se traduzca en mayores ingresos "es el problema más grave que aqueja en este momento a la educación superior pública", y considera que la ausencia de criterios para la asignación de fondos públicos "implica que uno puede mejorar sin recibir más, o recibir más sin mejorar. La construcción de un nuevo modelo de educación superior debe partir de una claridad sobre los criterios de financiamiento".

Por otra parte, agrega, la transparencia es condición sine qua non para mejorar el financiamiento. Sin embargo, advierte que la auditoría contable externa de las universidades, "como se realiza en la actualidad", no parece la respuesta adecuada, "o por lo menos introduce una parcialidad peligrosa. El mejor uso del financiamiento no es, en primera instancia, un problema conta- ble, sino un asunto de definición de objetivos y de la evaluación de resultados".

"Es en este aspecto que el problema empieza por el uso del financiamiento y la rendición de cuentas por parte del gobierno federal mismo -añade-. En una situación en la que no queda claro cuál ha sido el manejo real del financiamiento público por parte del gobierno mismo, ni cuáles han sido los criterios de asignación, la introducción de auditorías externas para las universidades causa la falsa impresión de que el problema radica en el mal uso de los recursos dentro de las universidades públicas".

Advierte, sin embargo, que actualmente la relación entre las universidades públicas y el gobierno federal es "más sana" que en los 70 y 80, ya que "un avance de los 90 es la despolitización de las universidades en varias funciones básicas". No obstante, advierte, hay una agenda pendiente. Una tarea está en definir la autonomía y lo privado, es decir, definir los límites de la intervención política. "Esto implica definir las obligaciones y responsabilidades del Estado y de las instituciones y avanzar hacia una política nacional, más que una política de Estado".