DOMINGO Ť 24 Ť JUNIO Ť 2001

ENTREVISTA

Rosario Ibarra de Piedra

"En manos de Fox, que se aclaren y castiguen crímenes del pasado "

JESUS RAMIREZ CUEVAS

En manos de Vicente Fox está la decisión de que se conozca la verdad y se haga justicia. Con la sola orden del Presidente de la República de que se abran los archivos y que las instituciones acaten su instrucción, podría comenzarse a saber qué pasó con las violaciones a derechos humanos en el pasado y castigar a los responsables, afirma Rosario Ibarra de Piedra, en entrevista con La Jornada.

"Para unos debe haber una comisión de la verdad; para otros, la Procuraduría General de la República (PGR) está obligada a investigar a fondo las denuncias que hay por crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Lo importante que es Fox tenga voluntad de hacerlo, es su reto, pero parece que no tiene intención", sostiene la presidenta del Comité Eureka que agrupa a familiares de personas desaparecidas por motivos políticos.

Más que crear una comisión de la verdad, considera Rosario Ibarra, "los familiares de desaparecidos siempre hemos pensado que la PGR y los ministerios públicos (MP) tienen la obligación constitucional de investigar. Desgraciadamente, en la larga historia de más de 25 años que llevamos luchando no han cumplido con su deber".

"Lo más importante para nosotros es hacer justicia", dice categórica esta luchadora infatigable en favor de los presos y desaparecidos políticos.

"El país necesita conocer la verdad histórica ?afirma?, saber qué pasó en diversos hechos represivos y violaciones a derechos humanos; pero sobre todo, se debe aplicar la justicia para evitar que se vuelvan a repetir. Para que haya una transición democrática, existe la obligación de echar fuera todos los vicios, todas las corruptelas del pasado, acabar con la injusticia y la impunidad".

Para que esto suceda, señala Rosario Ibarra, "la decisión tiene que venir de arriba. Eso es lo que hemos estado peleando desde hace muchos años. Se necesita la voluntad política del Presidente de la República porque es el jefe supremo de las fuerzas armadas. El tiene que dar la instrucción directa: que se respete la ley, que se abran los archivos, que se abran las cárceles clandestinas. Sólo él puede dar la orden al Ejército".

"¿Por qué digo esto? ?se pregunta Rosario?, porque las cárceles clandestinas siempre han estado ubicadas en campos militares, cuarteles y bases navales. Tenemos ejemplos: los sótanos del Campo Militar número 1, el de La Joya en el norte, la base naval de Icacos, en Acapulco. En todas esas prisiones militares se ha practicado la tortura. Son delitos que involucran al Ejército y a la Armada".

Pionera en la defensa de los derechos humanos en nuestro país, Rosario Ibarra recuerda: "en una ocasión, Fernando Gutiérrez Barrios hizo una definición exacta de lo que es la desaparición; durante una reunión con representantes del entonces Frente Nacional contra la Represión, nos dijo: 'las desapariciones fueron una decisión de Estado y solamente unadecisión de Estado puede enmendar el asunto' y saber qué pasó".

"Durante años ?cuenta Rosario?, las autoridades nos han dicho 'tráiganme pruebas'. Cuando les dimos pruebas no hicieron nada. Ellos mismos tenían no sólo las pruebas sino también a nuestros hijos. Ellos formaban parte del aparato represivo del gobierno, en el que figuraban la policía de la PGR, el Ejército, fuerzas anticonstitucionales como la Brigada Blanca, el grupo Jaguar y todos esos elementos represivos que el gobierno estructuró. El aparato judicial debió investigar y sancionar esos delitos. Pero fue el propio gobierno el que rompió el Estado de derecho y violó la ley".

No se necesita una comisión para saber la verdad

Rosario Ibarra mira con recelo la idea de una comisión de la verdad, "a mí me mueve a risa que hablen de comisiones de la verdad. Por ejemplo, la comisión para el 68 fue a ver a Echeverría, que para mí fue la torpeza más grande porque él fue copartícipe de la masacre del dos de octubre del 68. Se prestaron a su juego y les tomó el pelo a todos".

"Las comisiones de la verdad tienen tristes historias ?recuerda? y nosotros no nos vamos a meter en eso. Son historias de otros países que ya conocemos y terminaron en leyes de obediencia debida y de punto final.
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"El nuevo gobierno está dividido ?dice?, una parte quiere hacer una comisión de la verdad y otros no. Finalmente será Fox el que decida si hace una comisión de la verdad o no. Nosotros no estamos a favor ni en contra. Es una decisión del grupo en el poder. El riesgo es que luego resulte que le ordenen al procurador que dé carpetazo al asunto. Así sucedió en el pasado.

"El otro problema es que hay quien quiere meter todo en un mismo saco en esa comisión, como si fueran lo mismo: el 68, el 71, Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, la corrupción, los fraudes electorales, el narcopoder, los crímenes de Estado, todo junto. Eso sólo servirá para diluir todo. Con ello se buscará neutralizar el descontento con el engaño mayúsculo de que una comisión va a investigar y a dilucidar todos los delitos del pasado".

Si eso sucede, advierte Rosario Ibarra, "los familiares de desaparecidos vamos a formar una comisión de vigilancia del comportamiento de la comisión de la verdad y de las autoridades para hacer que prevalezca la justicia".

Después de 25 años de lucha, dice Rosario Ibarra, por fin el Código Penal reconoce el delito por desaparición forzada y señala su imprescriptibilidad. "Ya no puede haber perdón ni olvido a quienes cometieron estos delitos", subraya. El primero de junio del 2001 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Código Penal que califica el delito de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, "esa reforma nos da toda la razón: mientras no aparezcan nuestros familiares el delito sigue vigente, mientras no se sepa qué pasó con las víctimas continúa el delito. El expediente está abierto".

En países como Argentina o Chile intentaron darle carpetazo a los expedientes de violaciones a los derechos humanos, explica, pero la justicia internacional está volviendo a abrirlos porque son delitos universales. Eso puede pasar en México.

Rosario Ibarra informa que los familiares "vamos a volver a presentar los expedientes de cada uno de los desaparecidos para que se persigan por el delito de desaparición forzada y no por privación ilegal de la libertad como se tipificaba antes. Llevamos las denuncias a todos los procuradores anteriores pero nunca investigaron. Nuestro comité tiene documentados 502 casos de desapariciones, aparte están los 148 que recuperamos de las cárceles clandestinas. Solamente del estado de Guerrero tenemos 321 casos. Yo no puedo hablar de más números porque es lo que ha recibido y documentado Eureka".

"No todo se arregla con dinero"

Cuestiona que "en un programa de televisión reciente el canciller Castañeda dijo que la solución al caso de los desaparecidos era reconocer que murieron y que el gobierno pagara una indemnización. Pero qué desparpajo decir: 'señores, sus familiares están muertos y aquí está su indemnización'. Parece que este gobierno todo lo quiere arreglar con dinero".

"Nosotras no recibiríamos un solo centavo por nuestros familiares. Hay gente que está dispuesta a aceptar lo que le llaman una indemnización, allá ellos. Nosotros no queremos absolutamente nada. Tampoco hacemos lo que están haciendo algunas organizaciones: llamar forenses a que vengan a buscar osamentas. Nosotros buscamos seres vivos. Si ellos los mataron a sangre fría, en cautiverio, en la indefensión total, ellos tienen que decir: este señor murió en manos de tal y tal, en tal parte, a tal hora y actuar en consecuencia".

Según Rosario Ibarra, "no hay mucho qué investigar. Están documentados los casos, las personas que se llevaron a nuestros hijos muchas todavía viven: ahí está Luis Echeverría, Moya Palencia, están Ojeda Paullada, está el capitán Luis de la Barreda Moreno, hay muchos personajes que tuvieron que ver con esta siniestra práctica. Está Carlos Solana Macías en Acapulco, que fue el jefe de los que detuvieron a mi hijo. Hay mucha gente involucrada, sabemos dónde están y qué han hecho. Con que vayan a ver los archivos en Gobernación, en la Policía Militar, en el Cisen. Ahí debe estar toda la información. Lo que se necesita es la orden para que eso se abra y el mandato categórico del jefe de las fuerzas armadas, el señor Vicente Fox Quesada, de que se llegue a fondo".

En su departamento, rodeada de fotografías que recuerdan gestas pasadas y presentes , Rosario Ibarra añade: "En el gobierno actual algunos pudieran querer que rindan cuentas los del pasado, otros no. Pero el pueblo tiene malicia, hay gente que me dice en la calle que parece que hubo arreglo entre el PRI y Fox, que reconocieron su triunfo a cambio de no meterse con el pasado. Eso sería gravísimo, dejar sin castigo a quienes tanto daño hicieron al país. Pero dice Fox que no quiere perder el tiempo con el pasado, ese pasado lo hizo ganar. No tiene la menor idea de lo bien que se vería un gobierno que terminara con ese lastre sucio, turbio, truculento, siniestro de todo lo que pasó antes. Pero parece que Fox no tiene intención, parece que quiere seguir las mismas huellas".