SABADO Ť 23 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Miembros de la Policía Estatal y de la PGR realizaron un operativo ilegal en un bar
Emite la CNDH recomendación al gobierno de Jalisco por amenazar y golpear a un civil
Ť Se tiene plenamente identificados a los responsables del abuso, pero no se ha actuado
VICTOR BALLINAS
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 10 de este año al gobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, con motivo de la detención arbitraria que realizaron integrantes de la Policía Estatal y de la PGR en contra de Arturo Plasencia Abundis, propietario del bar Undicini.
El órgano sostiene que, además, el dueño de dicho bar "fue golpeado y amenazado con una metralleta en un operativo preventivo de revisión, ilegal".
De acuerdo con la denuncia presentada por Plasencia Abundis, "la noche del 29 de septiembre del 2000, como a las 22 horas llegaron a su lugar de trabajo (el bar) diversos vehículos, entre ellos varias patrullas de la Policía Estatal, de los que descendieron unos 20 sujetos uniformados y otros vestidos de civil, quienes se introdujeron al local que ocupa el negocio, motivo por el cual preguntó a un elemento de la Policía Estatal si traían alguna orden.
"En respuesta, ese policía y otro elemento de la judicial federal lo llevaron hasta una camioneta Suburban en la que se encontraba una persona con uniforme de la PGR, allí lo golpearon y fue amenazado con una metralleta conocida como Uzi, y posteriormente fue conducido ante el fiscal federal. Los sujetos uniformados y los de civil catearon el inmueble sin ninguna orden de registro, y después se retiraron", establece en su denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos el propietario del bar.
La denuncia fue turnada a la CNDH en virtud de que en los hechos se encontraban involucrados servidores públicos adscritos a la PGR, explica dicha instancia, y precisa que al solicitar informes a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de la PGR, ésta les remitió el informe de Alfredo Aguilera Aranda y Abel Regalado Ramírez, agentes del Ministerio Público de la Federación, "donde se acepta que ellos dirigieron un operativo denominado Preventivo a la comisión de hechos constitutivos de delito, ordenado por el delegado de la PGR en el estado.
"Dicho operativo tuvo lugar el 29 de septiembre del 2000, en el cual participaron cinco agentes de la Policía Judicial Federal, así como 15 elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del estado de Jalisco, quienes estuvieron al cargo del primer oficial José de Jesús Barajas Pizano. A las 22 horas llegaron al bar Undicini, donde se llevó a cabo la revisión sin contar con alguna orden judicial que los autorizara."
La CNDH resalta en su recomendación que solicitó a Felipe de Jesús Preciado Coronado, entonces secretario general de Gobierno del estado, un informe relativo a la participación de personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en los hechos referidos. En respuesta, el director jurídico de la Secretaría General de Gobierno respondió que los días 29 y 30 no se efectuó diligencia u operativo en dicho bar. De igual forma el director general del Departamento Jurídico de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco rindió el informe solicitado en el que niega que haya ocurrido dicho operativo.
Ante las discrepancias y diferencias en la información recibida por los funcionarios públicos, personal de la CNDH, se establece en la recomendación girada el gobernador de Jalisco, "se comunicó con el subsecretario general de Gobierno de Asuntos Jurídicos del estado, y le planteó que procedía una propuesta de conciliación. Al director general de Protección de los Derechos Humanos de la PGR, Mario Alvarez Ledezma, se le hizo una propuesta de conciliación por los hechos en la que indebidamente policías judiciales y agentes del Ministerio Público se introdujeron a dicho bar, golpearon y amenazaron a su propietario.
La PGR, precisa la CNDH, aceptó la propuesta de conciliación, y se le turnó al secretario general de Gobierno del estado. En ella el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, señala que se cometieron violaciones a los derechos humanos en agravio de Arturo Plasencia Abundis porque se le detuvo arbitrariamente.
"La propuesta conciliatoria solicitaba que se diera vista a la Contraloría General del estado y a la Procuraduría General de Justicia del estado para que se investigara y se iniciara la averiguación previa contra los integrantes de las corporaciones policiacas que participaron ilegalmente en dicho operativo, así como que se iniciara proceso administrativo contra Gabriel Vera Fonseca y Miguel Angel López Alba, por obstaculizar la investigación de la CNDH.
La respuesta del gobierno del estado fue que era imposible aceptar la conciliación en esos términos, pues los elementos de Seguridad Pública acusados estuvieron ese día comisionados a la Policía Judicial Federal en Jalisco."
El presidente de la CNDH sostiene en la recomendación número 10/2001 que "hay evidencias suficientes que acreditan conductas de servidores públicos constitutivas de violaciones a derechos humanos en agravio de Arturo Plasencia; que será la Contraloría Interna General del estado, y no la Secretaría General de Gobierno la instancia que señale que sí existen o no elementos que acrediten la responsabilidad administrativa de los funcionarios implicados; y que el hecho de que se asuma que los policías de Seguridad Pública que participaron en el operativo ilegal estaban comisionados a la Policía Judicial, ello no significa que no pertenezcan al área donde están adscritos y muchos menos que sus conductas no se tengan que sujetar a la legalidad".