SABADO Ť 23 Ť JUNIO Ť 2001
Ť En tan sólo cuatro años se ha duplicado el monto; las empresas languidecen
Obliga el incremento en el rescate carretero a que el gobierno busque restructurar la deuda
Ť Para financiar pasivos, la mayor parte de ingresos obtenidos por cobro de peaje
PATRICIA MUÑOZ RIOS / II Y ULTIMA
El gobierno mexicano ha tenido que operar desde hace cuatro años un complejo proceso de ingeniería financiera para poder pagar el costo del rescate carretero y, a pesar de su cumplimiento puntual con esta deuda, no ha podido evitar que se duplique su monto. Debe por este concepto entre 38 y 40 mil millones de pesos a diversos bancos, que la traspasaron en su momento al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y tiene obligaciones por aproximadamente 60 mil millones con el FARAC, que es el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, creado por Banobras.
Reportes obtenidos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) revelan que el gobierno federal ha tenido también que realizar diversas maniobras financieras para disminuir el ritmo de crecimiento de este adeudo, por lo que ha llevado a cabo un proceso de sustitución de la deuda bancaria -que es sumamente cara- mediante pagarés carreteros a 30 años, para alargar los plazos de vencimiento de este adeudo y reducir sus tasas de interés; además se ha incorporado al Farac a otras carreteras y autopistas nuevas y se ha actualizado el nivel de las tarifas, incluso se ha multiplicado tres veces los ingresos por peajes desde que se operó el rescate.
Todo ello para poder atender el adeudo con los diversos bancos y poder, paralelamente, cubrir periódicamente a las empresas apoyadas con los Pagarés de Indemnización Carretera (PIC), por cantidades millonarias.
Banobras, en su carácter de institución fiduciaria y responsable del manejo financiero del Farac, recibió una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para operar, conservar y explotar las autopistas rescatadas a partir de septiembre de hace cuatro años.
Luego esa institución contrató a Caminos y Puentes Federales de Ingresos (Capufe) para que se hiciera cargo de las carreteras rescatadas. Todo este proceso se lleva a cabo con una finalidad: que la deuda por el rescate carretero se pague con los ingresos por peajes. Así, lo que pagan los ciudadanos en cada cruce de caseta es en su mayor parte para el pago de esta deuda , que era de 23 empresas y se convirtió en nacional.
ICA, la más favorecida
La empresa ICA fue una de las que recibió dicho apoyo. Pocos años atrás se encontraba en la cúspide, después de haber tenido a su cargo obras tan importantes como el Metro, el Drenaje Profundo de la ciudad de México o el multifamiliar Miguel Alemán
A raíz del quebranto sufrido, esta empresa tuvo que vender su participación en Ferromex desde julio de 1999; ese mismo mes tuvo que llevar a cabo una restructuración corporativa y financiera y vendió su participación en el hotel Paraíso Radisson Perisur.
En julio de ese año también refinanció su deuda de corto plazo por mil 100 millones de pesos y no obstante reportó pérdidas considerables en el lapso.
Pero el gobierno ha seguido apoyando a ICA en forma permanente. No sólo le otorgó mil 407 millones de pesos en Pagarés de Indemnización Carretera (PIC) en junio de 1999 y 2 mil 277 millones de pesos en abril del 2000.
A pesar de sus problemas financieros y de ser parte del rescate, le siguió dando obra: en 1999 le adjudicó un contrato para la construcción de un puente en Chiapas por 650 millones de pesos; le otorgó contratos de mantenimiento en la autopista Maravatío-Zapotlanejo por 72 millones de pesos y le dio la licitación para la construcción del nuevo Hospital General para el IMSS. En el 2000, además de otras adjudicaciones, le otorgó la licitación para operar el Grupo Aeroportuario Centro Norte.
Entre los grandes empresarios de la construcción se dice que la "favorita" del gobierno es ICA, cuyo consejo de administración lo preside Bernardo Quintana Isaac, y entre sus consejeros se encuentran Carlos Abedrop Dávila, Emilio Carrillo, Lorenzo Zambrano, Roberto Hernández, Bernardo Sepúlveda Amor y Ernesto Marcos Giacoman.
En su reporte al primer trimestre de este año entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, destacan los siguientes datos: ICA registró una utilidad de 269 millones pero se debió en parte a la venta de su participación de Vulcan Materials Corporation, y al pago gubernamental que recibió por los contratos de las siete plantas recuperadoras de azufre de Pemex.
La deuda total de ICA al primer trimestre de este año es de 6 mil 742 millones de pesos, de los cuales, 49 por ciento vence al corto plazo y el 45 por ciento de la misma está denominada en moneda extranjera. Así, a pesar de que la empresa registra una posición en caja de 2 mil 671 millones de pesos, la empresa realizó desinversiones adicionales en este periodo de 14.2 millones de dólares, las cuales comprenden la venta de maquinaria, el estacionamiento Monterrey, el Lote F en Santa Fe y Bodegas de Alsur.
De 1993 al 2000 el efectivo y las inversiones de esta empresa se han reducido de 6 mil millones de pesos a 2 mil 400 millones. La inversión en asociadas y subsidiarias de 5 mil 300 a 2 mil millones de pesos. Todavía no la libra del todo, dicen los expertos.
Mal momento para el Grupo Tribasa
Otro de los rescatados, Tribasa -comandada por David Peñaloza Sandoval-, se encuentra en una situación financiera muy difícil, incluso la emisora se encuentra suspendida en la BMV. Sus ingresos totales obtenidos en el primer trimestre del 2001 ascendieron a 638.4 millones de pesos -26.1 por ciento menor que en el mismo periodo del año anterior-; también sus ingresos por construcción cayeron 28.8 por ciento por la reducción en obra ejecutada; que le atribuye a "la recesión que en la actualidad ha manifestado el sector de la construcción".
El informe que presentó a la Bolsa Mexicana de Valores revela que la compañía tuvo una pérdida neta de 266.2 millones de pesos durante el periodo señalado, que es más de ciento por ciento de la pérdida ocurrida en igual lapso de un año atrás.
Su deuda financiera total suma 5 mil 219 millones de pesos, de la cual 84 por ciento está contratada a corto plazo y 57 por ciento es en dólares, 22 en pesos; 13 en pesos chilenos; 7 por ciento está en Udi y 1.0 en otras monedas.
La compañía está tratando de concretar una restructura financiera, por lo que "el grupo ha continuado desarrollando diversas instancias con el gobierno federal" para lograr un acuerdo con las autoridades en este sentido.
Trabaja también en una restructuración fiscal para lograr un convenio de pago de sus adeudos tributarios y la empresa ha planteado incluso que se haría vía "dación en pago", ya que ofrece en pago dos concesiones carreteras y solicita en cambio la reducción en los recargos causados a la fecha.
Venta de aviones
En septiembre de 1999 el Grupo Tribasa tuvo que vender dos aviones para pagar 28 millones de dólares de deuda y realizó diversas operaciones para tener una "deuda corporativa sostenible". Incluso redujo sus gastos de administración a casi 50 por ciento.
En diciembre de ese año, la empresa amplió el plazo para el pago de intereses y amortización de su deuda en obligaciones quirografarias (sin garantía). En el 2000 realizó una restructuración integral apoyada y buscó un acercamiento con la española OHL y con Advent International; sin embargo, tras varios meses de negociaciones, no se concretaron éstas ya que los inversionistas de Tribasa "se percataron de que estas empresas buscaban aprovecharse de los activos de la compañía y obtener jugosas ganancias a costa de los accionistas y acreedores".
Así, en junio de ese año vendió el proyecto carretero Chamapa-La Venta para reducir sus pasivos totales de la compañía; en septiembre del 2000 otorgó un mandato a Nafinsa sobre el 25.5 por ciento de las acciones de la empresa Inversiones y Técnicas Aeroportuarias (ITA) con el fin de garantizar el pago de una porción de los papeles Medium Term Notes.
En su asamblea anual de este año los directivos de la empresa manifestaron que la situación fiscal y financiera de la misma exigía necesariamente una restructura que todavía está pendiente y no se entregaron estados financieros, por lo que la Bolsa Mexicana de Valores anunció la suspensión temporal de las acciones de la compañía.
Tribasa, como las otras principales empresas de la industria de la construcción de México, prácticamente se "comió" la parte que les tocó del rescate carretero.