sabado Ť 23 Ť junio Ť 2001

Miguel Concha

Designación pendiente y retrasada

LOS ORGANISMOS PUBLICOS de derechos humanos en México tienen la encomienda de convertirse en contrapesos del poder, cuando éste afecta valores fundamentales para la vida democrática. María Guadalupe Morfín, quien fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y supo entender su carácter autónomo, sigue generando desde la ausencia de su cargo un movimiento social en ese estado por la causa genuina de los derechos humanos. No hay día en que la prensa local no deje de tocar el tema de la designación pendiente y retrasada del ombudsman jalisciense, no obstante que el camino elegido por la Legislatura parezca ser el del desgaste, al no otorgarle en su agenda la prioridad que se merece. No hay día tampoco en que los ciudadanos de a pie no le manifiesten de mil maneras sus simpatías por su relección.

A pesar de las fuertes presiones en sentido contrario, el pasado 28 de mayo las tres fracciones de oposición llegaron a reconocer la necesidad de dar continuidad en la CEDHJ al proyecto de Morfin, y razonaron su voto en favor de sea relecta. Lamentablemente, sólo cinco diputados de los 21 de Acción Nacional votaron por ella, y por tres sufragios de diferencia en los tres escrutinios no logró la mayoría calificada de 27 votos que se requiere. El Congreso local decidió entonces no cumplir con su deber legal y moral de dotar, de entre los candidatos propuestos, de un ombudsman a Jalisco, y pospuso indefinidamente la elección. Todavía el lunes pasado el presidente de la Comisión de Derechos Humanos declaró, después de una reunión, que la designación "no corría prisa", y que se consultaría a los asesores jurídicos de la Legislatura para averiguar si cabría ratificar al interino "por cinco años", lo que es absolutamente descabellado, indebido e ilegal; volver a convocar para elegir al ombudsman de entre los siete ya presentados, considerando en un segundo escrutinio sólo a los dos que hubieran obtenido más votos, lo que parecería más razonable, o hacer una nueva convocatoria complementaria, lo que también es ilegal.

Resulta difícil dejar de pensar que no hay una línea trazada desde el titular del Ejecutivo, el gobernador panista Francisco Ramírez Acuña, para impedir que Morfín Otero repita en el cargo, pues no aceptó, por ejemplo, una severa recomendación por tortura que involucraba a su jefe policiaco, Enrique Cerón, ahora alto funcionario del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado en la urbe tapatía, cuando fue alcalde de Guadalajara. El edil y el jefe policiaco se vieron además cuestionados en su intento de retirar a quienes luchan por su subsistencia en los cruceros urbanos, pues la presidenta de la CEDHJ salió a la defensa de los limpiaparabrisas, y recomendó vías preventivas, educativas y de justicia social, en vez de un camino represivo, que sólo propicia nuevos y más profundos agravios. Guadalupe Morfín tiene pleno derecho a ser redesignada, pues la opción está claramente considerada en la ley y ha sido propuesta por más de 108 organizaciones, con miles de firmas, a las que recientemente se suman las de mil 600 comuneros huicholes, que la quieren como su defensora, y quienes además en estos días se manifestaron en masa, demandando la no aprobación de las "reformas" indígenas.

Lo que no ha sido tratado con el cuidado que requiere, es que hay otro personaje de la vida pública jalisciense que tampoco quiere que Guadalupe Morfín sea nuevamente ombudsman: se trata del diputado que coordina los trabajos legislativos de la fracción blanquiazul, Fernando Guzmán Pérez Peláez. Vinculado al neopanismo, con excelentes relaciones en el andamiaje de la ultraderecha tapatía y con fama de intransigente, el diputado Guzmán fue también cuestionado como operador político de la administración del gobernador Alberto Cárdenas, de la que fue secretario general de Gobierno. La ombudsman lo llamó a cordura a raíz de una golpiza propinada a los barzonistas en una manifestación.

Cabe preguntar a Acción Nacional si es esta la alternativa a favor de la dignidad de la persona humana que sus precursores reverenciaron en los textos fundacionales de la doctrina de su partido. La alternancia implica contrapesos reales al poder, ejercidos de cara a la sociedad y en su beneficio.