Ť Poco antes de que venciera el plazo llevaron documentos 29 de 36 familias

Evitaron desalojo evangélicos; comprobaron pagos

Ť "No se les reinstalará el servicio" Ť Este 6 de julio determinarán validez de los papeles

CARLOS CAMACHO Y JOSE ANTONIO ROMAN CORRESPONSAL Y ENVIADO

Ixmiquilpan, Hgo., 22 de junio. Minutos antes de que venciera el plazo de cinco días, 29 de 36 jefes de familias evangélicas acudieron a la delegación municipal del barrio de San Nicolás para entregar la documentación que comprueba que están al corriente en sus pagos por el servicio de agua, para así evitar, aunque sea por el momento, un eventual desalojo, como se les advirtió desde hace tres meses por los líderes católicos de la comunidad.

Por otra parte, ante el aumento de conflictos religiosos en la entidad, el gobierno hidalguense anunció la próxima creación de una dependencia para atender directamente dicha problemática y todos los trámites relacionados con las asociaciones religiosas con registro y actividad en la entidad.

Tan sólo en lo que va del presente año se han recrudecido los conflictos de carácter religioso en diversos lugares como Calnali, municipio de la Huasteca; en la comunidad de López Rayón y San Nicolás, en Ixmiquilpan, y en Coaxhuaco, en Huejutla; en este último, por ejemplo, ya se registró la primera expulsión de dos familias indígenas que profesan la fe evangélica.

Respecto al conflicto de San Nicolás, el plazo que tenían los protestantes para presentar los comprobantes de pagos vencía al mediodía, situación que se presenta sólo como el pretexto para poder expulsarlos del barrio.

Las primeras horas del día fueron tensas. Treinta minutos antes de las 12, los jefes de 29 de las 36 familias amenazadas llegaron hasta la delegación municipal con copias de sus recibos de pago, tanto del servicio de agua como del resto de sus "cooperaciones".

Tras la rápida entrega, el delegado municipal Heriberto Lugo informó que "evaluarán" los documentos presentados y se pronunciarán sobre la validez o no de ellos el próximo 6 de julio, a fin de determinar si tienen o no adeudos en los últimos diez años. "Aquí, al que no cumple se le ejecuta, aunque sea católico", dijo luego del retiro de los evangélicos.

No obstante, advirtió que aun cuando los evangélicos comprueben que están al corriente de sus pagos y cooperaciones con la comunidad, no se les reinstalará el servicio de agua potable, suspendido desde mediados de febrero pasado.

Y es que el problema de fondo, según explicó, es que los evangélicos rechazan cooperar con la comunidad en sus "usos, costumbres y tradiciones", rechazando los "cargos impuestos por el pueblo", que incluyen no sólo faenas de beneficio comunal, sino también responsabilidades en la organización de las fiestas religiosas.

Alejandro Nepomuceno Hidalgo, pastor evangélico, aclaró que las familias protestantes no tienen ningún problema para cooperar en el beneficio comunal, pero no están de acuerdo en recibir cargos vinculados con cuestiones religiosas, pues además tienen que absorber los costos de dichas responsabilidades, que incluyen, por ejemplo, dar de comer a los cientos de personas que acuden a los festejos.

El problema en esta comunidad se presenta complicado, pues 12 de las familias habitan en un predio de 55 hectáreas propiedad de la comunidad de San Nicolás, donde uno de los compromisos establecidos para recibir en posesión dicho terreno fue "cumplir incondicionalmente" con todos los usos y costumbres del pueblo. No obstante, al convertirse, hace varios años, a la iglesia de Pentecostés, las familias rechazaron los cargos que les pretendían imponer las autoridades y líderes católicos.

Con esa decisión, dijo el delegado Lugo, a la comunidad le asiste el derecho de desalojarlos por incumplimiento de sus compromisos en el préstamo de dichos predios, que incluyen también una parcela.

El 6 de julio, la delegación municipal entregará la evaluación de los documentos recibidos hoy, y el 17 de julio ambas partes ?católicos y evangélicos? sostendrán una tercera reunión con representantes de los tres niveles de gobierno, la cual será presidida por el director de Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, Alvaro Castro Estrada.

Con esto, el conflicto religioso en Ixmiquilpan presenta muchas similitudes con los registrados en Chiapas, donde después de varias reuniones infructuosas, en las que también ha estado representada la Secretaría de Gobernación, la población evangélica se ha visto obligada a abandonar sus lugares de origen ante el peligro de su integridad física, con la complacencia de las autoridades y en violación a sus derechos humanos.