SABADO Ť 23 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Acuerdo de autoridades mexicanas y estadunidenses para aminorar riesgos a migrantes
Policías impedirán acercarse a la frontera
Ť El grupo Beta estará autorizado para evitar el paso a la malla ciclónica entre Mexicali y Caléxico Ť Es anticonstitucional y agravará el problema: procurador de derechos humanos
JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL
San Diego, California, 22 de junio. Declarar zonas de alto riesgo vastas extensiones en la región limítrofe entre México y Estados Unidos, prohibir el paso de personas hasta 3 kilómetros al sur de la frontera, efectuar operativos conjuntos de "disuasión" de la migración e intercambiar información entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de Estados Unidos para combatir a bandas de polleros son algunas de las medidas acordadas en una reunión de alto nivel sostenida hoy en esta ciudad por autoridades de ambas naciones.
Los acuerdos fueron alcanzados luego de dos días de trabajo entre representantes del los gobiernos de México y Estados Unidos, quienes buscan mecanismos para salvaguardar la integridad de los mexicanos que intentan ingresar al país del norte por esta región, en la que en los últimos seis años han muerto más de 640 personas.
John Williams, director para la región oeste del SIN, informó que las medidas incluyen un programa piloto para que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos porten artefactos que lancen petardos rellenos de polvo picante, a fin de inmovilizar a los migrantes "agresivos", como alternativa al uso de armas de fuego.
En el programa participarán 45 de los más de mil oficiales que patrullan la región entre California y Baja California; el resto continuará usando pistolas Beretta calibre 40, metralletas M4 y escopetas.
Los guardias migratorios también serán dotados de 20 nuevos vehículos para todo terreno y 100 lámparas que iluminarán 16 kilómetros del canal Todo Americano en la frontera entre Caléxico, California y Mexicali.
Esa zona, apuntó el funcionario en conferencia con la prensa, fue declarada de alto riesgo, lo que implica mayor presencia de la Patrulla Fronteriza para disuadir a los migrantes de ingresar a las aguas del canal en las que en los últimos años decenas de migrantes se han ahogado.
Del lado mexicano fueron cerca de 100 kilómetros lineales de frontera los considerados zonas de alto riesgo, los cuales se dividen en dos polígonos al este y oeste de Mexicali.
Alfredo Escobedo, director de Protección Civil de Baja California, informó que la declaratoria de zona de alto riesgo que facultaría a las autoridades policiacas y militares a impedir el paso de personas fue autorizada por el gobernador de la entidad, Alejandro González Alcocer.
Dicha declaratoria afecta el polígono llamado Mesa de Andrade, con una superficie de 17 mil hectáreas y 52 kilómetros lineales de frontera, además del polígono de 48 mil hectáreas ubicado entre los municipios de Mexicali y Tecate, con 43 kilómetros lineales de frontera.
En esas zonas, utilizadas como rutas del tráfico de personas, actualmente los grupos Beta de protección a migrantes sólo pueden alertar a los migrantes de los riesgos de caminar por el desierto y las montañas; sin embargo, a partir de esta declaratoria, que según el funcionario entrará en vigor antes de que finalice junio, estarán facultados para coadyuvar de facto con la Patrulla Fronteriza y prohibir el paso a los mexicanos que se dirijan a la frontera por esas zonas.
Las medidas fueron anunciadas al término del encuentro de las autoridades en el que estuvieron presentes mandos del SIN y la Patrulla Fronteriza, por la parte estadunidense; el ministro de asuntos migratorios de la embajada de México en Estados Unidos, Carlos Félix; los cónsules de México en San Diego y Caléxico, California, así como el delegado de la PGR en Baja California y el director de Protección Civil del estado, por la parte mexicana.
Sobre estos anuncios, el procurador de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, Raúl Ramírez Baena, apuntó que restringir el paso de los migrantes hacia la barda metálica que divide a México de Estados Unidos es una medida anticonstitucional.
Ello, dijo, violenta las garantías individuales y no resolverá el riesgo de muerte en la frontera; por el contrario, colocaría a los migrantes en un mayor riesgo, porque buscarían otras rutas más alejadas de los núcleos urbanos.
El ombudsman apuntó que este anuncio, vinculado al efectuado recientemente sobre la presencia de patrullas militares en la frontera con Belice y Guatemala, constituye la aceptación del gobierno mexicano para hacer el "trabajo sucio" de su homólogo estadunidense.