ISLA CANELA

Jaime Avilés

Rompen Fox y Canales Clariond

1. COCHECITOS DE CARRERAS

Un monopolio estadunidense llamado Championship Auto Racing Team, mejor conocido por la sigla CART, que organiza competencias automovilísticas en todo el mundo, obligó al estado de Nuevo León a constituir la empresa Monterrey Grand Prix, S de RL, por medio de un convenio en el que el gobierno de Fernando Canales Clariond se compromete a aportar las instalaciones de un parque ecológico para la celebración de carreras de coches durante un lapso de cinco años.

Todo lo anterior consta en la escritura pública número 56,785, librada el 14 de abril del año pasado por los notarios Jesús Montaño García y Carlos Montaño Pedraza, ambos de la ciudad de Monterrey, quienes dieron fe de que en aquella fecha comparecieron ante ellos los señores J. Galdino Canseco Quintanilla, representante de Patrick Properties Inc. y Pro-Motion L.L.C.; Antonio Gutiérrez Cabello, a nombre de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma; Luis Gerardo Martínez González, del Grupo Financiero Banorte, y Carlos Treviño de la Garza, director general del Parque Fundidora.

En 1986, tras clausurar la Fundidora Monterrey, el gobierno de Miguel de la Madrid emitió un decreto para que ese enorme predio fuera transformado en una zona de protección ecológica, que debería ser reforestada a fin de revertir el creciente deterioro ambiental del valle regiomontano, donde el vertiginoso desarrollo industrial que se ha registrado en los últimos 100 años acabó con el agua, los bosques y las montañas de la región.

Para tal efecto, fue creado el Parque Fundidora, donde sin embargo no ha sido plantado un solo árbol. Desde su llegada al poder en 1997, Fernando Canales Clariond concibió la infausta y antiecológica idea de edificar una pista de carreras de coches de rango internacional, con el propósito de darle a Monterrey un atractivo turístico que captara la atención, sobre todo, del público de Estados Unidos.

El acta notarial arriba citada revela que el gobernador Canales Clariond (cuya firma aparece al calce, al igual que las de los principales miembros de su gabinete) abusó de su investidura pública al actuar en contra del interés general de los ciudadanos, porque se valió de la fuerza del estado que representa para promover una obra estrictamente lucrativa en beneficio de particulares.

Asimismo, Canales Clariond atentó contra la salud de los habitantes del valle de Monterrey al impedir el desarrollo de una zona ecológica diseñada para mejorar la calidad del aire y del suelo y, por si lo anterior fuera poco, sometió la soberanía de Nuevo León a los caprichos de una firma trasnacional.

2. EVIDENCIAS

En la foja número 47 del documento, donde el 14 de abril de 2000 se habla de la probable organización del Gran Premio de Monterrey (que se efectuó en marzo de 2001), se señala que "la referida organización CART impone que el Estado de Nuevo León participe como socio en una empresa que se pretende constituir para tal fin y eventos similares".

La empresa, como ya está dicho, resultó ser la Monterrey Grand Prix, S de RL, cuyo "domicilio social es el Municipio de Monterrey, Nuevo León, pero pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier otro lugar dentro y fuera de la República Mexicana".

El acta notarial agrega que tal sociedad mercantil quedó integrada por cuatro socios, cuyos nombres y porcentajes de aportación son los siguientes: "Patrick Properties Inc., 28.5 por ciento; Forsythe Racing Inc., 28.5 por ciento; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV, 28.5 por ciento, y el Fideicomiso Parque Fundidora, 14.5 por ciento".

Por si hubiera alguna duda acerca de las condiciones determinadas por la trasnacional de marras, el acta asienta que "la participación del Fideicomiso Parque Fundidora [del gobierno de Nuevo León, administrado por Banorte. Nota de J.A.] como socio de la referida empresa, atiende a la condición que impone la Organización CART".

Más adelante, se expresa que "en la reunión del Comité Técnico de este Fideicomiso, celebrada el 20 de diciembre del año pasado (1999), se informó del proyecto de construcción de una pista internacional de automóviles de carreras y que el estado de Nuevo León tendría dos funciones distintas, la primera como socio de la empresa y la segunda como otorgante del derecho de uso del espacio dentro del parque, para que la empresa de la cual formaría parte pudiera celebrar los eventos automovilísticos en comento".

3. LAS TOALLAS DE LA REVANCHA

El pasado lunes 18 de junio, Liliana Flores Benavides, dirigente de El Barzón en Monterrey, dio a conocer estas irregularidades por las cuales Fernando Canales Clariond podría ser llamado a juicio político. Una duda embarga a los observadores imparciales: ¿de dónde sacó esta joya la infatigable activista neoleonesa? Las malas lenguas sugieren que el origen de la filtración debería ser buscado en la esfera de la Presidencia de la República, en virtud de un hecho político de proporciones aún mayores.

El grupo de Canales Clariond, que cuenta con el respaldo de algunos de los empresarios más poderosos de Monterrey, ha roto discreta pero rotundamente con el gobierno de Vicente Fox. Esta fisura no es de poca monta, pues evidencia la descomposición de uno de los bloques dominantes que contribuyeron de manera notable a la victoria electoral del hombre de las botas hace ya casi un año.

A la opinión pública no le han pasado por alto las extrañas reuniones de Canales Clariond con gobernadores pertenecientes al PRD, como Ricardo Monreal, de Zacatecas, o Alfonso Sánchez Anaya, de Tlaxcala. El hombre de las macrocejas acudió a ellas para dar una señal inequívoca de su distanciamiento respecto de Fox. Otro dato que bien podría abundar en esta hipótesis fue la renuncia de Rafael Rangel Sostmann, rector del Tecnológico de Monterrey, al gabinete foxista.

Rangel Sostmann sostiene hondas diferencias con el empresario Alfonso Romo Garza, padrino del ex rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el biólogo Reyes Tamez Guerra, actual secretario de Educación Pública. Leal a Fox, a cuya carta apostó la supervivencia de su naciente pero debilitado imperio, Romo Garza atraviesa actualmente por gravísimas dificultades financieras que lo obligaron a vender su boyante empresa de seguros La Comercial América para pagar las deudas de Seminis, la firma especializada en la producción de semillas transgénicas que tiene grandes inversiones en el sureste mexicano, especialmente en Tabasco y Chiapas, pero que a pesar de las maniobras de su propietario, esta semana volvió a registrar una espectacular caída de 8 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores.

No debe desestimarse, como consecuencia de esta ruptura en el seno del Grupo Monterrey, el más importante bastión político y económico del foxismo, que la revelación periodística sobre los escandalosos gastos en toallas y en sábanas realizados por la residencia oficial de Los Pinos haya sido una respuesta de las huestes de Canales Clariond a la filtración sobre los malos manejos del gobernador neoleonés en el asunto de la trasnacional CART y el Parque Fundidora.

4. NUMEROS RECESIVOS

De acuerdo con los manuales universitarios que se usan hoy en día, se dice que hay recesión cuando el producto interno bruto de un país registra un crecimiento negativo durante dos trimestres consecutivos. Esta medición se efectúa comparando el volumen del PIB con la tasa demográfica vigente. Si en México la población crece a un ritmo de 2 por ciento anual, lo anterior indica que en los primeros seis meses del año el PIB ha tenido un desarrollo inferior a 2 por ciento.

Discúlpese la aridez de este razonamiento, pero los hechos son los hechos. Para determinar que estamos en un momento de recesión económica, el gobierno de Fox ha debido reconocer que de enero a marzo, y de marzo a junio, la economía no estaba tan fuerte como los voceros de la Secretaría de Hacienda y el propio jefe del Ejecutivo federal se habían obstinado en machacarnos.

Al principio del sexenio, las predicciones oficiales aseguraban que durante 2001 el PIB aumentaría 7 por ciento. En abril, este pronóstico fue rebajado a 5 por ciento, que seguía siendo por demás optimista. Ahora, al aceptar implícita pero calladamente que el PIB está por debajo de la tasa demográfica, el titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, ha formulado una especie de buenos deseos que más bien parecen rayar en la desesperación. Si bien nos va, debemos deducir de su mensaje entre líneas, la riqueza del país crecerá este año apenas el doble de lo que porcentualmente lo haga la población, para alcanzar un tímido y pálido 2 por ciento.

5. PRECIOS DE ESCANDALO

¿Por dónde vagaba la mente de Fox cuando, a pesar de los reportes negativos del primer trimestre, auguró que estábamos "mejor que nunca"? ¿Fue por ello que, deslumbrado por ese falso panorama, el Presidente se creyó en condiciones de adquirir para su familia una toalla de 4 mil pesos y un juego de sábanas de 12 mil?

En la denuncia publicada el martes por este periódico, en la que se da cuenta de un decreto de expropiación a favor de la televisión de peluche, mediante el cual el gobierno mexicano compraría mil 862 metros cuadrados a los ejidatarios del cerro del Chiquihuite a razón de 150 pesos por metro cuadrado, aparece un inquietante razonamiento: ¿cuántos metros de su tierra debería vender un campesino de la Gustavo A. Madero para adquirir una toalla de Fox?

6. SALVADORES DE SI MISMOS

Si estamos en recesión -piensan, sorprendentemente al unísono, Andrés Manuel López Obrador y Diego Fernández de Cevallos-, debemos fortalecer la autoridad presidencial para que la estabilidad política del país no siga deteriorándose y todo lo demás se ponga en peligro.

Las palabras del jefe del gobierno capitalino coinciden con las declaraciones que Amalia García, presidenta nacional del PRD, formuló hace algunos días, en el sentido de que su equipo de trabajo -ligado al Grupo San Angel y al canciller Jorge G. Castañeda- no desea ocupar simplemente un puesto en el gabinete de Fox sino formar parte de un "gobierno de salvación nacional".

¿Cuál sería el sentido de este proyecto?

Por lo pronto, la aportación más creativa de esta semana la ha hecho el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, al observar que si las legislaturas estatales de Chiapas, Guerrero y Oaxaca rechazan la ley Zedillo-Fox sobre derecho y cultura indígenas, este debería ser el mejor de los argumentos para que la reforma aprobada el 30 de abril por el Congreso de la Unión fuera devuelta para su revisión a las cámaras.

Es una desgracia, sin embargo, que ese brillante planteamiento no haya sido tomado en cuenta por la directiva nacional perredista ni por las figuras emblemáticas de ese partido.