VIERNES Ť 22 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Las universidades públicas no se oponen a rendir cuentas: Ibarra Mendívil
Reglas claras para las auditorías, exige la ANUIES
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
Las universidades públicas "no se amurallan en su autonomía" ni rechazan rendir cuentas, pero exigen claridad en los criterios que definirá la Cámara de Diputados para las auditorías que aplicará este año, por primera vez, a las instituciones de educación superior, señaló Jorge Luis Ibarra Mendívil, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
El ex rector de la Universidad Autónoma de Sonora manifestó que se debe evitar que estas auditorías se "contaminen con intereses políticos internos o externos a las instituciones", e informó que este año serán fiscalizadas las universidades Autónoma de Tamaulipas, que interpuso un amparo contra esa medida, y la Veracruzana.
Después de asistir a una conferencia en el Instituto Politécnico Nacional, el representante de los rectores explicó que todavía no hay acuerdo con los diputados acerca de cómo serán elegidas las universidades en que se practicará la fiscalización y qué años y fondos se revisarán.
El mandato de que las instituciones públicas de educación superior informen sobre sus finanzas es producto de la reforma al artículo 79 constitucional y de una nueva ley de fiscalización aprobada el año pasado.
Sin embargo, para poner fin a debates, explicó que la ANUIES prepara una propuesta de ley general de educación superior, con el fin de planear mejor este nivel educativo, establecer con más claridad los conceptos de autonomía y rendición de cuentas, y aumentar las capacidades de las universidades.
"La ANUIES está de acuerdo en que haya mayor claridad y transparencia en el uso de los recursos públicos que aplican las universidades, pero debemos ponernos de acuerdo en un marco de criterios de auditoría compatibles con las características de las universidades", afirmó en entrevista.
Señaló que la mayoría de las instituciones tienen mecanismos internos de control financiero y también son auditadas por organismos externos, por lo que se requiere sentar bases más claras para la aplicación de la nueva ley de fiscalización.
Indicó que falta profundizar en el tipo de auditorías, y definir los recursos que serán revisados, porque muchas universidades reciben fondos tanto federales como estatales y tienen ingresos propios.
El otro punto que preocupa a los rectores, explicó, es que estos procesos se vean contaminados por intereses políticos. "Queremos que se vea como un proceso natural de rendición de cuentas, que las universidades sean elegidas al azar para la aplicación de las auditorías, y no parezca que se debe a un interés particular", refirió.
Ibarra Mendívil dijo que en las pláticas con el Congreso, los legisladores tienen "problemas de interpretación" en cuanto a los años que deben ser revisados, si es el 2001 o los ejercicios anteriores.
Las universidades, aseveró, "no se escudan en la autonomía" para negarse a rendir cuentas, sino que quieren mecanismos claros y dar un mensaje a la sociedad de que están dispuestas a entrar a una nueva etapa para explicar cómo se aplican los recursos públicos en la educación superior.