REPORTAJE

Ť Todavía no comprueban pagos de agua, que es el pretexto para sacarlas, dicen

Hoy vence plazo a familias evangélicas de Ixmiquilpan; podrían ser expulsadas

Ť El problema, de "usos, costumbres y tradiciones" que no quieren cumplir: católicos

CARLOS CAMACHO Y JOSE A. ROMAN CORRESPONSAL Y ENVIADO

Ixmiquilpan, Hgo., 21 de junio. A unas horas de que venza el plazo establecido por líderes católicos de Ixmiquilpan para una eventual expulsión, las 36 familias evangélicas no han comprobado estar al corriente en el pago del servicio de agua, requisito que se les ha impuesto como "pretexto" para permanecer en su comunidad de San Nicolás, ubicada a unos cinco kilómetros de esta cabecera municipal.

En caso de que no realicen dicha comprobación al mediodía de mañana viernes, los cincos delegados municipales convocarían al pueblo a una asamblea general para determinar si se les expulsa o se les amplía el plazo, que de hecho sería el segundo, después de que el pasado 17 de junio estaba programado su desalojo.

Para los representantes evangélicos, la exigencia de que presenten sus comprobantes de pago es, en realidad, un pretexto que disfraza una acción de "intolerancia religiosa", mientras que los líderes católicos afirman que se trata de un problema de "usos, costumbres y tradiciones", y que los evangélicos no cumplen con las obligaciones que tienen con la comunidad.

Alejandro Nepomuceno Hidalgo, pastor evangélico, informó que mañana por la tarde, una vez concluido el plazo que establecieron los católicos, las familias afectadas darán su versión de los hechos, en los cuales destaca la suspensión del servicio de agua potable, la prohibición del uso del panteón comunal y la amenaza sobre la posesión de sus parcelas y viviendas.

Sin embargo, el problema de intolerancia religiosa no es de hoy ni es exclusivo de esa región del Valle del Mezquital. La colonia El Calvario, en este municipio, donde hoy reside el pastor Nepomuceno, se formó hace varios años con familias evangélicas llegadas de varias comunidades que vivían en "constante hostigamiento" por parte de representantes y líderes católicos.

Incluso, los afectados recordaron que hace dos años, también por motivos de intolerancia religiosa, un grupo de católicos destruyó un templo evangélico en la comunidad de Panales.

Perteneciente a la diócesis de Tula, donde según los últimos datos estadísticos de la Secretaría de Gobernación. 91.48  por ciento de la población profesa la religión católica, San Nicolás tiene una población eminentemente indígena donde el ñañú (otomí) es la lengua  materna.

El conflicto iniciado en 1988, cuando las 37 familias decidieron cambiar de religión, se ha visto agudizado en los últimos cinco meses, pese a la intervención de los tres obispos de las diócesis que comprenden el territorio hidalguense (Tula, Tulancingo y Huejutla), y a la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.

Los obispos Octavio Villegas, Pedro Arandadíaz y Salvador Martínez, en un tibio comunicado, llamaron a las partes en conflicto a que por la vía del diálogo encuentren el camino hacia la paz, la armonía y la convivencia; sin embargo, rechazaron que se trate de un asunto de intolerancia religiosa, atribuyéndolo más bien al "cambio de mentalidad y de ideas" de aquellas personas que se van al extranjero a trabajar de "braceros" y regresan con otra religión.

El comunicado episcopal, hecho público a principios de este mes y leído en la misa dominical de San Nicolás, responsabiliza a los medios de comunicación por dar al asunto un "enfoque equivocado", pues, insiste, no se trata de intolerancia religiosa, sino de usos y costumbres.

Tampoco las dos reuniones formales entre ambos grupos (católicos y evangélicos) con autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo a la Secretaría de Gobernación, han distendido el conflicto.

Aunque se han firmado, resultado de estas reuniones, varios acuerdos de respeto mutuo, en la realidad las familias evangélicas siguen bajo la amenaza de ser expulsadas, pues nadie, ni el gobierno estatal ni el federal, les garantiza su permanencia dentro del barrio de San Nicolás.

Las reuniones, que se han llevado a cabo tanto en Ixmiquilpan como en la capital del estado ?ha participado el director de Asuntos Religiosos de Gobernación, Alvaro Castro Estrada?, no han derivado en acuerdos concretos, sino sólo en muestras de aparente buena voluntad.

En los hechos, a las familias evangélicas de Ixmiquilpan desde febrero no les surten el agua potable, así como no pueden usar el panteón comunal, y han recibido las amenazas de ser expulsados.