VIERNES Ť 22 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Amortizar los pasivos llevará entre 25 y 30 años y los recursos deben salir de las autopistas

El rescate carretero quedó nulificado; las empresas se hunden en deudas

Ť Bufete Industrial enfrenta grave falta de liquidez y por sus enormes adeudos será vendida en un precio ridículo; ICA debe casi $7 mil millones y Tribasa negocia una restructura financiera

PATRICIA MUÑOZ RIOS / I

A cuatro años del rescate carretero los grandes consorcios de la construcción implicados en este quebranto y que recibieron el beneficio gubernamental continúan en severos problemas financieros: Bufete Industrial tiene su principal filial en suspensión de pagos, enfrenta una grave falta de liquidez y concretará su venta en los próximos días en un ridículo precio por sus enormes adeudos; ICA reportó al primer trimestre del 2001 una deuda total por 6 mil 742 millones de pesos -49 por ciento contratada a corto plazo- y Tribasa sigue suspendida en la bolsa, negocia una reestructura financiera, ha planteado pagar a Hacienda sus adeudos con dos concesiones y su deuda suma 5 mil 219 millones de pesos.

Los últimos informes financieros de estas empresas -reportados a la Bolsa Mexicana de Valores- indican que prácticamente quedó nulificado el rescate carretero, el cual tuvo un costo inicial de 59 mil millones de pesos en 1997 y en cuatro años prácticamente se duplicó -por las tasas de interés el costo financiero y la inflación-, por lo que ya asciende a 100 mil millones de pesos, según cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la cual estima que el gobierno federal tardará cuando menos un cuarto de siglo para pagar totalmente el monto de este rescate.

La dependencia, junto con la Secretaría de Hacienda, mandó realizar un estudio con la empresa Santander Investment para determinar qué plazo se requerirá para pagar este rescate, cuántos ingresos se requerirían para hacerlo y de dónde saldrán estos recursos. Los resultados fueron los siguientes: amortizar esta deuda implicará entre 25 y 30 años y los ingresos saldrán de las mismas autopistas, ya que todo lo que se recabe por peajes se destinará al pago íntegro de este adeudo, a fin de no tomar recursos del erario para este propósito. El estudio se basó en un calendario de cobros de peajes de aquí al año 2025.

Otro estudio elaborado por analistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM asegura que con lo que se pagará del rescate carretero se podrían abonar 50 años de pensiones a los burócratas o una década de sostenimiento de la misma universidad.

El dinero implicado

El 27 de agosto de 1997 el gobierno federal publicó la declaratoria de rescate de 23 de 52 carreteras concesionadas. Esto implicó la terminación anticipada de concesiones otorgadas mediante el pago de una ''indemnización'' a las empresas. El proceso llevó al gobierno a reconocer una deuda bancaria que las empresas privadas tenían por 37 mil 300 millones de pesos, así como a reconocer 22 mil 300 millones de pesos como cuentas por pagar a favor de estas compañías, los cuales se cubrieron mediante la emisión y entrega a estas de Pagarés de Indemnización Carretera (PICS).

De manera adicional, el gobierno perdió 11 mil 75 millones de pesos que había aportado en efectivo a las empresas antes del quebranto, para ''hacer frente a los cambios en la estructura financiera de los proyectos'' y que estaban registrados como ''cuentas por recuperar'' y se tuvieron que borrar.

Los beneficiarios fueron seis grupos empresariales, en los que participaban Bufete, Tribasa, ICA y GMD. Pero este apoyo financiero quedó nulificado en poco tiempo.

Del récord de contratos a la suspension de pagos

La empresa Bufete Industrial, cuyo consejo de administración está presidido por José Mendoza Fernández y tiene entre sus consejeros propietarios a Raúl Muñoz Leos (director de Petróleos Mexicanos) y a Juan Gallardo Thurlow (que encabezó a los empresarios en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es directivo del Grupo Azucarero México y participa en Indetel y de Nadro), llegó a ser una las principales firmas de construcción del país, rompió récord de contratos a nivel nacional, logró una alta participación en los mercados internacionales y cotizaba en los mercados de valores de México, Estados Unidos y Londres.

Desde 1997 cuando esta empresa tuvo que formar parte del rescate carretero no se ha podido recuperar, de poco le valió el costoso apoyo gubernamental. En su informe al primer trimestre del 2001 se establece que en este periodo su pérdida neta fue de 253 millones de pesos -72 por ciento más que un año antes-; que su principal filial continúa en suspensión de pagos y tiene un decremento importante en la utilidad de operación explicado por ''la difícil situación que está atravesando''.

Bufete sufrió en este primer trimestre del 2001 de una caída de ventas del 6 por ciento; su pérdida de operación fue de 55 millones de pesos; su margen operativo fue de menos 53 por ciento; registró un decremento de 82 por ciento en la obra contratada por ejecutar; tuvo un incremento de su deuda en dólares por los movimientos de la paridad; así como un decremento de mil 275 millones de pesos en cuentas por cobrar; sufrió una disminución en el total de su activo por ventas de acciones, inmuebles, maquinaria y equipo por 569 millones de pesos y redujo sus inventarios en 296 millones de pesos.

Su deuda consolidada es de 150 millones de dólares, la mayor parte a corto plazo y está vencida. ''Con la venta de ciertos activos que formaban parte del patrimonio de un fideicomiso, liquidó parcialmente un crédito a Bancomext'', apunta el informe y revela que el capital contable del grupo decreció a menos 2 mil 348 millones de pesos, por sus pérdidas registradas en los últimos meses; además, tiene serios problemas de liquidez porque no ha podido cobrar, se ha visto imposibilitado a recalendarizar la estructura financiera de los proyectos y no tiene acceso a los mercados de capital tanto nacional como internacional, ''lo que ha dificultado la obtención de financiamiento de largo plazo''.

Aún con todo, el gobierno le sigue dando contratos. Le ha autorizado obras para Petróleos Mexicanos, como el proyecto de Pemex Exploración y Producción en Cantarell y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para esta misma paraestatal en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Por lo que cabe recordar que el director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, está en la lista del integrantes del consejo de administración de Bufete.

Otros contratos adjudicados son los que se dieron para que efectuara obras de ingeniería en Laguna Verde para la Comisión Federal de Electricidad y el que le otorgó la Comisión Reguladora de Energía por 30 años para la construcción y operación de un sistema de distribución de gas natural para abastecer a la zona del Valle de México.

En 1997, cuando fue rescatada, Bufete le debía a sus proveedores mil 148 millones de pesos; a bancos, 290 millones; en créditos bursátiles, 880 millones; en impuestos por pagar, 51 millones -que al año siguiente se multiplicó 300 por ciento- y tenía otros pasivos por 429 millones. El rescate del que participó y que le costará al país un cuarto de siglo pagar, de nada le sirvió.