viernes Ť 22 Ť junio Ť 2001
Gilberto López y Rivas
Ciudadanía y presupuesto participativo
La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el ejercicio de gobierno es tema obligado para quienes pretenden avanzar en la consolidación de procesos democráticos en marcha. Corresponsabilidad, transparencia, democratización de las relaciones entre gobierno y sociedad son motivos de discusión en foros y espacios de encuentro de especialistas y representantes de distintas fuerzas políticas. Sin embargo, es común que la reflexión se centre en las formas y no en el fondo.
Analizar la participación ciudadana requiere contexto e historia. Hay que reconocer la diversidad de formas de organización que la población se da a sí misma para enfrentar sus aspiraciones más profundas, así como asumir los retos para construir una sociedad económicamente justa, socialmente más igualitaria, políticamente democrática y culturalmente plural.
En México persiste la tradición corporativa de la organización social, a la que se suma la falta de credibilidad en la democracia representativa y en el sistema de partidos que provoca la apatía ciudadana para involucrarse en asuntos públicos. En realidad, aún hay gran distancia entre la ciudadanía formal y el ejercicio real de los derechos del ciudadano. Se vive la paradoja de que los políticos y estudiosos se refieren a ciudadanía y democracia mientras se erosionan sus bases. La pobreza, la exclusión social, la violencia y el clientelismo, enquistados en la práctica política, desmoronan los cimientos de la democracia.
El neoliberalismo afirma los elementos más individualistas de la ciudadanía, identificándola con el triunfo de los más aptos, o bien pretende la homogeneización del ciudadano para ocultar contradicciones y negar la pluralidad, sin reconocer el conflicto generado por las inequidades y polarizaciones del modelo económico del que parte.
La alternancia no supone necesariamente el cambio de régimen ni mucho menos del modelo económico, y así ya se ha aclarado que el actual gobierno es "de, por y para los empresarios" y que el Plan Puebla-Panamá significa mucho más que Chiapas, el EZLN y los derechos de los pueblos indígenas.
La participación ciudadana no puede ni debe reducirse al ejercicio de la gestión, limitándola a la mera entrega de demandas cada Miércoles ciudadano, a la pretendida eficacia gerencial en los gobiernos locales, a la presencia restringida de "notables" en la toma de decisiones gubernamentales mientras se propagandiza que son por el "bien común", se aplican recetas sobre superación personal, se organiza desde arriba el "ayúdate a ti mismo" y se utiliza la mercadotecnia publicitaria. Hoy cada día más mexicanos se convencen de que la tierra prometida del foxismo puede resultar una pesadilla para las grandes mayorías nacionales.
Una estrategia que pretenda transformar de fondo la relación gobernantes y gobernados debe partir de una visión integral de la realidad, reconocer las contradicciones sociales y las identidades colectivas; combinar formas de representación directa y representativa, y abrir canales y mecanismos claros para la toma de decisiones. En comunidades y pueblos indígenas, por ejemplo, se combina un ejercicio democrático de votación en urnas con formas de organización en las que son prioritarias las asambleas comunitarias, de acuerdo con usos y costumbres. La transparencia en el manejo y la decisión sobre el destino de los recursos presupuestales son un factor central para avanzar en la democratización de la relación entre gobierno y ciudadanía, y para descentralizar el poder.
Con la puesta en práctica del ejercicio Hacia un presupuesto participativo en la Delegación Tlalpan se busca, no sin limitaciones y dificultades, abrir espacios y mecanismos claros de participación para que ciudadanos y ciudadanas puedan proponer, priorizar, vigilar y evaluar el mantenimiento y construcción de obras; atención de servicios urbanos y puesta en práctica de programas de desarrollo social en salud, cultura, cuidado del medio ambiente, fomento económico, entre otros.
Para incorporar a la mayor cantidad posible de ciudadanos, se instalarán 350 mesas de información, que darán a conocer las etapas y formas de participación; se brindará asesoría permanente en las cinco coordinaciones territoriales; se llevarán a cabo talleres de capacitación para elaborar propuestas; se instalarán casillas en cada sección electoral para priorizar las propuestas; se formarán equipos de monitoreo para el seguimiento del proceso, y se organizarán recorridos de los ciudadanos por las diferentes zonas para favorecer una visión de conjunto de la problemática delegacional; habrá asambleas vecinales para dar a conocer los resultados del proceso ciudadano. A partir de las propuestas se elaborará el proyecto del Programa Operativo Anual para 2002, que la jefatura delegacional de Tlalpan entregará al Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Este ejercicio puede abrir las puertas a procesos de mayor envergadura en la participación ciudadana, como han demostrado las experiencias de Montevideo, Uruguay, o Porto Alegre, Brasil, en el ámbito internacional, o en algunos municipios de nuestro país.
Si el gobierno y la mayoría del Congreso de la Unión parecen sumergirse en el entreguismo de nuestros recursos, economías y fuerza de trabajo, y en la negativa racista de abrir las puertas de la pluralidad étnico cultural, la resistencia al proyecto desnacionalizador tendrá que venir desde abajo, a partir de autonomías de hecho y de experiencias ciudadanas que vayan construyendo un frente nacional capaz de contener los planes alentados por quienes han tomado el país como su patrimonio.
Variados son los caminos de la resistencia civil ante lo que se avizora en el horizonte de una derecha que apuesta al "orden, moral y progreso". šVivan los perros que ladran!