VIERNES Ť 22 Ť JUNIO Ť 2001
Ť La aplanadora panista en Jalisco aprueba la iniciativa
Sinaloa se suma a los estados que rechazan la ley indígena
Ť Continúan las protestas en el sureste contra la reforma; movilizaciones en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Comitán
DE LOS CORRESPONSALES
El Congreso de Sinaloa se sumó ayer a la lista de legislaturas que han rechazado la ley indígena (las de Oaxaca, Zacatecas y Baja California Sur lo hicieron anteriormente). En Jalisco, en cambio, la Cámara de Diputados local aprobó la iniciativa, por lo que yan son 11 los legislativos estatales que votan en ese sentido.
La resolución de la Cámara de Diputados de Sinaloa se logró con 26 votos en contra, de priístas y perredistas, y 11 a favor, de 10 panistas y un ex priísta, José Carlos de Saracho Calderón.
En la discusión de la reforma, el líder de la mayoría priísta Jesús Enrique Hernández Chávez expresó: "la reforma constitucional sitúa a los pueblos indios como entidades de interés público, es decir, como objeto de la atención del Estado, no como parte del Estado".
No obstante votar en el mismo sentido, Tere Guerra Ochoa, del PRD, exhibió las condiciones de miseria y rezago en que mantiene el gobierno estatal, de origen priísta, a los indígenas mayos del norte de Sinaloa, en cuyas comunidades proliferan expendios de cerveza.
Desde el gobierno del estado, dijo, se controla y divide a las comunidades indígenas, a cuyas autoridades se les "compra" y da dinero. Porque no resuelve de fondo los problemas que padecen las comunidades indígenas del país, el PRD rechaza esta ley, ya que de aplicarse, alrededor de 10 millones de indígenas quedarán sin la protección de la Carta Magna, concluyó.
Javier Casas López, de la fracción blanquiazul, señaló que la iniciativa enviada por el Congreso federal representa un avance impostergable para los indígenas del país que debe valorarse.
Durante la sesión, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa mostró pancartas de rechazo a la iniciativa y pidió a los diputados de todas las fracciones que se sumaran a esta postura.
Sí en Jalisco
Luego de más de dos horas de discusión, en la que los diputados panistas utilizaron su mayoría para dispensar una segunda lectura al dictamen, los 21 albiazules aprobaron las reformas constitucionales, mientras 14 priístas, dos perredistas y una verde las rechazaron.
Luego de la primera lectura, Octavio Navarro Prieto, diputado panista que preside la Comisión de Asuntos Indígenas, aseguró: ''nadie puede negar que las reformas representan avances y aunque no satisfacen las demandas indígenas al ciento por ciento, sirven de plataforma para seguir avanzando".
Tras la votación, representantes de organizaciones no gubernamentales lanzaron gritos desaprobatorios contra los panistas e incluso uno de ellos les gritó "traidores", mientras los panistas celebraban con burlas el calificativo.
Villoro y Díaz Polanco piden en Chiapas rechazar la ley
Unas 12 agrupaciones indígenas y campesinas integrantes de la Coalición de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas iniciaron protestas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, Ocozocoautla y Frontera Comalapa.
Las movilizaciones demandan al Congreso local que no refrende las reformas aprobadas por los diputados federales y senadores, exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En Tuxtla Gutiérrez, cientos de campesinos indígenas provenientes de distintos puntos de la entidad ocuparon simbólicamente las instalaciones del Congreso local, mientras en Tapachula habitantes de los 16 municipios de las regiones Costa, Sierra y Frontera marcharon por las calles y finalizaron con un mitin en la plaza central de la ciudad.
Héctor Díaz Polanco y Luis Villoro, entre otros especialistas que asistieron al foro de análisis sobre las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, organizado por la fracción parlamentaria del PAN en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, exhortaron a los diputados locales a que "consideren muy seriamente el rechazo" a dicha legislación.
En las ponencias ante unos diez de 40 diputados de la Legislatura, los antropólogos señalaron los pros y contras de la ley enviada por el Congreso de la Unión, las dificultades técnicas y jurídicas que conllevaría su aplicación en los estados y el costo político para el gobierno federal.
Villoro explicó, punto por punto en los artículos aprobados por el Congreso de la Unión, "los graves problemas técnico jurídicos" que la ley contiene. El dejar que los estados legislen sobre puntos particulares y relativos a las características propias de cada entidad, deja a los grupos sujetos de derecho a merced de la correlación de fuerzas que exista en cada una de las legislaturas.
''Si en alguna de ellas es mayoritaria la presencia de legisladores panistas o priístas o perredistas, seguramente esta postura es la que se impondrá, y no importa que en el vecino estado habiten los mismos grupos étnicos que comparten semejantes características; cada uno estará sujeto a leyes distintas'', adviritió.
Exhortó a los legisladores a que cualquiera que sea su voto esté basado en la reflexión jurídica y política.
Díaz Polanco señaló en su turno que la ley no es legítima, porque su problema de fondo es que no estuvo acordada con los sujetos a los que va dirigida y plasma una visión "muy parroquial de la autonomía".
"El grave problema" es que la propuesta "no cumple con los principios de cualquier autonomía: unidad nacional, igualdad de trato entre agentes autónomos y entre etnias y solidaridad. No veo esto en las reformas aprobadas".
''No se da un reconocimiento a los verdaderos derechos de los grupos indígenas y, sobre todo, viola el acuerdo entre las partes en conflicto (el EZLN y el gobierno federal), que llevó al grupo insurgente a ceder en algunas de sus demandas para que la Cocopa efectuara una propuesta de ley''.
En este sentido, además de ilegítima, la ley en la materia rompe el pacto político y no otorga a los indígenas el goce de sus derechos, abundó.
En tanto, el titular del Poder Judicial en Chiapas, Juan Roque Flores -quien formó parte de la primera Cocopa-, afirmó que por ser aquí la "cuna del conflicto" armado, "lo lógico sería que el Congreso local no acepte" las reformas.
"Creo que esa iniciativa quedó muy atrás de los acuerdos de San Andrés; no es un buen texto como para garantizar la continuidad del diálogo y las negociaciones" entre la administración del presidente Vicente Fox y el EZLN, dijo.
"Ojalá que después de este proceso de discusión en las legislaturas locales haya alguna otra medida de parte del gobierno federal que tienda a acercar a las partes en conflicto.'' JAVIER VALDEZ, CAYETANO FRIAS, ANGELES MARISCAL, JUAN BALBOA, ELIO HENRIQUEZ Y RODOLFO VILLALBA