JUEVES Ť 21 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Exigen renuncia del ministro de Relaciones Exteriores
Josep Piqué, acusado de fraude fiscal y desaparición de 101 mdd, en España
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL
Madrid, 20 de junio. Josep Piqué, ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, fue imputado hoy por la Sala Penal del Tribunal Supremo en los delitos de apropiación indebida, alzamiento de bienes y fraude fiscal, por una operación multimillonaria firmada ante notario por el canciller en 1991, cuando era ejecutivo de estrategia de la empresa Ercros.
Se vincula a Piqué en la desaparición de más de 101 millones de dólares y del pago de comisiones por más de 52 millones dólares, lo que motivó que los partidos de oposición exigieran el cese inmediato de Piqué como canciller.
El fiscal del Tribunal Supremo del llamado caso Piqué, Bartolomé Vargas, presentó el pasado martes un documento sobre la presunta operación frauduleta en la que participó el canciller, y que incluyó los informes del flujo financiero de Ercros, un informe pericial y dos informes más de la Fiscalía Anticorrupción. La Sala de lo Penal del Supremo aprobó por diez a votos a favor y dos en contra la orden de inculpación contra Piqué.
Según la Sala, el 9 de enero de 1991 el entonces vicepresidente de Ercros, Javier de la Rosa, pactó la venta de Ertoil, filial de Ercros a la petrolera francesa Elf a través de la sociedad luxemburguesa General Mediterranean Holding (GMH) por un precio negociable de 44.600 millones de pesetas (220 millones de dólares), que finalmente quedó en 41.400 millones después de que las dos partes firmaron el 4 de julio siguiente un acuerdo transaccional que 15 días más tarde fue protocolizado ante notario por Piqué.
GMH fue la sociedad instrumental utilizada en la operación con el fin de eludir el pago de impuestos, pero además queda aún por resolverse el paradero de los 101 millones de dólares y de los 52 millones de dólares que se utilizaron para pagar comisiones.
La comparecencia de Piqué ante la justicia todavía tendra que ser decidida por la Junta General de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
El canciller español se limitó a señalar ante periodistas que "sigo teniendo la misma conciencia tranquila que he tenido siempre y no tengo nada nuevo que añadir", y eludió responder si pensaba presentar su renuncia.