JUEVES Ť 21 Ť JUNIO Ť 2001
Orlando Delgado
El viejo Fobaproa y el nuevo IPAB
La venta de Banamex revivió el tema de la crisis bancaria de 1994-95 y de la intervención del gobierno priísta para mantener a flote el sistema de pagos; el "rescate bancario" permitió que los bancos limpiaran su cartera de las operaciones que pudieran tener dificultades para su cobranza, de manera destacada las que no se documentaron adecuadamente, por tratarse de financiamientos irregulares o por errores administrativos imputables a los nuevos administradores. En la cartera cedida al Fobaproa también se incluyeron créditos a empresas solventes que, tras el proceso de liberalización económica, perdieron viabilidad y fueron incapaces de cumplir con sus compromisos financieros.
La operación del Fobaproa fue notoriamente discrecional: desatendieron las normas que ellos establecieron, firmaron pagarés a los bancos con tasas de interés diferentes, aceptaron intercambios de cartera por capital fresco que no se cumplieron, no revisaron la situación de la cartera cedida, etcétera. Durante 1998 se ventilaron públicamente las irregularidades cometidas por los bancos privados, demostrándose que el Fobaproa operó como el plomero del sistema financiero y se cuestionó la honorabilidad de los funcionarios responsables.
El asunto rebasó los límites del Congreso de la Unión para convertirse en tema de discusión general, evidenciando que la privatización de los bancos resultó un rotundo fracaso. La salida al mayor escándalo financiero de la historia la construyeron los legisladores del PAN, a finales de 1998, creando un organismo que se propuso enterrar al Fobaproa manteniendo vivos sus pasivos y dándole cabal servicio, esto es, pagando puntualmente los intereses generados y las amortizaciones comprometidas: el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB.
Para dar cumplimiento a estas funciones, los legisladores del PAN y del PRI nombraron cuatro vocales y un secretario ejecutivo. Los cinco funcionarios tenían relación con la operación bancaria: el secretario ejecutivo, Vicente Corta, era el director general de Banca Múltiple de la Secretaría de Hacienda; los cuatro vocales habían sido funcionarios de algún banco privado, comisario en alguno de los bancos intervenidos y otro egresado del Banco de México: los cuatro resultaban cuestionables, pero se impuso la mayoría parlamentaria PRI-PAN y se constituyó la Junta de Gobierno del IPAB; de esta manera se buscó enterrar al Fobaproa para detener la denuncia de fraudes.
En 1999, la presión política obligó a que se realizara una auditoría al "rescate" bancario. Los resultados se entregaron en julio de ese año estableciendo conclusiones importantes: los bancos privados operaron en un ambiente de fraude, las autoridades financieras del país permitieron que los banqueros se alejaran de las "sanas prácticas bancarias", hubo operaciones irregulares (reportables) que debían regresarse a los bancos cedentes; Mackey mostró que la crisis bancaria pudo ser menor, que la intervención gubernamental fue tardía e inoportuna y que mantener vivos bancos quebrados fue más costoso que haberlos cerrado.
La campaña electoral del 2000 ventiló, de nueva cuenta, los temas bancarios. Las acusaciones al ahora Presidente de la República de estar en el Fobaproa fueron desestimadas por el electorado; incluso, la balandronada foxista de entregar una clave de acceso falsa a la información de Mackey se perdió. Lo que permaneció fue la necesidad de abrir toda la información al Legislativo, así como cumplir con lo planteado por el auditor canadiense: regresar las operaciones crediticias reportables a los bancos cedentes.
Este año el asunto Fobaproa-IPAB se había mantenido en un discreto silencio, pese a que el nuevo procurador fiscal advirtió que los vocales tenían un conflicto de interés, ya que habían enviado cartera al Fobaproa al cumplir con responsabilidades previas a su nombramiento en el IPAB. Las primeras planas de los medios impresos, otra vez, informan que los arreglos para reparar las cañerías no han sido eficaces: los temas siguen vivos y se han abierto nuevos, como la compensación entregada por el IPAB al Citibank para que aceptara el prepago del pagaré Fobaproa: un financiamiento a diez años por 28 mil 959 millones a una tasa de TIIE más 0.60 puntos. El Fobaproa está presente y lo estará hasta que se abra toda la información, se castigue a los culpables y los banqueros asuman parte de los costos antes de poder vender sus bancos.