Ť Negó Hacienda auditorías a intermediarias de donaciones; se podría apelar a la Cámara
Polémica en el IFE por gastos de campaña de Fox
Ť La secretaría aduce que el Código Fiscal
le prohíbe proporcionar información de ejercicios
Ť El caso, similar al de Banco Unión; la Corte
exigió entonces la entrega mediante una controversia
MIREYA CUELLAR
La decisión de la Secretaría de Hacienda
de no colaborar con el Instituto Federal Electoral en las pesquisas que
éste efectúa para determinar si el presidente Vicente Fox
recibió financiamiento ilegal durante su campaña ha provocado
una polémica interna en el órgano. Mientras algunos consejeros
quieren darle carpetazo a las denuncias, otros consideran que se deberían
buscar mecanismos para obligar al Ejecutivo a entregar la información.
El IFE solicitó a la Secretaría de Hacienda
auditorías a cuatro empresas señaladas en denuncias presentadas
por PRI y PRD como intermediarias entre los donantes nacionales y extranjeros
y las cuentas de la precampaña y los Amigos de Fox. Una de esas
empresas, Vegetales Frescos, es propiedad de los hermanos del Presidente,
y tres más son de Lino Korrodi, el encargado de las finanzas durante
la campaña.
Según la Secretaría de Hacienda, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación le prohíbe proporcionar información obtenida con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, salvo en procesos de orden penal.
En el IFE, consejeros como Jaime Cárdenas plantearán que se siga la vía de la Cámara de Diputados, la cual logró que la Suprema Corte obligara al presidente Ernesto Zedillo a entregar al Congreso la información sobre el Fobaproa.
En ese caso, el panista Carlos Medina Plascencia presentó un juicio de controversia constitucional mediante el cual consiguió que el jefe del Ejecutivo ordenara a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que requirieran a Banco Unión para que proporcionara información sobre los fideicomisos operados por dicha institución de crédito. El gobierno federal argumentaba que estaba impedido para hacerlo porque violaría el secreto fiduciario.
La Corte ?según el libro Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tomó datos de la Gaceta del Poder Judicial de agosto del 2000? determinó en aquella ocasión que la Cámara de Diputados está en presencia de un interés público al efectuar la revisión de la cuenta pública y la aprobación de la deuda pública; "por ello, el interés privado resguardado por el secreto fiduciario está supeditado al interés colectivo, que debe prevalecer en la Cámara de Diputados al ejercer sus facultades".
Una de las tesis de jurisprudencia que la Suprema Corte aprobó en razón de esa controversia fue que "el secreto fiduciario no es oponible a las facultades constitucionales que posee la Cámara de Diputados relativo a la revisión de la cuenta pública y el reconocimiento de la deuda pública".
Para el caso del IFE, el consejero Jaime Cárdenas, que es constitucionalista, está buscando los recursos legales que podría hacer valer la institución para obtener la información. Sin embargo, cualquier camino está supeditado a la opinión del consejero presidente, José Woldenberg, quien por ley tiene la representación jurídica de la institución.