JUEVES Ť 21 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Subrayan que es "altamente prioritario" abatir el costo fiscal del rescate bancario
El IPAB, "una bomba de tiempo para la economía nacional", advierten panistas
Ť Proponen que se cite al consultor Mackey para que concluya auditorías sobre Fobaproa
Ť Apoyar el salvamento no equivale a dejar de investigar los probables fraudes, señalan
CIRO PEREZ SILVA
La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió ayer una propuesta panista para reabrir el proceso de investigación al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a efecto de retomar una tarea inconclusa "que puede representar, sin temor a equivocación, una bomba de tiempo para la economía nacional".
La propuesta incluye citar al consultor canadiense Michael Mackey para que concluya las auditorías pendientes a las operaciones del Fobaproa y revisar la información referente a Banca Unión, donde radican los fideicomisos que sirvieron para financiar las campañas políticas de Roberto Madrazo Pintado y Ernesto Zedillo Ponce de León.
En la exposición de motivos, los legisladores del PAN, que junto con el PRD y el PT hacen una mayoría de 16 frente a 13 priístas, advierten que resulta altamente prioritario abatir el costo fiscal del IPAB tanto como sea posible, para evitar a toda costa la especulación y el subsidio financiero que resulta ofensivo para las grandes necesidades del país.
"Apoyar el rescate bancario para después investigar no quiere decir, de ninguna manera, que los fraudes o las operaciones y actividades ilícitas cometidas por los deudores, los altos ejecutivos o los accionistas de los bancos en colusión con las autoridades financieras en la supervisión y regulación no deben ser investigados, sino más bien, llegado a comprobarse, proceder a fincar las responsabilidades correspondientes. Esa es la responsabilidad de la actual Legislatura", se plantea en el documento presentado por el panista José María Núñez Murillo y firmado por nueve de los 12 legisladores del blanquiazul que forman parte de la Comisión de Vigilancia.
El punto de acuerdo que se puso a consideración de este grupo de trabajo demanda convocar a una sesión especial en el seno de la comisión para proceder a retomar el asunto Fobaproa-IPAB, para dar cumplimiento a las observaciones y recomendaciones de la Comisión para Investigar el Funcionamiento del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (CIFIPAB).
Que la Comisión de Vigilancia proceda a solicitar y obtener la información referente a Banca Unión, que fue materia de la controversia constitucional planteada contra el Poder Ejecutivo -que se negó, en su momento, a proporcionar los documentos de los fideicomisos del PRI- para inmediatamente trabajar en su análisis y estudio.
Proponen también citar al consultor Michael Mackey para que concluya las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados, dándole todas las facilidades de acceso a la información que requiera y necesite para concluir su trabajo, a efecto de que entregue posteriormente la lista nominal y desagregada de las operaciones reportables.
"En conclusión, se considera que la 57 Legislatura, consciente de su legado histórico y del trabajo que le corresponde afrontar, deberá dar prioridad a la ate
nción de este punto de acuerdo, sin esperar a que asuntos de interés nacional se vayan presentando al azar, como es la actual situación coyuntural de la venta del Banco Nacional de México (Banamex) al Citigroup y otros que puedan acaecer", se destaca en el texto.
En la exposición de motivos se recuerda que en el informe que rindió en agosto pasado la CIFIPAB se presentan 15 observaciones y 27 recomendaciones, que de no ser atendidas por la presente Legislatura se complicaría aún más la tarea nada fácil del rescate bancario con miras de largo plazo.
Por cuanto a las observaciones la CIFIPAB indica que existe un manejo poco trasparente en la banca intervenida; que el IPAB no cuenta con un inventario y control real de los activos que tienen dichas instituciones; que el origen de lo anterior radica en la actitud negligente y sospechosa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha asumido.
Por consecuencia, el IPAB tiene limitaciones para asumir el control y la administración de los bancos interve-nidos, además de que según el infor- me de Mackey existe en México un número relativamente pequeño de grupos económicos -aproximadamente diez o 12- que son responsables de una parte muy importante de la actividad económica.
En el texto se precisa que estos grupos adeudan cantidades importantes a los bancos que participan en los programas del Fobaproa. Se menciona que los despachos contratados han clasificado créditos otorgados a estos grupos como de dudosa credibilidad y es posible que ocasionen costos para el Fobaproa.
Más de 18 mil créditos encapsulados
Otras de las observaciones es que la información nominal entregada por el auditor Mackey no cumplió con los términos del contrato, en virtud de que presenta más de 18 mil créditos encapsulados, es decir, sin especificar la razón social o el nombre de los acreditados. Asimismo el auditor canadiense no se declaró sobre la legalidad o ilegalidad de las operaciones que calificó como reportables, omisiones que ha tomado como argumentos el IPAB para no realizar investigación alguna de los créditos.
"Dada la inexistencia de la auditoria exigida por la Ley de IPAB y la indisposición del instituto para revisar los créditos reportables, se está ante el riesgo inminente de que casi ninguna operación crediticia del programa de capitalización y compra de cartera sea devuelta, canjeada o sustituida y, por tanto, para efectos prácticos, la reducción del costo fiscal por esta vía es prácticamente nula", se advierte en el punto de acuerdo.
Al referirse a las recomendaciones, destaca diez de ellas, entre otras, que la 58 Legislatura continúe con los trabajos de investigación del funcionamiento del IPAB e incluya en su agenda de trabajo el análisis completo y detallado de las transacciones reportables del informe Mackey, así como las conclusiones de la presente comisión.
En relación con las irregularidades detectadas, el IPAB debe ejercer de inmediato las acciones que procedan y deslindar las responsabilidades legales a que haya lugar, además de exigir al auditor Mackey la entrega completa de la lista nominal y desagregada de operaciones reportables.
Modificar el marco jurídico conforme al cual el IPAB realiza la recuperación de los bienes, de tal forma que se logre una mayor recuperación en el menor tiempo posible y que el instituto requiera a los bancos información sobre la recuperación obtenida y las acciones emprendidas sobre los créditos reportados en el informe Mackey.
Que en el nuevo esquema de capitalización se revisen los rendimientos que otorgan los pagarés de compra de cartera suscritos por el Fobaproa y a los que el IPAB les da servicio, para que dejen de ser un mecanismo de subsidio financiero encubierto al sistema bancario.
Respecto de la indiferencia mostrada por la CNBV a los requerimientos del IPAB, debe promoverse que el instituto ejerza las medidas legales a fin de que se finquen las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales que procedan a los servidores públicos que hayan incurrido en negligencia, entre otros.
Se adelantó que esta propuesta de punto de acuerdo cuenta con el apoyo de los tres diputados que forman parte de la Comisión de Vigilancia, así como del diputado del PT, previéndose que estos 16 votos sean suficientes para aprobar la propuesta aun cuando el PRI con sus 13 legisladores se opusiera.