Ť ONG rechazan el estado de alerta y advierten sobre abusos de las fuerzas de seguridad
Suspenden garantías individuales en Guatemala tras la fuga de 65 reos considerados peligrosos
DPA, AFP Y AP
Guatemala, 19 de junio. El gobierno de Guatemala suspendió algunas garantías constitucionales al decretar el estado de alarma en todo el país por 30 días, tras la fuga el domingo de 78 peligrosos reos, de los cuales 15 ya habían sido recapturados y entre ellos al menos dos murieron al enfrentarse a la policía.
El director de la policía, Ennio Rivera, dijo que
65 reos seguían prófugos luego de evadirse de una cárcel
de alta seguridad de Escuintla, en una acción en la que huyeron
a plena luz del día portando ametralladoras AK-47, subametralladoras
y granadas, por lo que se presume hayan recibido ayuda de autoridades del
penal.
El estado de alarma, emitido en la noche del lunes por
el presidente Alfonso Portillo, restringe garantías constitucionales
comprendidas en los artículos 5, 6, 9 y 26 de la carta magna, referidas
a la libertad de acción, detención legal, interrogatorio
de presos y detenidos, así como libertad de locomoción, reunión
y manifestación.
"Es un decreto firmado por el presidente Portillo que restringe cuatro garantías constitucionales", indicó el secretario general de la Presidencia, Luis Mijangos. Afirmó que de esta manera se busca facilitar la recaptura de los reos, que son buscados por unos mil 300 efectivos de la policía y el ejército.
El funcionario dijo que el decreto entró en vigencia a partir de este martes, aun cuando reconoció que deberá ser ratificado o rechazado por el Congreso en un plazo no mayor de tres días. De este modo, añadió, se trata de dar libertad a la fuerza pública para detener, interrogar o consignar sin orden de un juez competente.
No obstante, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de oposición rechazaron la suspensión de garantías constitucionales, al temer que podrían cometerse abusos en detrimento de algunos derechos de los ciudadanos como el de manifestación, entre otros, o que se pretenda hostigar a opositores.
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, advirtió a su vez sobre posibles desmanes de las fuerzas de seguridad a raíz del estado de alarma.
La cúpula empresarial guatemalteca calificó la fuga de los reos como un "grave golpe a la institucionalidad, la legalidad y la autoridad en el país", al tiempo que los gobiernos de El Salvador y Costa Rica alertaron y reforzaron la seguridad en los puestos fronterizos, considerando la alta peligrosidad de los presos fugados.
En otro orden, el papa Juan Pablo II nombró al prelado guatemalteco Rodolfo Quesada Toruño, ex negociador del proceso de paz en el país centroamericano, como nuevo arzobispo de Guatemala en sustitución del Próspero Penados del Barrio, quien optó por renunciar por su avanzada edad tras cumplir 75 años.