MIERCOLES Ť 20 Ť JUNIO Ť 2001

MEXICO S.A.

Carlos Fernández-Vega

HACE UNOS CUANTOS días, las partes involucradas se pronunciaron, pública y decididamente, a favor: Comisión Permanente del Congreso de la Unión, gobierno federal, banqueros y, desde luego, los encargados de pagar la factura, dijeron "adelante, que se resuelva, que se abra". Pero si están de acuerdo, Ƒpor qué aplazar, de nueva cuenta, la apertura total del expediente Fobaproa?

NADIE SABE, nadie supo, pero el hecho es que la pausada Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se dio dos semanas más para decidir si se abre o no el disco compacto resultante de la auditoria que en 1999 Michael Mackey practicó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y resolver si la información que contiene se hace pública o se mantiene en el cajón.

ANTES QUE ESO suceda, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, encabezada por la tricolor Beatriz Paredes, se reunirán con el auditor fiscal de la Federación, Gregorio Guerrero Pozas, el 25 de junio, y con el secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Julio César Méndez Rubio, entre el 2 y el 4 de julio, quienes deberán proporcionar información abundante y detallada sobre el "rescate" bancario realizado por el Fobaproa, especialmente la relativa a los créditos reportables. Mientras eso sucede, el disco compacto que contiene la auditoría del canadiense Mackey se mantendrá en el archivo de los injustos.

SIN EMBARGO, Mario di Costanzo, quien fuera secretario técnico de la disuelta Comisión para Investigar el funcionamiento del IPAB, sostuvo (La Jornada, Ciro Pérez Silva) que "el disco que contiene las listas desagregadas y nominales de créditos reportables del Fobaproa, no sólo fue abierto hace más de un año, sino que la información es pública; lo que procede ahora es obligar al IPAB a regresar a los bancos las más de 17 mil 700 operaciones reportables por un monto de 88 mil millones de pesos, para que sean las instituciones bancarias las que asuman el costo de las mismas". Si la aseveración es correcta, entonces el panorama se ensombrece aún más: hace más de un año que la información se conoce y ninguna instancia legal ha actuado en consecuencia.

CIERTO ES QUE se han difundido diferentes documentos oficiales, así como nombres de empresas y accionistas involucrados en situaciones nada transparentes en el proceso de "salvamento" del Fobaproa, pero también lo es que la autoridad no ha actuado en consecuencia, incluso para desmentir -si fuera el caso- la autenticidad de esa información.

ENTRE ESOS NOMBRES y apellidos aparecen, por citar sólo unos cuantos, Protexa (Javier Lobo Morales), Estrella Blanca, DINA, MASA (Raymundo Gómez Flores), K2 (Olegario Vázquez Raña), IUSA (Carlos Peralta), Grupo Mexicano de Desarrollo (familia Ballesteros Franco), Infomin (Alfredo Miguel Afif), Tribasa (David Peñalosa), Olimex (Carlos Olimón Meras), GUSTA (de la familia Gutiérrez Cortina), Calzado Canadá (Sandra López Benavides), Consorcio Industrial Escorpión (Enrique Molina Sobrino) y Aeroexo (Alejandro Morales Mega), sin olvidar que en la relación se registran apellidos como Legorreta, Chedraui, Cabal Peniche, Fox Quesada, Labastida Ochoa, Madariaga Lomelín, Santos de Hoyos, Sánchez Navarro, Gallardo Thurlow y tantos otros.

NO HAY QUE olvidar que muchos de esos consorcios y sus propietarios también aparecieron como beneficiarios en la exclusiva lista de ganadores del crack bursátil de 1987 (cuando 350 mil inversionistas fueron desplumados y unos cuantos incrementaron sustancialmente sus ya de por sí generosas fortunas, en lo que Miguel de la Madrid calificó de "codicia colectiva"), en la del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca, que entre 1983 y 1988 subsidió con dólares baratos a las grandes empresas y empresarios del país y, que por cierto, dirigió Ernesto Zedillo), en los jugosos negocios del salinato y en el "asalto a la nación" en que se convirtió la especulación con Tesobonos en 1994, que le costó al país alrededor de 30 mil millones de dólares, por citar sólo algunos ataques al erario nacional.

MIENTRAS LOS legisladores mantienen su posición de deshojar la margarita y posponen la toma de decisiones, el "rescate" bancario sigue costando dinero, y mucho.

EN VIA DE mientras, el IPAB continúa cubriendo puntualmente los generosos intereses de los pagarés en poder de las instituciones financieras "rescatadas" y emitiendo bonos de protección al ahorro, con el Banco de México como agente financiero.

ENTRE ENERO DE 2000 y mayo del presente año, el heredero del Fobaproa ha puesto en circulación 21 emisiones de dichos valores gubernamentales (cada una de ellas con vencimiento a tres años), por un monto de 110 mil 560 millones de pesos. Para cubrir los intereses generados por estos títulos, a la fecha han salido del erario nacional 11 mil 586.54 millones de pesos. Y mañana, 21 de junio, se pagará una nueva ronda.

DE ACUERDO CON el IPAB, las emisiones de dichos bonos se realizarán "con el único objeto de canjear o refinanciar sus obligaciones financieras a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones" (Se respeta sintaxis).

Las rebanadas del pastel:

LENTO, PERO SEGURO, y tras seis largos meses de no saber cómo justificarlo, el gobierno del cambio, por fin, encontró la fórmula idónea para sustentar su nombre: cambió toallas, sábanas, manteles, cortinas, vajillas, camas, colchones y demás menaje de casa en la residencia oficial de Los Pinos. Y lo hizo mediante la modesta inversión de 4 millones de pesos -desde luego provenientes del erario público-, que orientó a la adquisición, entre otras cosas, de toallas "con bordado especial", sábanas "wamsuta color blanco", vajillas "elegante modelo Bavaria" y "de diario Tulipán" y otras bellezas que muestran el refinado gusto imperante entre los nuevos inquilinos de la ex hacienda de La Hormiga (esto es, la casa presidencial). Los dineros destinados al cambio, equivalen a 8 mil microcréditos de a 500 pesotes (nivel inferior) para los changarros, o 133 empréstitos de a 30 mil (nivel superior), si se prefiere, al ingreso mensual de 3 mil 334 trabajadores de salario mínimo... Y hablando de desvío de recursos y de instituciones financieras, en otras partes también se cuecen habas: en Costa Rica el ex banquero Carlos Hernán Robles fue hallado inicialmente culpable del delito de nueve peculados, en el juicio por la quiebra y cierre del Banco Anglo, el mayor escándalo financiero en la historia de ese país. De acuerdo con un despacho de Notimex, Robles está acusado de 17 peculados y la Fiscalía pidió hace varios meses una condena de 180 años de prisión. La pena máxima en Costa Rica son 50 años. Es muy posible que la próxima semana los jueces den a conocer la sentencia. Sin embargo, los principales implicados en el escándalo, los hermanos chilenos José Luis y Mariano López, huyeron de Costa Rica hacia su país a finales de 1999 y la Corte Suprema de Chile, donde viven, rechazó un pedido de extradición. Están pendientes de juicio otros seis expedientes relacionados con sobre giros, fraudes de simulación y créditos irregulares que llevaron al cierre del Banco Anglo, que en total registró pérdidas por unos 100 millones de dólares. El Tribunal de Juicio de San José declaró culpable a Robles en el primer día de lectura de los casi 6 mil folios de los considerandos del juicio, que inició en 1997 y en el cual son juzgados otros siete ex directivos de la entidad bancaria, que cerró en 1994. Robles, ex gerente general, es acusado por el descalabro financiero del Anglo que reportó pérdidas por 54 millones de dólares por las riesgosas inversiones en títulos de la deuda externa de Venezuela y de Brasil y otras operaciones. Las transacciones, prohibidas por la ley pero aprobadas por la junta directiva del Anglo, fueron realizadas a través de empresas cuyos propietarios eran los hermanos López, quienes llegaron al país luego del golpe de Estado en Chile, en septiembre de 1973. Anglo compró títulos de deuda externa por 322 millones de dólares a través de la empresa Ariana Trading and Finance (ATF), propiedad de los López, a quienes pagaron un sobre precio de 2.8 millones de dólares por esos títulos, revelan las investigaciones... Cualquier similitud con la banca mexicana, no puede ser coincidencia...

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