MIERCOLES Ť 20 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Le inyectaron las mismas sustancias que a McVeigh

Ejecutaron en EU a Juan Raúl Garza, reo de origen mexicano

Ť Hasta el último momento se esperó el perdón del gobierno

Ť Narcotraficante y homicida, se arrepintió del dolor causado

REUTERS

Terre Haute, EU, 19 de junio. El narcotraficante y homicida convicto Juan Raúl Garza, ciudadano estadunidense de origen mexicano, fue ejecutado el martes al amanecer en el mismo lugar y con la misma clase de sustancias químicas utilizadas para dar muerte al autor del atentado de Oklahoma, Timothy McVeigh.

"Sólo quiero decir que lo lamento y pido perdón por todo el dolor y pena que he causado. Pido que me perdonen y la bendición de Dios", dijo Garza, de 44 años, poco antes de que las drogas fueran inyectadas a su cuerpo. Fue declarado muerto a las 7:09 hora local, dijo Harley Lappin, director de la penitenciaría estadunidense, cerca de Terre Haute.

Unos 90 minutos antes de la ejecución, Garza se reunió con un sacerdote católico por aproximadamente media hora. El convicto pidió como su última comida bistec con papas fritas y un refresco, dijo el funcionario.

Lappin indicó que el reo de origen mexicano cooperó en todas las etapas del proceso, y perdió sus apelaciones finales a la Corte Suprema y al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien rechazó su petición de clemencia. Garza admitió su culpabilidad, pero dijo que era un hombre cambiado y esperaba una sentencia reducida a cadena perpetua sin derecho a libertad bajo palabra. Al igual que en el caso de McVeigh, las autoridades de la prisión mantuvieron una línea telefónica abierta con el Departamento de Justicia en las horas finales antes de la ejecución, para el caso de una suspensión de último minuto.

Aparte de que la ejecución de Garza se llevó a cabo ocho días después de la de McVeigh y fue apenas la segunda por parte del gobierno federal en casi cuatro décadas, los dos hombres y sus delitos tenían poco en común.

McVeigh fue declarado culpable por el atentado de 1995 que causó la muerte de 168 personas, el peor acto de terrorismo jamás cometido en territorio estadunidense. Murió sin arrepentirse, con un pequeño ejército de periodistas siguiendo cada detalle de sus últimas horas en prisión y sus minutos finales en la cámara de ejecuciones.

Garza, líder de una red de contrabando de mariguana con sede en Texas, fue sentenciado a la pena capital por un asesinato relacionado con el narcotráfico y por ordenar la muerte de otras dos personas.

Los fiscales del proceso lo describieron como un líder cruel, dictatorial, que no dudaba en eliminar a sus rivales o presuntos traidores, pero sus crímenes atrajeron poca atención fuera de la región fronteriza de Texas, cerca de Brownsville, donde creció.

La ejecución de Garza había sido pospuesta en dos ocasiones, la más reciente por el entonces presidente Bill Clinton, quien ordenó una investigación federal sobre el presuntamente desproporcionado número de reclusos de minorías sentenciados a muerte.

Según el procurador general, John Ashcroft, la investigación reveló que no existe tal disparidad.

Se violó tratado de la OEA en el juicio, afirman abogados

Los abogados del reo de origen mexicano alegaron que la fase de sentencia de su juicio violó un tratado de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre derechos humanos. "Estados Unidos se arriesga a perder su posición como miembro pleno de la OEA y como líder de los derechos humanos si rechaza sus obligaciones de atenerse al gobierno del derecho internacional y no hace honor a los tratados suscritos", dijeron en una carta. También advirtieron que la ejecución de Garza "podría tener consecuencias futuras adversas en las relaciones con el gobierno mexicano", porque ese país no habría accedido a extraditarlo si hubiera sabido que enfrentaba la pena de muerte.

Aunque no intervino en el caso de Garza, el gobierno de Fox hizo recientemente gestiones en favor de Gerardo Valdez Mota, sentenciado a muerte en Oklahoma. El gobernador de esa entidad estadunidense, Frank Keating, resolvió el sábado pasado postergar la ejecución por 30 días, a petición del presidente de México.