MIERCOLES Ť 20 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Se abocaría a aclarar estos hechos y castigar a los culpables, señalan

Piden familiares y amigos de desaparecidos políticos crear una comisión de la verdad

Ť En México hay mil 300 casos registrados; tan sólo en Guerrero, el número llega a 650

Ť Cuestionan las recientes reformas al Código Penal, porque promueven la ''impunidad''

VICTOR BALLINAS

Familiares, amigos y compañeros de desaparecidos políticos demandaron ayer la creación de una comisión de la verdad que aclare estos hechos y castigue a los responsables de los asesinatos del pasado, los casos de tortura y de los mil 300 desaparecidos registrados en el país. ''Tan sólo en Guerrero, se documentan 650 personas desaparecidas'', dijeron.

Graciela Mijares, Enrique González Ruiz, ex rector de la Universidad de Guerrero; Julio Mata, Guillermo Reyes y David Cilia Olmos, ex integrante de la Liga 23 de Septiembre, señalaron en conferencia de prensa que las reformas al Código Penal que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el primero de junio ''dan impunidad a los perpetradores de masacres, asesinatos y desapariciones forzadas. No estamos de acuerdo con esas reformas, que vienen a ser algo así como las leyes de Punto Final, en Argentina, que no sancionan a los responsables de crímenes de lesa humanidad''.

Algunos de ellos son integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), organización que -aseguraron- ha presentado en la Procuraduría General de la República 120 denuncias de desaparecidos. Todas fueron ya ratificadas, por lo tanto, ''miente la PGR cuando dice que no hay denuncias contra el general Arturo Acosta Chaparro por tortura y desaparición''.

Denunciar, largo y tortuoso camino

Julio Mata insistió: ''Incluso, el (agente del) Ministerio Público federal de la PGR, Jaime Hernández, nos dijo que esa institución va a solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional informes de la estructura militar en la época de la guerra sucia en el país, (durante) las décadas de los 60 y 70''.

Añadió: ''Cuesta mucho trabajo que los denunciantes vengan desde Atoyac, Guerrero, a la procuraduría en el Distrito Federal, a presentar sus denuncias, y luego esta dependencia envíe a Acapulco los expedientes para que sean ratificadas las denuncias, o en su defecto, algún Ministerio Público vaya a Atoyac, donde hay que hacer esperar a la gente para que se le atienda. A pesar de ese tortuoso camino, las 120 denuncias están ratificadas''.

Aunque las denuncias ya han sido presentadas y ratificadas, ''dudamos que se vaya a hacer justicia en el caso de nuestros familiares, compañeros y amigos desaparecidos. Mientras un general esté al frente de la PGR, lo que va a hacer es proteger a los militares que torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas'', aseveraron.

''Si no encontramos justicia por parte de las autoridades, porque en este nuevo gobierno no vemos cambio alguno, ya que son iguales o incluso peores que los gobiernos priístas, recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a todos los organismos internacionales que tengamos que acudir para que presenten con vida a nuestros familiares y amigos'', señalaron.

En el país -demandaron- es necesaria la creación de una comisión de la verdad que aclare el pasado y lleve ante la justicia a los responsables de los crímenes, masacres, torturas y desapariciones del pasado. ''Dicha comisión debe precisar que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad imprescriptible, para que no haya duda de que se hará justicia'', aseveraron.

Además, resaltó González, esa comisión deberá tipificar los delitos múltiples y contar con mecanismos para que cuando los familiares presenten denuncias sobre desaparecidos se les proteja, y no ocurra como en el pasado, que cuando un pariente se atrevía a hacer una denuncia, también era desaparecido''.

Responsabilizaron a los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, pues cuando ellos gobernaron el país ocurrieron las mil 300 desapariciones documentadas; incluso, el actual mandatario, Vicente Fox, tiene la responsabilidad de aclarar el pasado y, si no lo hace, estará encubriendo los crímenes.

Resaltaron que ''las reformas al Código Penal, que no sirven para castigar a los asesinos del pasado, torturados y a quienes desaparecieron personas, se pueden comparar a los acuerdos de los senadores Manuel Bartlett y Diego Fernández de Cevallos, quienes mutilaron la llamada ley Cocopa''.

Además, dijeron, ''cuando denunciamos el cementerio clandestino en Atoyac, y pedimos que fueran a analizar los restos, nos sorprendió que la Procuraduría General de la República llegara acompañada de un medio informativo de televisión. ƑPor qué sólo llevaron a ese medio? ƑPor qué no invitaron a los demás medios de comunicación? ƑQué querían ocultar? Porque, en efecto, ellos se llevaron los huesos encontrados, pero nadie nos dice que los que se analizaron fueron los que se llevaron de aquí. Pudieron haberlos cambiado, eso sólo ellos lo saben, por eso nosotros tenemos nuestras dudas. No les creemos''.