MARTES Ť 19 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Autoridades de Miguel Hidalgo sí solicitaron un millón de pesos, dijo en diligencia

Declara testigo sobre donativo solicitado para abrir antro

BERTHA TERESA RAMIREZ

Eduardo Francisco Porraz Reynoso, segundo testigo en el caso de la averiguación 9/51, iniciada por los propietarios del centro nocturno Limelite en contra del jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen Haag, así como contra Ismael Padilla y José Cervantes Castro, ex funcionario de esa demarcación, compareció ante la Fiscalía Especial para Servidores Públicos de la PGJDF, en donde declaró que "él tuvo conocimiento de la solicitud de un millón de pesos a los dueños del Limelite para levantar los sellos y otorgar licencia para un nuevo negocio".

Durante la diligencia, Porraz Reynoso dijo que "le consta tanto la clausura que se dio al establecimiento el 12 de octubre del año pasado, así como todos los intentos del levantamiento de la clausura y los trámites que llevó a cabo Alejandro González Montes en su carácter de presidente del consejo de administración de la empresa Música y Ritmo, que es la administradora del centro de espectáculos Limelite".

Refirió que todas las veces que lo acompañó fue atendido con evasivas por parte de José Cervantes Castro e Ismael Padilla, lo que motivó que a mediados de noviembre, aprovechando un miércoles ciudadano, se entrevistaran con el delegado Arne aus den Ruthen Haag, "quien les manifestó que mientras estuviera como jefe delegacional no les iba a otorgar absolutamente ninguna licencia, aunque se formaran todos los miércoles, lo que motivó que Martha González Montes entrara al relevo de las acciones realizadas por su hermano, con el objetivo de obtener el levantamiento de los sellos y el otorgamiento de la licencia".

Porraz Reynoso, amigo de la familia Montes González, "es testigo presencial de la solicitud del millón de pesos que hicieron los funcionarios como condición para levantar los sellos y otorgar licencia para una nuevo negocio a la señora Martha González Montes", reiteró el abogado de los empresarios, Gabriel Regino.

Tras la declaración del segundo testigo, el Ministerio Público tendrá que citar a Ismael Padilla, José Cervantes Castro y Arne aus den Ruthen, quien por su cargo no podrá comparecer mediante oficio ya que la Constitución General de la República establece que sólo podrán declarar por oficio o en sus oficinas altos funcionarios de la Federación.

Agregó que en este caso estará a prueba la aplicación de la ley, "y no la cuestión política que es la que quiere entender Aus den Ruthen, por más cargo que tenga o por más apoyo del partido político en el poder, tendrá que responder ante un juez, donde tendrá la oportunidad de defenderse absolutamente de todo".