José Blanco
Comisión de la verdad
La impunidad de poderosos ha sido una constante a lo largo de la historia independiente de México. Y donde hay impunidad no hay ni puede haber Estado de derecho. No sólo porque la legalidad es evadida por el poder de algunos para determinadas situaciones o casos, sino porque donde hay impunidad de poderosos el conjunto de la población es invitado si no impulsado a buscar estilos de vida y formas de relación social al margen de la ley, cada vez que ésta resulte adversa o aun incómoda. En esa circunstancia el Estado de derecho se vuelve utopía, en el sentido seco que su inventor -Tomás Moro- diera a esa palabra: lugar inexistente, ilusión irrealizable.
"La ley se hizo para ser violada", se dice, desde hace mucho tiempo, cínicamente, en México. Y sin embargo, hace tiempo también que en la sociedad mexicana crece el reclamo por la vigencia del Estado de derecho. Cada vez es más claro, para la experiencia cotidiana en todas las esferas de la vida social, que atenernos a las disposiciones jurídicas no puede sino acarrearnos a todos la mayor conveniencia social, el menor costo, el camino más llano hacia una vida crecientemente civilizada.
Los accesos hacia la vigencia de un Estado de derecho son diversos. Uno decisivo es, sin duda, la reforma profunda del Poder Judicial: el aumento sustantivo de sus recursos materiales, jurídicos y organizacionales; el refuerzo efectivo de su autonomía; la formalización rigurosa del ejercicio profesional de los abogados, abarcando en ello su formación académica; los nombramientos de jueces y magistrados mediante su procesamiento al interior mismo del Poder Judicial, asegurando su real inamovilidad; la carrera reglamentada de todos los funcionarios de este poder; la reubicación de las funciones de ministerio público en el Poder Judicial; la revisión de los muchos actuales tribunales del Poder Ejecutivo (fiscal, agrario, juntas de conciliación) y su correcta reubicación judicial son, entre otras, reformas que han sido propuestas en los últimos años.
Esos pertrechos, bien concebidos y realizados, redundarían en un dique efectivo contra la impunidad. Pero la importancia mayúscula de ese proyecto de reforma del Poder Judicial debe nacer y ser desplegado con la más amplia credibilidad y legitimidad sociales. Sin esas prendas, la reforma nacerá sin la fuerza que requiere ese poder de la Federación para afincarse en la sociedad y ejercer en toda la extensión de sus significados los contenidos de esa expresión: Poder Judicial.
No debería haber ninguna duda de la relación entre la configuración de esa credibilidad y legitimidad, y el esclarecimiento de la verdad histórica de los actos impunes que han agraviado a la sociedad en el pasado reciente. Esa debería ser entonces la tarea expresa encomendada a una comisión de la verdad: ser un medio determinante de la legitimidad de una reforma del Poder Judicial que busque, entre otros objetivos superiores, eliminar la posibilidad futura de actos impunes por los poderosos.
En otros términos: una comisión de la verdad producto de los más que explicables impulsos de venganza que privan en los espacios políticos que reclaman su conformación y su actuación, sería social y políticamente contraproducente. Aclarar el pasado para empeorar la convivencia del futuro sería una necedad de bárbaros. Requerimos que todo acto violatorio de la ley, cuya sanción aún no haya prescrito, sea esclarecido por los procesos legales y castigado conforme a derecho a los culpables; para evitar que el cúmulo de los actos impunes siga aumentando. Tal es el caso de los actos delictuosos relacionados con el Fobaproa-IPAB. tal es el caso de los actos de corrupción de funcionarios de gobiernos recientes que sean detectados. Tal es el caso de crímenes diversos que aún no han sido resueltos. La comisión de la verdad debería ser creada exclusivamente para aclarar el pasado de lo legalmente prescrito. Para poner sobre la mesa la verdad histórica, hasta donde ésta puede ser efectivamente aclarada. Para señalar a los responsables. Para que la historia los registre cabalmente.
Pero en todo ello hay una necesidad política ineludible: que todas las fuerzas actuales organizadas acepten establecer que el señalamiento de responsables por la comisión de la verdad no culpabiliza, no incrimina, ni podría hacerlo, al Partido Revolucionario Institucional como tal, si no precisa y únicamente a los individuos finalmente señalados. Es parte fundamental de hacer del esclarecimiento del pasado un acto social y políticamente fructífero con miras al futuro. Es, de otra parte, la vía por la cual el PRI actual, en proceso incierto de recomposición, puede colaborar con la sociedad y la superación de sus agravios, puede contribuir a la urgente necesidad de construir un futuro civilizado para la nación.